El Instituto de Ley de Reforma Migratoria (IRLI) presentó recientemente una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por presuntamente retener información sobre los inmigrantes ilegales identificados como criminales a los que han arrestado.
El IRLI anunció la demanda a través de un comunicado en el que señala que también solicitó “información y correos electrónicos sobre las políticas de la agencia sobre cómo y cuándo nombrar a criminales extranjeros ilegales y otros infractores de inmigración en sus comunicados de prensa”.
La organización asegura que esta omisión “hace prácticamente imposible que periodistas e investigadores localicen información relevante para las acciones de aplicación de la ley por parte de ICE”.
El IRLI interpuso la demanda luego que el ICE se negara a proporcionar información solicitada a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) enviada en julio de 2023, en la que pedía a la agencia los registros.
“Según la FOIA, las agencias federales están legalmente obligadas a proporcionar los registros públicos solicitados dentro de los veinte días hábiles posteriores a la solicitud. Sin embargo, más de ocho meses después, el ICE todavía no había proporcionado nada a IRLI”, asegura el comunicado.
El pasado mes de febrero, el IRLI publicó un informe en el que señala que durante la administración Biden solo el 67% por ciento de los comunicados de prensa indicaban el nombre de los criminales arrestados y en esos casos normalmente el nombre ya había sido revelado por autoridades estatales o locales, o por los medios de comunicación.
El informe también hace una comparación con la era Trump, cuando el 97% de los comunicados contenían el nombre de los delincuentes.
“La negativa a proporcionar nombres y otros detalles sobre los extranjeros arrestados tiene graves implicaciones para la transparencia del gobierno”, señala el informe.
Sin estos nombres “es prácticamente imposible para el público, los grupos de vigilancia y los medios de comunicación determinar qué acción ha tomado ICE, si es que hay alguna, para expulsar a un infractor de los Estados Unidos», según el IRLI.
También dificulta saber si estos individuos fueron condenados por algún delito en suelo estadounidense y “esto, a su vez, facilita que la Administración Biden permita que los extranjeros arrestados por el ICE permanezcan en Estados Unidos, a pesar de importantes violaciones de la ley de inmigración estadounidense”, asegura la organización.
Esto es un motivo de preocupación, ya que el ICE no solo arresta a infractores de inmigración comunes, sino también a criminales peligrosos como terroristas; agentes de inteligencia extranjeros; traficantes de personas, armas o drogas ilícitas; violadores internacionales de derechos humanos; criminales que se dedican a la explotación sexual infantil y miembros de cárteles del narcotráfico, entre otros.
“El público también tiene un gran interés en garantizar que no se permita el regreso a los ciudadanos extranjeros que hayan violado repetidamente las leyes estadounidenses”, indica el informe de la organización sin fines de lucro que se dedica a defender “políticas migratorias responsables”, según su página web.
Dale L. Wilcox, director ejecutivo y asesor general de IRLI, dijo que no incluir los nombres de los criminales es “arrojar sus casos al vacío de la memoria, de modo que a los grupos de vigilancia les resultará más difícil responsabilizar a esta Casa Blanca por sus acciones” y que es un intento de “ocultar el desastroso impacto de sus políticas de inmigración».
Solicitamos un comentario sobre la demanda al ICE, sin recibir respuesta antes de la publicación de este artículo.
Esto ocurre mientras el ICE continúa con la política de «captura y liberación» de la administración Biden que ha dejado a cientos de miles de inmigrantes ilegales ingresar a los Estados Unidos.
A principios de mes, el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, fue cuestionado sobre las circunstancias en las que los extranjeros no admisibles incluidos en la lista de vigilancia terrorista son puestos en libertad en Estados Unidos en lugar de ser mantenidos bajo custodia hasta su deportación.
Mientras tanto, cada vez más estadounidenses dicen estar a favor de la deportación de inmigrantes ilegales según las encuestas. Esto incluye a los hispanos, quienes han cambiado su postura debido a la migración descontrolada en la frontera con México.
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