Los fiscales generales de Montana y Texas presentaron el martes una demanda contra Xavier Becerra, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), por una norma que establece que los estados deben pagar los procedimientos de «transición de género» a través de sus programas de Medicaid y obliga a los proveedores de atención médica que reciben fondos federales a realizar dichos procedimientos incluso en violación de la ley estatal.
La demanda, presentada el 11 de junio ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Texas, División de Tyler, pide al tribunal que bloquee una nueva norma publicada recientemente por el HHS en el Registro Federal que modifica las protecciones contra la discriminación de la Ley de Asistencia Asequible (ACA) de una manera que amplía la definición de discriminación por «sexo» para incluir la discriminación basada en la «identidad de género».
La regla final, llamada «No discriminación en programas y actividades de salud», implementa la Sección 1557 de la ACA de una manera que restablece y amplía muchas de las regulaciones de 2016 de la administración del entonces presidente Barack Obama, al tiempo que revierte gran parte de la versión 2020 de la regla adoptada bajo el entonces presidente Donald Trump.
La norma, que se aplica a los programas y actividades de salud que reciben financiación federal, tiene fechas de entrada en vigor escalonadas a partir del 5 de julio de 2024. Proporciona protecciones de atención médica no discriminatorias a individuos en grupos protegidos, incluida la prohibición de negar beneficios, cobertura y participación en programas basados en factores como raza, edad, discapacidad y sexo, que se ha ampliado para incluir el concepto de «identidad de género».
La norma establece explícitamente protecciones contra la discriminación basadas en la «identidad de género» y la orientación sexual, y prohíbe categóricamente la denegación de atención «de afirmación de género».
Más detalles
Los fiscales generales de Montana y Texas se oponen a lo que denominan en su demanda un «cambio social devastadoramente drástico» en virtud del artículo 1557. Argumentan que el cambio obliga efectivamente a los contribuyentes de esos estados a pagar por medicamentos controvertidos y cirugías experimentales para personas que buscan la «transición de género», que califican de procedimientos que «infligen un daño permanente».
«Estamos demandando para impedir que la Administración Biden retenga fondos federales de asistencia sanitaria para obligar a los profesionales médicos a realizar estos procedimientos experimentales y peligrosos», dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en un comunicado.
Los dos fiscales generales argumentan en la demanda que la norma final es ilegal y un intento inconstitucional de anular la ley estatal. Piden medidas cautelares para impedir que se aplique la norma.
«Los estados no deberían verse obligados a pagar la factura de tratamientos que están dejando a la gente, incluso a los niños, con daños irreversibles», dijo el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, en un comunicado.
Knudsen dijo que en algunos estados, incluido Montana, los proveedores de atención sanitaria pueden verse obligados a elegir entre violar la ley estatal o perder la financiación federal. Citó el proyecto de ley 99 del Senado de Montana, que prohíbe la realización de procedimientos quirúrgicos para tratar la percepción de un menor de que su «género» difiere de su sexo biológico.
El HHS no respondió a la solicitud de comentarios sobre la demanda.
Sin embargo, al anunciar la nueva norma final el 26 de abril de 2024, el HHS dijo en un comunicado que equivalía a una «acción audaz» para reforzar las protecciones contra la discriminación.
«La regla de hoy es un paso de gigante para este país hacia un sistema de salud más equitativo e inclusivo, y significa que los estadounidenses en todo el país tienen ahora una forma clara de actuar sobre sus derechos contra la discriminación cuando van al médico, hablar con su plan de salud, o participar en programas de salud administrados por HHS», dijo el Sr. Becerra en un comunicado.
HHS también declaró que la nueva regla final añade protecciones contra la discriminación mediante la codificación de que la prohibición de la Sección 1557 contra la discriminación basada en el sexo «incluye a los pacientes LGBTQI +».
La transexualidad en el punto de mira
La transexualidad se ha convertido en los últimos años en un tema destacado en el panorama social y político de Estados Unidos.
Casi la mitad de los estados han aprobado leyes que prohíben los procedimientos médicos de cambio de sexo en menores, según datos recopilados por Movement Advance Project.
Los conservadores han respaldado leyes que otorgan a los padres más autoridad para impedir que sus hijos se sometan a procedimientos transgénero o imponen sanciones a los médicos que los realizan sin el consentimiento paterno.
Los progresistas, por el contrario, han tendido a apoyar la «atención de afirmación de género» y las leyes que protegen el acceso a los procedimientos transgénero, que en algunos casos limitan la capacidad de los padres para opinar sobre la decisión de sus hijos de someterse a procedimientos y medicamentos de reasignación de género.
El presidente Joe Biden ha impulsado diversas políticas que promueven la ideología de género y las protecciones especiales para las personas que se identifican como algo distinto de su sexo de nacimiento.
Por ejemplo, en su primer día en el cargo, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva en la que pedía a los directores de las agencias gubernamentales que consultaran con el fiscal general de EE.UU. para eliminar las normas o reglamentos discriminatorios en cualquier «orden, reglamento, documento de orientación, política, programa u otras acciones de la agencia existentes» que se basaran en «la identidad de género o la orientación sexual».
«Los negros estadounidenses transgénero se enfrentan a niveles desmesuradamente altos de discriminación en el lugar de trabajo, falta de vivienda y violencia, incluida la violencia mortal», dice la orden.
Además, en un movimiento que desató la controversia y provocó múltiples demandas, el Departamento de Educación (DOE) amplió la ley del Título IX de décadas de antigüedad que prohíbe la discriminación sexual en las escuelas para incluir ahora la orientación sexual y la «identidad de género».
Los cambios, que no llegan a prohibir que las escuelas prohíban a los atletas masculinos con identidad femenina competir contra mujeres, están programados para entrar en vigor el 1 de agosto de 2024.
Por el contrario, el expresidente Trump se ha opuesto a la agenda protransgénero y a las medidas políticas relacionadas. Por ejemplo, se ha comprometido a revocar la ampliación de las protecciones del Título IX para los estudiantes transgénero que llevó a cabo la administración Biden.
Una reciente declaración de una coalición de médicos y grupos médicos, incluido el Colegio Americano de Pediatras, dio la voz de alarma sobre los riesgos a largo plazo de someter a los niños a los llamados procedimientos de «afirmación de género». Según la declaración, en lugar de respaldar la transición de género en niños que experimentan confusión o angustia por su sexo, los profesionales médicos deberían centrarse en la psicoterapia para los problemas de salud mental subyacentes, como la depresión, el autismo o la ansiedad.
Bonnie Gasper, vicepresidenta de la Liga para la Protección de la Infancia, declaró en una entrevista a The Epoch Times que la declaración da «mucho más peso» a su argumento. «Piden que se ponga fin a todo esto porque, obviamente, los datos están ahí» sobre intervenciones como los bloqueadores de la pubertad y las hormonas sexuales cruzadas, dijo Gasper.
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