Defensor provida demanda orden que limita libertad de expresión fuera de clínicas de aborto

Roger López anuncia que pedirá una medida cautelar contra una ley de San Diego

Por Matthew Vadum
23 de septiembre de 2024 10:38 AM Actualizado: 23 de septiembre de 2024 10:38 AM

Los abogados de un defensor pro-vida dicen que van a pedir a un juzgado federal que bloquee una nueva ordenanza de San Diego que restringe el discurso fuera de los centros de aborto.

El activista de larga data, Roger López, es un abuelo jubilado que ha estado asesorando fuera de las clínicas locales de aborto durante 15 años.

El abogado de López, Paul Jonna, declaró a The Epoch Times, el 18 de septiembre, que solicitará «muy pronto» un recurso de amparo para detener la ley local, que considera inconstitucional. Jonna es consejero especial de la Thomas More Society, un bufete de abogados de interés público sin ánimo de lucro, y socio de LiMandri & Jonna en Rancho Santa Fe, California.

La ordenanza es «una extralimitación constitucional atroz», dijo el Sr. Jonna. «Es muy susceptible de ser anulada, y estamos bastante seguros de que lo será».

La ordenanza, que entró en vigor en junio, limita la libertad de expresión a 30 metros de la entrada de un centro de salud, escuela o iglesia, e impone restricciones adicionales dentro de una «zona burbuja» de 2,5 metros alrededor de las personas que se encuentren en esa zona.

Además, la ordenanza permite a las víctimas demandar por daños y perjuicios de 2500 dólares por cada infracción. Una primera condena en virtud de la ley también puede conllevar tres meses de prisión y una multa de 500 dólares.

El Sr. López argumentó en una demanda legal, presentada el 5 de septiembre ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, que la ordenanza va en contra del derecho de la 14 ª Enmienda de los activistas provida para ofrecer información sobre alternativas al aborto, junto con el derecho de la Primera Enmienda de las mujeres que entran en una clínica para recibirla.

Una ordenanza municipal anterior hacía recaer en las personas a las que se abordaba cerca del lugar protegido la responsabilidad de decir que no querían relacionarse con un manifestante. Pero la nueva ordenanza impone al manifestante la carga de pedir permiso para acercarse a menos de dos metros de alguien que se encuentre a menos de 30 metros del lugar protegido.

Las zonas burbuja en sí mismas son inconstitucionales, dictaminó la Corte Suprema en el caso Schenk vs. Pro-Choice Network (1997), porque interfieren en la capacidad de los manifestantes para defender su postura al obligarles a cambiar constantemente de lugar para mantener una distancia permitida en lugar de centrarse en su mensaje, afirma la demanda.

La oficina del fiscal municipal de San Diego opinó anteriormente que las zonas burbuja eran inconstitucionales y «nunca ha desmentido su conclusión de que las zonas burbuja son inconstitucionales», añade la demanda.

El abogado Jonna declaró que la nueva ordenanza también tiene un componente de ruido.

La conversación entre un manifestante y una mujer en el exterior de una clínica no puede superar los 55 decibelios, «que es aproximadamente el mismo nivel que el de un frigorífico doméstico», dijo el abogado, añadiendo que el ruido de la calle suele estar muy por encima de ese nivel.

Según la demanda judicial, la ordenanza prohíbe a los manifestantes hacer «ruidos molestos, excesivos u ofensivos que causen incomodidad o molestias a cualquier persona razonable con una sensibilidad normal».

También prohíbe «cualquier ruido que interfiera injustificadamente en el funcionamiento» de una instalación protegida.

The Epoch Times se puso en contacto con el Ayuntamiento de San Diego para pedirle comentarios sobre la demanda, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.

Anteriormente, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, dijo que la ordenanza era necesaria.

«Durante casi tres décadas, las leyes de la ciudad en esta materia han permanecido sin cambios y, sin embargo, sabemos que nuestro paisaje social y político ha evolucionado, sobre todo en los últimos años, y la necesidad de proteger al público del acoso y la intimidación indebidos, sin dejar de preservar sus derechos de la primera enmienda, se ha vuelto aún más apremiante», dijo el Sr. Gloria en junio.


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