Un grupo de defensa de los derechos civiles demandó al estado de Washington en un tribunal federal debido a un programa de vivienda que brinda ayuda solo a personas que pertenecen a categorías raciales específicas.
La denuncia judicial, en el caso Foundation Against Intolerance and Racism Inc. (FAIR) contra Walker, fue presentada el 29 de octubre en el tribunal federal de distrito en Seattle.
El demandante, FAIR, es una organización sin fines de lucro que afirma “defender los derechos de todas las personas a las que se les niega la igualdad de protección, la libertad de expresión y otras libertades esenciales, independientemente de si pertenecen a grupos subrepresentados”.
El acusado, Steve Walker, es el director ejecutivo de la Comisión de Financiación de la Vivienda del Estado de Washington (WSHFC).
La comisión, establecida por la Legislatura de Washington en 1983, creó el Programa de Adquisición de Viviendas del Pacto de Washington en julio de 2024. Este programa proporciona asistencia para el pago inicial y los costos de cierre a posibles compradores de vivienda mediante un préstamo hipotecario secundario sin intereses. Los beneficiarios devuelven el préstamo con los fondos generados al vender o refinanciar la vivienda comprada.
Sin embargo, solo pueden acceder al programa las personas que sean afroamericanas, hispanas, nativas americanas, nativas de Alaska, nativas de Hawái u “otros isleños del Pacífico”, coreanas o indias asiáticas. El solicitante del préstamo, o sus padres, abuelos o bisabuelos, deben haber residido en el estado antes de abril de 1968, según la demanda.
Esto significa que personas que no pertenecen a una “raza preferida”, como estadounidenses de origen japonés, judío, árabe o caucásico, son categóricamente inelegibles para el programa.
El presidente Lyndon Johnson firmó en abril de 1968 la Ley Federal de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda por motivos de raza y otros criterios.
El gobernador de Washington, Jay Inslee, dijo que la Ley del Pacto de Propietarios del estado buscaba remediar injusticias pasadas. Firmó la ley en mayo de 2023, la cual ordenó a la comisión crear “programas para reducir las disparidades raciales en la propiedad de viviendas en el estado proporcionando ayuda para el pago inicial y los costos de cierre”, según la demanda.
“Hoy es un gran día para el estado de Washington y un gran día para la justicia”, expresó Inslee al firmar la ley.
“Es terrible pensar que nuestro maravilloso estado, el Estado Evergreen, en su momento tuvo estos pactos raciales que impedían a la gente acceder a la vivienda. Y no fue hace tanto tiempo. Yo tenía 16 años y esto seguía ocurriendo, con pactos legales que impedían a una persona de ascendencia no blanca acceder a una vivienda”.
Cuando la comisión creó el programa en julio de este año, la presidenta de la comisión, Nicole Bascomb-Green, declaró que “las restricciones, los pactos raciales y otros tipos de discriminación apoyados por el Estado negaron a miles de familias de Washington la oportunidad de poseer una vivienda y generar riqueza para sus familias”.
“Este programa finalmente da un paso hacia la corrección de esos errores al crear un nuevo camino hacia la propiedad de vivienda”.
FAIR, representada por la Pacific Legal Foundation (PLF), argumenta que el programa viola la Cláusula de Igualdad de Protección de la 14ª Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Un miembro de FAIR que haya vivido en el estado desde antes de abril de 1968, cumpla con el requisito de ingresos y quiera comprar una vivienda, podría calificar para el programa, salvo por el hecho de que se identifica como “europeo-americano”, según la demanda.
El programa exige que el comprador de una vivienda presente documentación que acredite su raza, pero no le exige probar que él o sus antepasados “experimentaron personalmente discriminación racial al intentar comprar una vivienda”, señala la demanda.
El abogado de PLF, Andrew Quinio, expresó que “si este programa está destinado a remediar la discriminación pasada, pero no se les pregunta a los solicitantes si han sufrido discriminación, parece desconectado si no se busca llegar directamente a quienes serían víctimas de discriminación en la vivienda”.
“El estado de Washington y la Comisión de Financiación de la Vivienda de Washington no pueden, como entidades gubernamentales, clasificar a las personas en función de su raza”, declaró Quinio a The Epoch Times.
“No pueden desfavorecer a las personas en función de su raza, y eso es precisamente lo que hace este programa”, añadió.
La directora de comunicaciones de WSHFC, Margret Graham, defendió el programa, el cual, según ella, es el resultado de una “investigación rigurosa”.
La ley estatal de 2023 exigió que se realizara un estudio sobre la discriminación pasada en la vivienda en el estado.
“Una empresa nacional independiente estudió la discriminación pasada en la vivienda en el estado de Washington, cómo afectó a las familias y sus impactos actuales, así como políticas que podrían mitigar estos efectos”, explicó Graham en un correo electrónico.
El programa fue creado para beneficiar a los futuros compradores de vivienda “cuyas familias fueron excluidas por políticas que existían antes de la aprobación de la Ley Federal de Vivienda Justa en 1968 y que les impedían financiar y/o comprar una vivienda debido al color de su piel o su origen étnico”.
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