La Fundación Legal de Interés Público (PILF) presentó una demanda federal contra el condado de Alameda después de que un funcionario rechazó su solicitud de proporcionar detalles de los votantes no ciudadanos de Estados Unidos.
El 7 de septiembre del año pasado, la fundación PILF solicitó los registros relacionados con el registro y votación de los ciudadanos extranjeros en las elecciones estadounidenses. Sin embargo, el acusado en la demanda, Timothy Dupuis, registrador de votantes del condado, no proporcionó la información. El 12 de febrero, PILF presentó una demanda alegando que el acusado violó la disposición de divulgación pública de la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) de 1993, “por no permitir la inspección de los registros de mantenimiento de la lista de votantes”.
«Durante más de cuatro meses hemos estado tratando de obtener registros sobre los ciudadanos extranjeros que están inscritos en el censo electoral», dijo el presidente de la PILF, J. Christian Adams. “La falta de transparencia del condado de Alameda es preocupante ahora que entramos en un año de elecciones presidenciales. El público tiene derecho a inspeccionar los registros electorales, incluidos estos registros importantes que revelan errores y equivocaciones de los funcionarios electorales”.
En la demanda, la fundación PILF señaló que la ciudadanía estadounidense “es un requisito para registrarse y votar en California”.
Como registrador de votantes del condado de Alameda, el Sr. Dupuis tiene la tarea de evaluar la “elegibilidad para el registro de votantes, incluida la ciudadanía, y debe rechazar los registros de votantes y cancelar cualquier registro en caso de una registración si el solicitante no cumple con estos requisitos de elegibilidad”.
En su solicitud del 7 de septiembre, la PILF pidió:
_Registros que muestren el número de registraciones de votantes cancelados, porque el solicitante no cumplió con los requisitos de ciudadanía
_Registros relacionados con dichas cancelaciones, incluidas copias de solicitudes de registro de votantes, registros de las registraciones de votantes, historial de votación y correspondencia relacionada enviada o recibida por la oficina de registro
El 12 de octubre de 2023, la PILF notificó al Registro de Votantes de Alameda que estaba violando la NVRA. «Los registros relativos a las actividades de mantenimiento de la lista de votantes del demandado Dupuis, relacionados con las calificaciones de una persona que se registra, incluida la ciudadanía, son registros públicos, según la NVRA», señaló el grupo en la demanda.
El 10 de enero, la PILF recibió una respuesta del Sr. Dupuis indicando que responderían a la solicitud antes del 19 de enero. Sin embargo, la PILF “aún no ha recibido ninguna comunicación adicional”.
Derecho a verificar registros
La disposición de divulgación pública de la NVRA “autoriza y da derecho a la fundación (PILF) a inspeccionar y duplicar los registros solicitados”, afirmó el grupo.
La supuesta violación de la NVRA por parte del Sr. Dupuis causó a la PILF un “daño informativo concreto porque la fundación no tiene registros ni información a los que tiene derecho según la ley federal”.
La PILF tiene la intención de utilizar los registros para investigar las actividades de mantenimiento de la lista de votantes del condado de Alameda y al mismo tiempo garantizar que el condado cumple con las leyes estatales y federales.
La denegación de los registros solicitados “causa daño a la fundación, ya que se requiere gastar recursos y personal adicionales, al tiempo que limita la capacidad de la fundación para financiar otras investigaciones e iniciativas pendientes”.
El grupo afirma que también afectó a otras actividades de la PILF, como “brindar asesoramiento sobre políticas a funcionarios estatales y orientación legislativa y en el testimonio ante el Congreso sobre el cumplimiento estatal de los requisitos de la legislación sobre el derecho a voto”.
El grupo pidió a la corte que declarara que el Sr. Dupuis violó la NVRA y le ordene proporcionar los registros solicitados a la fundación. También pidió al tribunal que «prohíba permanentemente al acusado rechazar solicitudes similares en el futuro».
Voto de los no ciudadanos
La Fundación Legal de Interés Público (PILF) ha recopilado registros gubernamentales relacionados con votantes no ciudadanos durante casi una década. La organización ha presentado y ganado varios casos legales en Texas, Pensilvania y Carolina del Norte para acceder a los registros de ciudadanos extranjeros que se registran y votan en Estados Unidos.
No es raro que los ciudadanos extranjeros se registren para votar en las elecciones estadounidenses. Según los datos de la PILF, el condado de Pima, Arizona, canceló 186 registros de votantes debido a problemas de ciudadanía entre 2021 y 2023, y siete de ellos tenían un historial de votación.
De manera similar, 222 registros de votantes en el condado de Maricopa, Arizona, fueron cancelados entre 2015 y 2023 por cuestiones similares, y nueve personas tenían un historial de emisión de votos.
“La Ley de Registro Nacional de Votantes de 1993 (Vector Motorizado) proporciona la vía más común para que los extranjeros se registren para votar. Los 24 estados más D.C. que tienen automatizado el sistema Motor Voter, no le dan al inmigrante la oportunidad de rechazar el registro, lo que exacerba el problema”, dijo la PILF.
“Los estados con mayores cantidades de inmigración legal indican que ellos necesitan más licencias de conducir o identificaciones estatales para la vida diaria (lo que aumenta el riesgo de examinar a inmigrantes en el registro de votantes)”, afirmó la PILF.
La fundación señaló que los estados clave en disputa con un alto número de campañas de registro de votantes de terceros también crean un riesgo de que los no ciudadanos se registren para votar.
Por ejemplo, “aproximadamente el 65 por ciento de los registros [en el condado de Pima] provinieron de ‘partidos políticos y campañas grupales’. Aunque las conclusiones de otros estudios establecieron que los organizadores de campañas de registro de votantes pueden ser de izquierda, las afiliaciones partidistas de los registrantes dentro de la divulgación de Pima son más variadas”.
El PILF obtuvo recientemente una victoria en Maine cuando una corte federal de apelaciones dictaminó a principios de este mes que las restricciones estatales sobre la publicación de listas de votantes violaban la NVRA.
La demanda fue presentada por la PILF en febrero de 2020 después de que la oficina del secretario de estado de Maine negara la solicitud del grupo de una copia del archivo de registro de votantes y los historiales de votación en 2019.
La corte dictaminó que las restricciones de Maine eran “obstáculos reales” para lograr el objetivo del Congreso de transparencia y supervisión del proceso electoral a través de la NVRA.
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