Los demócratas de la Cámara de Representantes siguieron con la votación del 12 de agosto sobre la Ley de Reducción de la Inflación de 700,000 millones de dólares a pesar de la falta de las puntuaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), lo que significa que aún no están claras todas las implicaciones financieras del proyecto de ley.
El 27 de julio, el senador Joe Manchin (D-W.Va.) anunció que había llegado a un acuerdo con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), para comprometerse a apoyar un proyecto de ley de gasto de USD 700,000 millones, que se supone aportará USD 725,000 millones en nuevos ingresos al gobierno federal y reducirá el déficit en USD 292.000 millones anuales.
El proyecto de ley, bautizado como Ley de Reducción de la Inflación, es el resultado de un año de arduas negociaciones, compromisos y decepciones para los demócratas en su intento de aprobar la Ley de Reconstrucción Mejor (Build Back Better, BBB), mucho más amplia, de USD 1.75 billones.
Históricamente, los legisladores han esperado a la evaluación económica completa de una legislación por parte de la CBO, organismo no partidista, que ofrece una imagen más clara de los efectos a largo plazo de un proyecto de ley sobre los ingresos federales, los gastos, el déficit y la deuda nacional. Pero dado el amplio alcance de la Ley de Reducción de la Inflación, la CBO solo ha tenido tiempo de publicar estimaciones preliminares e incompletas sobre los efectos a largo plazo del proyecto de ley en la economía estadounidense.
Aún así, los demócratas parecen estar en camino de votar el proyecto de ley en algún momento de la tarde del 12 de agosto, a pesar de la falta de puntuación de la CBO.
Cómo el proyecto de ley ya fue aprobado en el Senado, la aprobación en la Cámara de Representantes enviará la legislación directamente al escritorio del presidente Joe Biden, quien ha dicho que la firmará.
Entre los USD 700,000 millones de nuevos gastos, se incluye una dotación de USD 80,000 de dólares para el Servicio de Impuestos Internos —seis veces el presupuesto actual del organismo— así como una serie de nuevas políticas climáticas e incentivos fiscales para los particulares y las empresas que cambien a fuentes de energía renovables y vehículos de bajas emisiones.
El proyecto de ley también incluye una serie de nuevos impuestos.
El más importante es un impuesto mínimo del 15% para las empresas que ganen más de mil millones de dólares al año. Aunque la ley fija actualmente el tipo impositivo para las empresas estadounidenses en un 21%, muchas megacorporaciones acaban pagando un tipo sustancialmente inferior una vez que se tienen en cuenta las exenciones, las desgravaciones y las soluciones del código fiscal.
El efecto que esta nueva exigencia fiscal tendrá sobre los precios al consumo y los salarios de los trabajadores es discutible. Pero Preston Brashers, analista principal de política fiscal de The Heritage Foundation, predijo en una entrevista con The Epoch Times que el nuevo impuesto provocaría un aumento de los precios y una ralentización o estancamiento del crecimiento salarial.
Pelosi tiene probablemente los votos
En un compromiso con la senadora Kyrsten Sinema (D-Ariz.) para ganar su apoyo, los demócratas también añadieron un impuesto especial del 1% sobre la recompra de acciones de las empresas, una práctica comúnmente utilizada por los gestores de cuentas de jubilación para aumentar el valor de las carteras de jubilación de los clientes.
Los críticos también expresaron su preocupación por las nuevas políticas de atención sanitaria instituidas por el proyecto de ley.
El proyecto de ley permitiría, por primera vez, que la Parte D de Medicare negocie con los fabricantes de medicamentos recetados, los que no tendrán más remedio, según la legislación, que entablar negociaciones o enfrentarse a un enorme impuesto especial del 95% como castigo.
Aunque las aseguradoras privadas han tenido durante mucho tiempo la capacidad de regatear con los fabricantes de medicamentos, tales negociaciones han sido voluntarias para ambas partes. Pero según la Ley de Reducción de la Inflación, los fabricantes de medicamentos no podrán negarse a negociar si reciben una oferta del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
La CBO ya advirtió que estos controles de precios obligatorios podrían reducir en gran medida la innovación médica en Estados Unidos, lo que significaría que el número de nuevos medicamentos que salven vidas que salen al mercado cada año podría reducirse hasta en un 50 por ciento.
Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-Calif.), que rara vez presenta una ley que no está segura de que será aprobada, parece confiar en que su escasa mayoría de cuatro escaños votará a favor de la ley.
Dado que el Senado ya aprobó el proyecto de ley, los republicanos y otros críticos tienen pocos medios disponibles para detener su promulgación final.
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