Los demandantes republicanos que disputan la legislación que permitió el envío de boletas por correo a todas las personas en Pensilvania, presentaron hoy una solicitud a la Corte Suprema para bloquear al estado de certificar la elección.
La Corte Suprema del estado había desestimado el caso el 28 de noviembre, revocando un bloqueo temporal de la certificación de la elección emitida por un tribunal inferior.
Disputando ese fallo, la solicitud de emergencia de la orden judicial, con fecha del 1 de diciembre pide a la Corte Suprema que prohíba al gobernador de Pensilvania y al secretario de estado «tomar medidas oficiales para tabular, registrar, sondear, certificar o concluir de cualquier otra manera los resultados de la elección».
«En la medida en que las acciones prohibidas mencionadas anteriormente ya han tenido lugar, los peticionarios solicitan una orden judicial para restablecer el status quo ante, obligando a los demandados a anular cualquiera de esas acciones ya tomadas, hasta una nueva orden de esta corte», dice la petición.
En la solicitud de emergencia se pide esencialmente a la corte que suspenda temporalmente la certificación de las elecciones estatales hasta que se presente una orden judicial completa de certiorari—pidiendo a la corte que revise las decisiones de los tribunales inferiores.
El caso fue presentado por el representante Mike Kelly (R-Pa.) y otros. Afirman que una ley aprobada el año pasado por la legislatura estatal que permite votar por correo sin ninguna justificación, violó la constitución del estado.
La Corte Suprema del estado desestimó el caso con prejuicio, diciendo que la demanda no había sido presentada «a tiempo», ya que el acto en cuestión fue firmado como ley el 31 de octubre de 2019.
Sin embargo, ese fallo parece dejar abierto los méritos más amplios del caso—que la ley, la Ley 77, requiere una enmienda de la constitución del estado.
Uno de los demandantes, el candidato republicano al congreso Sean Parnell, dijo a KDKA el 30 de noviembre: «Si bien creemos que la Ley 77 es ciertamente un asunto estatal, también creemos que hay cuestiones federales muy importantes dentro de ella. Así que lo que estamos haciendo es buscar apelar a la Corte Suprema sobre esas cuestiones federales».
La petición, presentada al Juez Samuel A. Alito, plantea dos preguntas para que la Corte Suprema responda: ¿Puede un estado violar sus propias restricciones constitucionales sin violar las cláusulas constitucionales de EE.UU. relativas a las elecciones y al debido proceso? ¿Y violó la Corte Suprema de Pensilvania las Primera y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de EE.UU. «al desestimar con perjuicio el caso que se expone a continuación, sobre la base de laches, excluyendo así toda oportunidad de que los peticionarios soliciten una reparación retrospectiva y prospectiva de las violaciones constitucionales en curso»?
La Corte Suprema del estado dijo el 28 de noviembre que los peticionarios esperaron hasta días antes de que el condado de las juntas electorales tuviera que certificar los resultados de la elección, lo que podría «resultar en la privación del derecho de voto de millones de votantes de Pensilvania» que votaron por correo.
«Está más allá de cualquier duda que los peticionarios no actuaron con la debida diligencia en la presentación de la demanda inmediata», escribió el tribunal.
Parnell le dijo a la KDKA que era una situación «Trampa-22». «Si lo hubiera presentado antes, probablemente no habría podido llevar el caso a la corte porque no habría tenido capacidad legal», dijo. «Así que probablemente habrían dicho: ‘bueno, el daño que estás alegando es especulativo'».
Parnell dijo que el caso no se trataba de si los votos por correo son buenos o malos per se, sino del procedimiento constitucional del estado.
«Demócrata o republicano, si el ciudadano se entera de que su ley es inconstitucional, es nuestro deber y responsabilidad como ciudadanos cuestionar esa ley», dijo, señalando que estaba siendo criticado por algunos republicanos por sus acciones.
La demanda se presenta contra el estado, la asamblea general de la mayoría republicana, el gobernador Tom Wolf, y la secretaria de estado de Pensilvania, Kathy Boockvar.
En el fallo de la Corte Suprema del estado, el presidente de la Corte Suprema, Thomas Saylor, emitió una opinión separada acordando revertir el mandato preliminar. Sin embargo, Saylor dijo que cree que los peticionarios republicanos deberían poder seguir argumentando su caso sobre la validez constitucional de la Ley 77.
«Considero que la pertinente demanda sustantiva planteada por los apelados plantea cuestiones problemáticas sobre la validez constitucional del nuevo sistema de votación por correo», escribió Saylor.
Con información de Janita Kan.
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