Los propietarios y constructores de casas presentaron una demanda en la corte federal contra los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en un intento de bloquear la moratoria de desalojo que emitiera el mes pasado la agencia federal de salud pública.
La demanda, conocida como Skyworks Ltd. contra CDC, fue presentada el 23 de octubre en la corte federal de Ohio y menciona a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y al director de los CDC, Robert R. Redfield, como acusados.
Los CDC argumentan que la prohibición de desalojo es necesaria para frenar la propagación de virus del PCCh que causa la enfermedad COVID-19, pero los inquilinos pueden invocar la prohibición tanto si sufren dificultades relacionadas con el virus o no.
Los inquilinos establecen la elegibilidad bajo la moratoria al proporcionar a sus arrendatarios una declaración aprobada por los CDC que indique que ganan menos de USD 99,000 anuales, no pueden pagar el alquiler debido a la pérdida de ingresos, han intentado obtener ayuda del gobierno, intentarán hacer pagos parciales de alquiler y se quedarán sin hogar o tendrán que mudarse con otras personas si son desalojados.
Una vez que presentan una declaración, el propietario no puede desalojarlos.
«Es inconstitucional», dijo Luke Wake, abogado de Pacific Legal Foundation (Fundación Legal del Pacífico), con sede en Sacramento (California), un bufete de abogados de interés público que representa a los propietarios en este caso, cuyas propiedades están ocupadas por inquilinos que dejaron de pagar el alquiler cuando se promulgaron las prohibiciones de desalojo.
«Las agencias federales no pueden simplemente inventar leyes,» dijo Wake en una entrevista con The Epoch Times.
«Es muy extraño. Los CDC existen para rastrear y monitorear epidemias y enfermedades contagiosas, como una especie de recurso para las autoridades de salud pública y cosas por el estilo, pero tienen poderes de regulación muy limitados».
Entre los demandantes están el propietario de Ohio Skyworks Ltd. y National Association of Homebuilders (Asociación Nacional de Constructores de Viviendas).
La moratoria de desalojo, que entró en vigor el 4 de septiembre, impide a los propietarios desalojar a los inquilinos de las viviendas durante la actual pandemia. La anterior moratoria federal autorizada por la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES) cubría solo a los inquilinos que vivían en propiedades con subsidios de alquiler o hipotecas respaldadas por el gobierno federal, pero la nueva orden, que se extiende hasta finales de año, cubre a la mayoría de los inquilinos en todo Estados Unidos.
La ley fue aprobada con apoyo bipartidista y promulgada por el presidente Donald Trump el 27 de marzo. También proporciona más de USD 2 billones en ayuda económica, incluyendo asistencia económica para trabajadores, familias y pequeñas empresas.
No obstante, la Ley CARES no le dio a los CDC el poder de bloquear los desalojos, argumentan los demandantes.
El estatuto, según la demanda legal de los demandantes, permite a los CDC «tomar ciertas medidas —inspección, fumigación, desinfección y saneamiento, entre otras— para detener la propagación de enfermedades infecciosas a través de las fronteras estatales».
«En ningún lugar autoriza a los CDC imponer una moratoria de desalojo a nivel nacional», dice la demanda.
Aunque la pandemia «representa una amenaza significativa para muchos estadounidenses y un serio desafío para el gobierno en todos los niveles (…) [no] suspende las operaciones normales del gobierno constitucional». Bajo nuestra Constitución, el Congreso hace la ley y el poder ejecutivo la hace cumplir».
La moratoria de los CDC «representa una asunción radical de poder por parte de una agencia administrativa que simplemente no posee», alterando «las relaciones contractuales de quizás millones de personas en todo el país».
«Obliga a un segmento de la población —los propietarios— a asumir una parte desproporcionada de los costos de la pandemia porque ellos proporcionan las viviendas de alquiler que tantos estadounidenses necesitan».
«Deberíamos pagar por eso como país en vez de obligar a los propietarios a asumir esos costos», dijo Wake.
Para empeorar las cosas, el «desalojo» está definido en la orden de los CDC tan ampliamente que los propietarios han tenido miedo incluso de comunicarse con sus inquilinos, dijo.
Si se toman medidas para desalojar a un inquilino que no paga, desafiando a la orden de los CDC, entonces se corre el riesgo de un proceso penal por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con una posible pena de cárcel, además de hasta USD 100,000 en multas para individuos, o USD 200,000 para una empresa, explicó Wake.
«Los propietarios han perdido el control de su propiedad», dijo. «Si no pueden desalojar a los inquilinos que no pagan, esa es realmente la única herramienta que tienen para hacer cumplir estos contratos».
La prohibición de desalojo de los CDC «va a hacer que los propietarios se pongan más nerviosos a la hora de alquilar, y de proporcionar viviendas a personas que realmente las necesitan, personas con mal crédito, porque si les quitan la posibilidad de desalojar a los inquilinos que no pagan, eso significa que deben tener mucho cuidado con las personas a las que le alquilan».
Los CDC no respondieron a una solicitud de comentarios antes de la publicación de este artículo.
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