La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó el jueves una demanda contra el fiscal general William Barr, y otros funcionarios federales exigiendo que retrasen la ejecución federal de Wesley Purkey, un preso confinado al corredor de la muerte, para proteger la salud de su sacerdote budista durante la pandemia.
La demanda fue presentada en nombre de un sacerdote budista, el reverendo Seigen Hartkemeyer, que había ministrado a Purkey durante once años. Hartkemeyer está obligado religiosamente a asistir a la ejecución de Purkey, que está prevista para el 15 de julio, pero argumenta que al hacerlo, correría el riesgo de contraer el virus del PCCh (Partido Comunista Chino).
Hartkemeyer, de 68 años de edad y con enfermedades pulmonares, ha sido designado como testigo de la ejecución de Purkey, lo que requiere que esté presente en la prisión donde se llevará a cabo la ejecución. En la demanda se alega que la la ejecución de Purkey programada por el Gobierno federal en tal momento y lugar no puede garantizar la seguridad de las personas con derecho a estar presentes en la ejecución, violando el derecho de Hartkemeyer al libre ejercicio de su religión.
«El reverendo Hartkemeyer debe decidir si arriesga su propia vida para ejercer su obligación religiosa de estar presente en la ejecución del Sr. Purkey», argumenta la denuncia (pdf).
Los abogados de Hartkemeyer piden a la corte que bloquee temporalmente la ejecución y obligue al gobierno a posponer la ejecución de Purkey hasta que se pueda llevar a cabo sin que ello suponga una carga para los derechos del sacerdote budista.
«No debería tener que arriesgar mi salud y mi vida para cumplir con mis sagrados deberes sacerdotales. Debemos preguntarnos cuánto estamos dispuestos a sacrificar para que el gobierno perpetúe un ciclo de asesinatos», dijo Hartkemeyer en un comunicado.
Heather Weaver, abogada del Programa de Libertad de Religión y Creencias de la ACLU, dijo en un comunicado que cree que «no hay razón para reanudar las ejecuciones federales durante una pandemia, especialmente cuando eso impediría a un sacerdote cumplir sus compromisos religiosos con un hombre que está a punto de perder la vida».
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a la petición de The Epoch Times de comentar acerca de la demanda.
La ejecución de Purkey es la segunda de las tres ejecuciones federales programadas para este mes. Fue condenado por violar y asesinar a una chica de 16 años y golpear a una mujer de 80 años hasta la muerte. Su ejecución es una de las primeras ejecuciones federales anunciadas después de que Barr anunciara en julio de 2019 que reanudarían las ejecuciones federales tras un paréntesis de casi 20 años.
El 29 de junio, la Corte Suprema se negó a revisar una impugnación presentada por varios condenados a muerte, en la que se pedía a los jueces que aclaren la ley sobre la forma en que el gobierno lleva a cabo las ejecuciones federales. Los cuatro reclusos —Daniel Lewis Lee, Dustin Lee Honken, Keith Dwayne Nelson y Purkey— quienes fueron condenados por el asesinato de niños, argumentaron que sus inyecciones letales programadas violarían la Ley Federal de la Pena de Muerte de 1994, que exige que las ejecuciones se lleven a cabo «en la forma prescrita por la ley del estado en que se imponga la sentencia».
Cuando Barr anunció que el departamento iba a reanudar la ejecución federal, también dijo que el departamento estaba reemplazando un procedimiento de tres fármacos que se había utilizado en las ejecuciones federales con un solo fármaco, el pentobarbital.
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