Se ha presentado una denuncia penal contra la jueza del condado de Harris, Texas, Lina Hidalgo, alegando que violó el código electoral del estado al utilizar su cargo para hacer publicidad política.
La denuncia civil fue presentada por el abogado Mark McCaig a principios de este mes, según una carta que compartió en X, antes conocido como Twitter, el 17 de noviembre.
La carta, dirigida a la jueza Hidalgo, señala que la Comisión de Ética de Texas ha aceptado la jurisdicción sobre la denuncia.
La queja del Sr. McCaig alega que el juez Hidalgo violó el Código Electoral por «usar o autorizar el uso de recursos del condado para publicidad política» que fue transmitida durante una conferencia de prensa el 10 de noviembre y publicada en internet.
El Código Electoral de Texas establece que un funcionario o empleado de una subdivisión política no puede «gastar o autorizar a sabiendas el gasto de fondos públicos para publicidad política».
Una ofensa bajo esta sección es un delito menor de Clase A.
Según el Código Penal, el uso indebido de bienes, servicios, personal o cualquier otra cosa de valor perteneciente al gobierno que haya llegado a la custodia o posesión del funcionario público en virtud de su cargo o empleo se considera un «Abuso de Capacidad Oficial» y podría considerarse un delito menor.
Denuncias de manipulación de pruebas
La emisión en cuestión se produjo cuando se conoció la noticia de que los Rangers de Texas estaban investigando las denuncias de manipulación de pruebas en un caso en el que estaban implicados tres exempleados de la juez Hidalgo, y que iban a llevar a cabo órdenes de registro como parte de los esfuerzos para localizar los registros que supuestamente fueron ocultados en medio de una investigación sobre un contrato de 11 millones de dólares para la difusión de la vacuna contra el COVID-19 adjudicado a una empresa poco conocida llamada Elevate Strategies.
La investigación original se centró en cómo su oficina adjudicó —y más tarde canceló— el contrato a Elevate Strategies en medio de preocupaciones éticas, según The Texas Tribune.
Inicialmente, un comité compuesto por tres de sus sempleados, junto con dos empleados del departamento de salud, había valorado muy positivamente una oferta del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston para llevar a cabo la divulgación, pero la universidad fue finalmente dejada de lado y el contrato fue adjudicado a Elevate Strategies, dirigido por Felicity Pereyra, que ha trabajado anteriormente en campañas demócratas, según la publicación.
Los tres exempleados —Wallis Nader, Aaron Dunn y Alex Triantaphyllis— se enfrentan a cargos de manipulación y uso indebido de información oficial en relación con la investigación sobre el contrato de divulgación adjudicado a la consultora política.
La propia Sra. Hidalgo está siendo investigada por su presunta participación en el plan para marginar a la universidad. Tanto ella como sus excolaboradores han negado las acusaciones.
«Ganancia política, beneficio político»
Hablando durante la conferencia de prensa del 10 de noviembre que es el punto central de la demanda, la Sra. Hidalgo acusó a la fiscal de distrito del condado de Harris, Kim Ogg, de usar su oficina «para obtener ganancias políticas y beneficios políticos» y «abusar» de su oficina para «llevar a cabo investigaciones políticas».
«Ella abusa de la oficina que la gente le confió, y el trabajo sagrado que la gente le confió, para investigaciones políticas», dijo la Sra. Hidalgo.
También dijo que había pasado el día anterior a la conferencia de prensa trabajando en un respaldo para el oponente de la Sra. Ogg, Sean Teare, a quien describió como un «muy respetado, muy experimentado, fuerte oponente».
Sus comentarios fueron hechos en la propiedad del condado y transmitidos en vivo en la Oficina del Juez del Condado de cuentas oficiales de las redes sociales, pero los mensajes fueron retirados más tarde.
En una declaración en respuesta a los comentarios de la Sra. Hidalgo, la Sra. Ogg dijo que eran «nada más que un intento de desviación de los hechos y las pruebas que condujeron a la acusación inicial de sus empleados» y mantuvo que su oficina «persigue los procesos basados en pruebas, independientemente del partido político».
«Ella confundió una investigación criminal en curso de los Rangers de Texas con su apoyo político a mi contrincante y participó en un ejercicio infantil de insultos que se ha vuelto demasiado común en nuestro proceso político», dice la declaración de la Sra. Ogg a múltiples publicaciones. «Utilizar su condición de jueza del condado para lanzar este ataque verbal es un desafortunado intento de empañar el proceso de investigación y confundir al público».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina de la jueza Hidalgo para obtener más comentarios.
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