Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes exigieron en un informe del 11 de agosto que el gobierno federal haga más para responder a la supuesta «desinformación electoral», que dicen ha debilitado la capacidad de las oficinas electorales en todo Estados Unidos para llevar a cabo sus funciones oficiales.
El informe del comité afirmaba que los supuestos esfuerzos de desinformación liderados por el presidente Donald Trump y otros conservadores han sobrecargado las oficinas electorales y han provocado un aumento de las amenazas contra los trabajadores electorales (pdf). Para responder a esto, los demócratas dijeron que «se necesita un fuerte liderazgo federal».
«Las mentiras y la confusión sobre las elecciones de 2020 son una amenaza continua para la democracia representativa», señala el informe. «La información errónea y la desinformación impulsan los esfuerzos fraudulentos para poner en duda los resultados legítimos de las elecciones, aumentan las amenazas a los administradores electorales y crean vías para que los malos actores subviertan nuestras elecciones democráticas».
En el mismo sentido, el informe añade: «Las mentiras sobre nuestras elecciones, ya sean falsedades intencionadas o malentendidos generalizados, ponen en peligro tanto el sistema democrático como a las personas que administran nuestras elecciones».
Presunto aumento de las amenazas contra los trabajadores electorales
Un enfoque clave para los demócratas en el informe es la forma en que la presunta desinformación sobre las elecciones de 2020 ha aumentado las amenazas contra los funcionarios electorales y ha hecho que sea más difícil para ellos hacer su trabajo.
«Los funcionarios electorales han sido continuamente difamados por quienes sostienen teorías de conspiración liderados por el expresidente Donald Trump y sus partidarios», escribieron los demócratas en una sección del informe.
En una subsección sobre las «campañas de desinformación» llevadas a cabo por «actores domésticos maliciosos», el informe profundiza en las afirmaciones de los demócratas en este frente.
«En vísperas de las elecciones presidenciales de 2020, aumentó la desinformación sobre todos los aspectos del proceso de votación», escribieron. «La pandemia de coronavirus creó un entorno único para la confusión de los votantes, ya que los estados trataron de adaptar sus normas sobre el registro y el voto por correo, creando oportunidades para que la desinformación en internet se extendiera ampliamente por todo el país».
«Después de las elecciones, algunos funcionarios electos aprovecharon la desconfianza de los votantes para cuestionar los resultados de las elecciones al apoyar la ‘Gran Mentira’, la falsa afirmación de que el expresidente Donald Trump era el verdadero ganador de las elecciones de 2020. Estos funcionarios electos llevaron un mensaje peligroso: que los administradores electorales eran los culpables de las elecciones ‘robadas’.
«Los administradores electorales informaron al Comité que responder a la afluencia de amenazas y desinformación requería horas de trabajo y un aumento de la seguridad que les dificultaba hacer su trabajo. El presidente de los Funcionarios Electorales de Arizona informó al Comité que responder a la oleada de preocupaciones sobre el voto por correo estaba ‘distrayéndonos hasta el punto de no poder realizar nuestro verdadero trabajo’. A medida que cada nueva acusación falsa de fraude electoral se hacía pública y se difundía en Internet, ‘las llamadas telefónicas furiosas y las amenazas comienzan de nuevo'».
«El presidente de los Supervisores Electorales de Florida dijo al Comité que ‘han estado ocupados respondiendo a numerosas solicitudes de registros públicos, desmontando mitos electorales y aumentando los esfuerzos de educación de los votantes para fortalecer su confianza en el proceso electoral'».
«Las crecientes presiones a las que se enfrentan los trabajadores y administradores electorales se ven agravadas por un círculo vicioso de desinformación que pretende reducir la fe del público en nuestro sistema electoral».
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) encontró en una investigación que más de 1000 trabajadores electorales informaron de contactos que eran «hostiles o acosadores».
Sin embargo, aunque el informe da a entender que el aumento ha provocado una gran cantidad de violencia, los resultados del DOJ mostraron que solo alrededor del 11 por ciento de esos informes —unos 110 casos— cumplían el umbral para una investigación penal federal.
Leyes de integridad electoral en el punto de mira
Una crítica clave en el informe de los demócratas se refería a los esfuerzos de las legislaturas estatales para endurecer sus leyes de seguridad electoral a raíz de las continuas preocupaciones sobre la integridad de las elecciones de 2020.
A finales de 2021, los demócratas en el Congreso intentaron responder a esta oleada de leyes electorales más estrictas con una serie de proyectos de ley malogrados para reforzar el control federal sobre las elecciones.
Aunque esos esfuerzos no lograron, uno por uno, el apoyo suficiente en el Senado, donde el senador Joe Manchin (D-W.Va.) se unió a los republicanos para oponerse a varias de las propuestas, los demócratas han seguido frustrados con la letanía de nuevas leyes. El informe del 11 de agosto deja claro que estas leyes siguen siendo un objetivo principal para los demócratas descontentos.
El informe sostiene que «las peligrosas leyes impulsadas por la desinformación, llamadas de ‘integridad electoral’… amenazan con socavar el proceso de votación en futuras elecciones».
Desde las elecciones de 2020, dice el informe más abajo, «los legisladores estatales han … introducido y aprobado cientos de leyes electorales basadas en la Gran Mentira. Algunos de estos proyectos de ley darían a los legisladores partidistas más control sobre los sistemas electorales no partidistas, mientras que simultáneamente hacen más difícil que los funcionarios electorales hagan efectivamente su trabajo».
A lo largo del informe, los demócratas no dejan dudas sobre a quién culpan del aumento de la «desinformación»: El presidente Donald Trump y sus aliados conservadores.
«La desinformación llevó a violentas amenazas de muerte contra funcionarios electorales locales, a menudo inspiradas en comentarios de políticos y de activistas de derecha, lo que llevó a muchos funcionarios experimentados a dejar sus puestos», afirma el informe.
En otro apartado, los demócratas nombran por su nombre a varios comentaristas conservadores que han puesto en duda los resultados de las elecciones de 2020.
«En Florida, Alex Jones, Roger Stone y Mike Lindell difundieron teorías conspirativas sobre un funcionario electoral por responder a falsas acusaciones de fraude», escribieron en un esfuerzo por reforzar su afirmación de que los conservadores son en gran parte responsables de los problemas experimentados por los funcionarios electorales.
Auditorías «fraudulentas»
Los demócratas en el informe apuntaron a dos auditorías electorales que tuvieron lugar en Arizona y Nuevo México después de las elecciones de 2020. A pesar de haber sido aprobadas por los funcionarios electos pertinentes en el estado, los demócratas afirmaron que estas auditorías eran «fraudulentas».
La auditoría más importante en el período posterior a las elecciones de 2020 tuvo lugar en el condado de Maricopa, Arizona, un bastión azul en el estado, en el que el presidente Joe Biden ganó. El condado de Maricopa estuvo en el centro de las controversias electorales, lo que llevó a los republicanos de la Cámara de Representantes de Arizona a ordenar una auditoría completa de los resultados del condado.
La otra auditoría principal a la que apuntan los demócratas en el informe tuvo lugar en el condado de Otero, en Nuevo México.
Estas auditorías, según los demócratas, eran «partidistas» y «ponen de relieve el grave daño que podría resultar de tales esfuerzos».
Los demócratas del Comité dijeron que las auditorías en Arizona y Nuevo México fueron el resultado de «una red de actores maliciosos … que alientan a los funcionarios electos de todo el país a socavar la integridad de sus sistemas electorales».
«La auditoría [en el condado de Maricopa]», afirmaron los demócratas, «socavó la confianza pública en las elecciones y fomentó los esfuerzos en todo el país para suprimir los votos y subvertir las elecciones».
Estas auditorías «fraudulentas», dijeron los demócratas, «generan un bucle de retroalimentación de más desinformación, mayor presión sobre los funcionarios electorales y legislación disruptiva, allanando el camino para que los malos actores anulen los resultados válidos de las elecciones».
Advirtieron de la posibilidad de que estas auditorías aumenten después de las elecciones de 2022, lo que, según ellos, podría dañar aún más la confianza en el proceso electoral.
«Las auditorías fraudulentas y las negaciones infundadas a certificar los resultados electorales pueden multiplicarse durante las elecciones de mitad de término de 2022, dañando aún más la confianza en el proceso electoral».
Se necesita una «fuerte acción federal»
Al concluir su informe, los demócratas argumentaron que «se necesita una fuerte acción federal» para contrarrestar estas presuntas amenazas al proceso democrático que, según ellos, son causadas por la desinformación.
«La amenaza que supone para la democracia estadounidense la desinformación electoral ha cambiado y aumentado drásticamente en los últimos dos años», escribieron. «Las investigaciones del Comité dejan claro que la mayor amenaza actual para la legitimidad democrática proviene ahora de las mentiras de actores nacionales que tratan de convencer a los estadounidenses de que sus sistemas electorales son fraudulentos, corruptos o inseguros».
Describen la «urgente necesidad de implementar un plan federal de todo el gobierno para apoyar a los funcionarios electorales locales y estatales mientras responden a la desinformación y comparten información precisa con los votantes. Esta respuesta también debe incluir esfuerzos vigorosos de aplicación de la ley para proteger a los funcionarios electorales del acoso y la violencia».
A continuación, los demócratas expusieron una letanía de sugerencias de acciones tanto de parte del presidente como del Congreso.
«El presidente debería designar una agencia u oficina federal líder para apoyar los esfuerzos estatales y locales para contrarrestar la desinformación electoral», escribieron, en un plan que recuerda a la ya desaparecida Junta de Gobernanza sobre Desinformación del Departamento de Seguridad Nacional, que se suspendió después de que los críticos dijeran que hacia recordar a la «policía del pensamiento» de George Orwell en la novela «1984».
«[El presidente] debería dar instrucciones a las agencias pertinentes para que se coordinen con la agencia líder en cuanto a los enfoques generales, las cadenas de comunicación y las mejores prácticas para promover información precisa sobre el proceso electoral».
El informe continúa con la sugerencia de que «todas las agencias federales pertinentes deben utilizar sus autoridades en coordinación con la agencia principal para apoyar los esfuerzos de los funcionarios electorales estatales y locales para contrarrestar la desinformación durante y después de las elecciones».
Los demócratas también recomendaron la continuación y ampliación de la página web de «control de rumores» de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA, por sus siglas en inglés).
«Durante las elecciones de 2020, la [página web de CISA] trató de contrarrestar la desinformación electoral», escribieron. «CISA debería seguir actualizando esta página para responder a los discursos de desinformación nacional. Sin embargo, las voces locales de confianza son los mensajeros más eficaces contra la desinformación».
El informe continúa diciendo que el equipo de desinformación de la CISA debería coordinarse con las autoridades estatales para crear sitios web de «control de rumores» a nivel estatal.
Además, los Demócratas de la Supervisión exigieron que el DOJ «persiga agresivamente la aplicación penal y civil contra aquellos que amenacen o acosen a los administradores electorales».
Para ello, los demócratas recomendaron la creación de un grupo de trabajo del DOJ que ayude a los funcionarios locales a determinar qué cargos federales pueden presentar contra quienes amenacen o acosen a los trabajadores electorales.
Por último, en el frente del Congreso, pidieron que se amplíen las asignaciones de fondos a las oficinas electorales de todo el país, además de reforzar las leyes ya existentes contra las amenazas, el acoso o los daños a los funcionarios electorales.
«Para contrarrestar a los actores malintencionados que amenazan con la violencia contra los funcionarios electorales, el Congreso también debe promulgar sanciones legales significativas para cualquiera que amenace a los funcionarios y administradores electorales», dice el informe.
Esfuerzos fallidos para cambiar la ley electoral
Los puntos a los que se refiere el informe —acusaciones de desinformación, ataques a las auditorías electorales ordenadas legalmente y a la legislación sobre integridad electoral aprobada en las legislaturas estatales de todo Estados Unidos— se enmarcan en el contexto más amplio de una serie de esfuerzos fallidos de los demócratas durante el 117º Congreso para reforzar el control federal sobre las elecciones.
Los proyectos de ley de integridad electoral han sido un punto focal para los ataques de los demócratas, que han dicho que la legislación constituye un «nuevo Jim Crow».
Durante el verano y principios del otoño de 2021, cuando muchas legislaturas estaban considerando y aprobando este tipo de legislación por primera vez, los demócratas presentaron una letanía de proyectos de ley diseñados para contrarrestar esta presunta amenaza.
La más ambiciosa de ellas, la Ley para el Pueblo, habría hecho que el gobierno federal tuviera más control sobre las elecciones del que ha tenido nunca.
Entre otras muchas disposiciones, ese proyecto de ley declararía que el Congreso tiene autoridad unilateral sobre la celebración de elecciones en cualquier área en la que las prerrogativas estatales y federales estuvieran en conflicto.
El proyecto de ley también habría prohibido a los extranjeros ilegales enfrentarse a las consecuencias legales de sus esfuerzos por votar ilegalmente, habría permitido el registro de votantes el día de las elecciones y habría permitido votar a los delincuentes condenados.
Este proyecto de ley, que es, con mucho, el más amplio de la legislación electoral presentada por los demócratas, fue aprobado por la Cámara de Representantes de forma partidista, pero fracasó en el Senado después de que Manchin se negara a prestarle su apoyo.
Otros proyectos de ley, incluyendo la «Ley de Avance del Derecho al Voto John Lewis» creada por la Cámara de Representantes y un proyecto de compromiso creado por Manchin, habrían sido menos amplia, reinstaurando en gran medida partes de la Ley de Derecho al Voto de 1965 que fueron anuladas en 2013 como inconstitucionales por la Corte Suprema en el caso Shelby County vs Holder.
Al igual que la Ley para el Pueblo, estas tampoco lograron el apoyo suficiente en el Senado para superar el umbral de filibusterismo de 60 votos.
Los republicanos se han opuesto casi unilateralmente a los planes electorales de los demócratas, que han dicho que son un esfuerzo por «federalizar» las elecciones.
Por lo tanto, incluso si el Congreso siguiera adelante con una respuesta legislativa a las pretensiones de los demócratas de Supervisión, no está claro si el proyecto de ley llegaría muy lejos en la cámara alta.
Debido a la oposición del Partido Republicano, es probable que cualquier esfuerzo de este tipo por parte de los demócratas fracase en un futuro previsible, a menos que el partido consiga una mayoría cualificada de 60 votos en el Senado.
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