El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, fue demandado por una organización conservadora en un intento de que entregue los expedientes judiciales relativos a los casos contra el expresidente Donald Trump, detenido por múltiples cargos a principios de este año.
El think tank Heritage Foundation presentó dos demandas contra el fiscal de Manhattan en virtud de la Ley de Libertad de Información, alegando que él y su oficina se coordinaron con el representante Daniel Goldman (D-N.Y.), la Casa Blanca y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre el procesamiento de Trump.
«Lamentablemente, estas preguntas no han obtenido respuesta. Estos reportes han suscitado preocupación en muchos círculos, basándose en gran parte en la larga historia de oponentes políticos del presidente Trump que coordinan sus actividades para usar como arma sistemáticamente el sistema de justicia penal contra él y pervertir así el curso de la Justicia», afirmaba la primera demanda (pdf) contra Bragg.
Una segunda demanda (pdf) presentada por el grupo de expertos conservadores con sede en Washington también afirmaba que Bragg contrató la asistencia probono de bufetes de abogados de alto nivel en relación con el caso Trump. Piden a un tribunal que ponga a disposición del público los documentos solicitados en virtud de la Ley de Libertad de Información de Nueva York y que declare que Bragg debe entregar los documentos.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina de Bragg y con la Fundación Heritage para obtener comentarios sobre la demanda.
Mike Howell, director del Proyecto de Supervisión de Heritage, declaró a Fox News que su organización sospecha que Bragg estaba «coordinando, o comunicándose de otro modo» con opositores a Trump, y añadió que hay motivos para creer que Bragg es un «comunicador prolífico» a través de su teléfono.
«El hecho de que tengamos que presentar una demanda contra Bragg, que dice que no puede presentar estos registros y que no dispone de los sistemas para hacerlo, es una prueba positiva de que en este país está en juego otro doble estándar de la justicia», declaró Howell. «Tienes a un actor usado como arma que va por el expresidente con una teoría disparatada sobre su conservación de documentos, mientras que el fiscal ni siquiera puede conservar sus propios documentos y eso viola las leyes de información a las que está obligado», continuó.
La demanda alega además que Bragg no ha respondido a las solicitudes de comunicación entre Bragg o su oficina y otras partes. Heritage declaró que tiene derecho a ver esas comunicaciones en virtud de la Ley de Libertad de Información de Nueva York.
Ni Trump ni sus abogados han respondido aún a la demanda. La oficina de Bragg tampoco ha hecho ningún comentario público.
En respuesta a las demandas de Heritage, un portavoz de la oficina de Bragg declaró el viernes al New York Post: «Nos negaremos a hacer comentarios y responderemos en los documentos judiciales».
Mientras tanto, los abogados de Trump están intentando trasladar el caso a un tribunal federal o exigiendo que el juez de la Corte Suprema de Nueva York Juan Merchan se recuse. Los abogados del expresidente presentaron el viernes una moción en la que pedían que el caso se trasladara al ámbito federal, alegando que los presuntos delitos —relacionados con las elecciones de 2016 y su campaña— «tuvieron lugar mientras el presidente estaba en el cargo».
«Según [la oficina de Bragg], el quid de su caso era un supuesto ‘plan ilegal que se perpetró en gran medida antes de que el acusado se convirtiera en [p]residente’. Tal presunto plan, aunque inexistente, sólo podría violar las leyes federales, no estatales, de financiación de campañas, como han dejado claro tanto la jurisprudencia federal como la junta electoral del estado de Nueva York'», decía la reciente presentación de Trump.
Merchan, a quien Trump ha criticado a menudo, ha declarado que el caso irá a juicio el 25 de marzo de 2024, lo que se produciría en plena campaña de las primarias del Partido Republicano de 2024. La audiencia del caso estaba prevista para el 27 de junio.
En el caso, Trump fue acusado de 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales para ocultar, al parecer, pagos realizados durante la campaña de 2016 a través de su exabogado Michael Cohen. El ahora inhabilitado abogado, que cumplió condena en una prisión federal, recibió supuestamente un reembolso de 130,000 dólares por sus pagos a Stormy Daniels para evitar que ésta hiciera públicas sus afirmaciones sobre Trump.
El expresidente ha negado cualquier relación con Daniels, una actriz de cine para adultos cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford. En una comparecencia ante el tribunal a principios de este año, Trump se declaró inocente de los cargos.
En un caso distinto, presentado por el abogado federal especial Jack Smith, Trump fue detenido la semana pasada en un tribunal de Miami por cargos derivados de si supuestamente manipuló indebidamente documentos clasificados. Trump también se declaró inocente de esos cargos, argumentando que los casos de Bragg y del Departamento de Justicia están diseñados para herirlo políticamente antes de las elecciones de 2024.
El lunes, Trump escribió en Truth Social que los casos contra él «pasarán a la historia como la mayor desgracia de la historia de Estados Unidos, incluso mayor que el ENGAÑO DE RUSIA, RUSIA, RUSIA». Y añadió: «¡¡¡Si no tienes Elecciones honestas (y Fronteras fuertes!!!) ¡¡¡NO TIENES PAÍS!!!».
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