El gobierno de Biden se enfrenta a múltiples demandas —incluidas las del mayor grupo de presión empresarial del país— por una nueva prohibición federal de la gran mayoría de los acuerdos de no competencia de los trabajadores que, según los grupos, perjudica a la economía y sienta un peligroso precedente de extralimitación gubernamental.
Las demandas se producen en respuesta a la votación por 3-2 de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) el 23 de abril para adoptar una prohibición casi total de los acuerdos de no competencia, que son acuerdos firmados por los empleados que les impiden unirse a rivales o poner en marcha empresas competidoras.
«Esta decisión sienta un peligroso precedente para el exceso de control gubernamental de las empresas y puede perjudicar a los empresarios, a los trabajadores y a nuestra economía», ha declarado Suzanne Clark, presidenta y presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de EE. UU., que presentó su demanda el 23 de abril ante una corte de Texas, con el fin de anular la prohibición casi total de los acuerdos de no competencia impuesta por la FTC.
La recién anunciada norma final de la FTC califica estos acuerdos de «método desleal de competencia», alegando que la prohibición aumentará los ingresos de los trabajadores en hasta 488,000 millones de dólares durante la próxima década y propiciará la creación de más de 8500 nuevas empresas cada año.
«Las cláusulas de no competencia mantienen los salarios bajos, suprimen las nuevas ideas y roban dinamismo a la economía estadounidense, incluidas las más de 8500 nuevas empresas que se crearían al año una vez prohibidas las cláusulas de no competencia», afirmó la presidenta de la FTC, Lina Khan, en una declaración del 23 de abril en la que anunciaba la nueva norma.
«La norma final de la FTC para prohibir los pactos de no competencia garantizará a los estadounidenses la libertad de buscar un nuevo empleo, crear una nueva empresa o lanzar una nueva idea al mercado», añadió.
Los opositores a la prohibición, incluidos algunos legisladores y grupos empresariales, han argumentado que la prohibición de los acuerdos de no competencia es una orden de Washington demasiado dura que va en contra del espíritu del federalismo, impide la libertad de los empleadores y empleados para celebrar acuerdos potencialmente beneficiosos para ambas partes, y obstaculiza la competitividad.
«La decisión de la Comisión Federal de Comercio de prohibir los acuerdos de no competencia en toda la economía no solo es ilegal, sino también una flagrante toma de poder que socavará la capacidad de las empresas estadounidenses para seguir siendo competitivas», dijo Clark en un comunicado.
La Cámara de Comercio de EE. UU. sostiene que los acuerdos de no competencia pueden ser beneficiosos tanto para las empresas como para los empleados, ya que protegen las inversiones en investigación y desarrollo al tiempo que fomentan la formación de la mano de obra.
La demanda del grupo acusa a la FTC de abusar de su autoridad al basarse en una disposición oscura y rara vez invocada de la Ley de la Comisión Federal de Comercio para afirmar que tiene el poder de prohibir los no-competos bajo el pretexto de prohibir los «métodos desleales de competencia».
La empresa de servicios fiscales Ryan LLC presentó su impugnación legal de la norma de la FTC el día 23 de abril ante otro tribunal federal de Texas. La empresa argumentó que la prohibición «pondría en peligro la protección de la propiedad intelectual de las empresas y el desarrollo y la retención del talento», al mismo tiempo que alegó que la FTC se está extralimitando en su autoridad e interfiriendo ilegalmente en el libre mercado.
Un portavoz de la FTC negó la acusación de que se esté extralimitando en su autoridad y dijo que la agencia agradece la oportunidad de exponer su caso ante los tribunales.
«Nuestra autoridad legal es completamente clara», dijo Douglas Farrar, portavoz de la FTC, a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico, citando la cláusula de «métodos desleales de competencia» de la Ley de la FTC para justificar la prohibición.
«Esta autoridad ha sido reiteradamente confirmada por las cortes y reafirmada por el Congreso», continuó Farrar. «Abordar la no competencia que coartan la libertad económica de los estadounidenses es el núcleo mismo de nuestro mandato, y esperamos ganar en los tribunales».
Los dos comisionados republicanos de la FTC —Andrew Ferguson y Melissa Holyoak— votaron en contra de la norma, que también se enfrentó a la oposición de varios congresistas republicanos.
Antecedentes
Cuando propuso por primera vez la prohibición en enero de 2023, la FTC argumentó que los compromisos de no competencia son «explotadores», suprimían los salarios y obstaculizaban la innovación y la competencia.
Sosteniendo que tales acuerdos violan la Ley de la Comisión Federal de Comercio, la agencia estimó que su prohibición podría aumentar los salarios en cientos de miles de millones de dólares a lo largo de una década y ampliar las oportunidades de más de 30 millones de estadounidenses.
Entre quienes se oponen a la prohibición se encuentran algunos legisladores, que argumentan que la prohibición propuesta es otro ejemplo de extralimitación del gobierno federal y advierten que equivaldría a un reajuste radical del libre mercado.
«La normativa socavaría el Estado de Derecho al invalidar decenas de millones de contratos existentes acordados voluntariamente por empresarios y empleados», afirmaron el presidente de la Comisión Judicial, Jim Jordan (R-Ohio) , y los representantes Darrell Issa (R-Calif.), Thomas Massie (R-Ky.) y Scott Fitzgerald (R-Wis.) escribieron en una carta de febrero de 2023 a Khan y otros comisionados.
Los legisladores argumentaban que la prohibición propuesta no solo sería ilegal, sino que también «reestructuraría radicalmente la economía estadounidense».
«La norma también es incoherente con los principios del federalismo porque establece un enfoque de talla única que ilegalizaría prácticas que 47 estados han considerado legales», añadieron.
Sin embargo, según la FTC, las voces contrarias fueron escasas. La agencia declaró el 23 de abril que la gran mayoría de los 26,000 comentarios que recibió durante el periodo de comentarios públicos eran favorables a la prohibición.
La Cámara de Comercio de EE. UU. no quedó convencida, alegando en su demanda que la FTC «no se comprometió de forma significativa» con ninguna sugerencia alternativa para una prohibición menos radical.
«Al dar poca importancia a las alternativas menos extremas y más razonadas presentadas por los comentaristas, la Comisión confirmó que su objetivo final nunca fue aplicar una norma definitiva que equilibrara los costes y beneficios de una prohibición de los acuerdos de no competencia, sino más bien lograr un objetivo políticamente predeterminado», alegó el grupo, acusando a la norma de ser «arbitraria y caprichosa» y pidiendo que fuera anulada en los tribunales.
Detalles de la prohibición de los acuerdos de no competencia
Los acuerdos de no competencia existentes, es decir, los suscritos antes de la entrada en vigor de la norma (120 días después de su publicación en el Registro Federal), dejarán de ser ejecutables a partir de la fecha de entrada en vigor si se aplican a personal no ejecutivo. Para los altos ejecutivos, los acuerdos de no competencia existentes seguirán en vigor después de la fecha de entrada en vigor.
La FTC define las cláusulas de no competencia como términos o condiciones de empleo que prohíben o penalizan a un trabajador a aceptar un trabajo para un competidor o iniciar un negocio competitivo. A efectos de la aplicación de la norma final, los altos ejecutivos se definen como trabajadores que ganan más de 151,164 dólares al año y que ocupan puestos directivos. La agencia estima que menos del 1 por ciento de los trabajadores son altos ejecutivos en virtud de la nueva norma, según la hoja informativa de la FTC.
La norma exige a las empresas que notifiquen a los trabajadores cuyos pactos de no competencia ya no sean aplicables después de su entrada en vigor.
Según la hoja informativa, aproximadamente uno de cada cinco estadounidenses en edad laboral, es decir, unos 30 millones de personas, están sujetos a un acuerdo de no competencia.
La FTC estima que la prohibición de los pactos de no competencia estimulará la innovación y la creación de nuevas empresas, creando más de 8500 nuevas empresas cada año y entre 17,000 y 29,000 patentes más cada año durante la próxima década.
También cree que los trabajadores verán aumentar sus salarios en 524 dólares anuales de media gracias a la prohibición (entre 400,000 y 488,000 millones de dólares en total a lo largo de una década) y que los costes sanitarios caerán entre 74,000 y 194,000 millones de dólares a lo largo de la próxima década debido a la reducción del gasto en servicios médicos.
La versión original propuesta de la norma era más estricta que la norma final, ya que pretendía prohibir los acuerdos de no competencia existentes con altos ejecutivos y tenía una excepción de venta de negocio más estrecha. La norma final incluye una excepción que permite los pactos de no competencia entre el vendedor y el comprador de una empresa.
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