Liderados por el senador Cory Booker (D-N.J.), los demócratas del Senado presentaron el 2 de agosto un proyecto de ley para limitar a 18 años el mandato de los jueces de la Corte Suprema, que actualmente son vitalicios.
La propuesta de ley llega en un momento en el que los demócratas están enfadados por las recientes decisiones de la Corte que han restituido la regulación del aborto a los estados, han ampliado los derechos de las armas y han frenado los poderes reguladores del gobierno en materia de medio ambiente. La legislación tiene pocas posibilidades de ser aprobada con un Senado polarizado al 50 % y con las elecciones al Congreso a tan solo tres meses, pero es probable que resurja en el próximo Congreso.
La propuesta de Ley de Establecimiento de la Tenencia y Modernización de la Jubilación de la Corte Suprema (TERM) está copatrocinada por los senadores Sheldon Whitehouse (D-R.I.), Richard Blumenthal (D-Conn.), Brian Schatz (D-Hawaii) y Mazie Hirono (D-Hawaii).
“La Corte Suprema enfrenta una crisis de legitimidad”, dijo Booker en un comunicado de prensa.
“Esta crisis es el resultado de fallos radicales que descartan años de precedentes legales y que están en desacuerdo con los puntos de vista del pueblo estadounidense, fallas éticas y la politización del proceso de confirmación de la Corte Suprema por parte de los republicanos del Senado que intentan usar el poder político puro para transformar la Corte”.
“El pueblo estadounidense ha perdido la confianza en la Corte Suprema de nuestra nación y, a su vez, en nuestra democracia. Se necesitan con urgencia cambios fundamentales para restaurar la confianza en la institución. Establecer límites de mandato crearía previsibilidad y reduciría los riesgos de futuros procedimientos de confirmación, despolitizando la Corte”.
Aunque los conservadores han acogido con satisfacción el giro a la derecha de la Corte Suprema, una encuesta de Gallup informó el mes pasado de que la confianza de los estadounidenses en la Corte Suprema ha alcanzado un mínimo histórico del 25 por ciento, 11 puntos menos desde 2021.
“Los límites de mandato ayudarán a restaurar la credibilidad y la confianza en la corte suprema de nuestra nación”, dijo Blumenthal. «Apartada del pueblo y más politizada que nunca, la Corte Suprema seguirá enfrentando una crisis de legitimidad sin una reforma fundamental».
La legislación impondría un mecanismo complejo para regular los miembros de la corte superior.
Según un resumen proporcionado por Booker, un nuevo juez ocuparía el cargo cada dos años y pasaría 18 años en servicio activo. Los nombramientos de los nuevos jueces solo se permitirían en el primer y tercer año después de una elección presidencial. Los jueces jubilados ocuparían temporalmente la corte si el número de jueces es inferior a nueve.
Pero el analista legal conservador Curt Levey, presidente del Committee for Justice, dijo que el proyecto de ley—que según él se aplica a los jueces en funciones—era «descaradamente inconstitucional».
El artículo 3, sección 1 de la Constitución, establece que “los jueces, tanto de las cortes supremas como de las cortes inferiores, desempeñarán sus cargos con buena conducta”. La disposición de “buena conducta” se ha interpretado en el sentido de que los jueces federales, incluidos los jueces de la Corte Suprema, continúan ejerciendo sus funciones a menos que la Cámara de Representantes los impugne y el Senado los condene por «traición, soborno u otros altos delitos y faltas».
“Llenar” la corte cambiando el estatuto federal que establece el número de jueces en nueve “no sería inconstitucional, pero esto sería inconstitucional y claramente requiere una enmienda constitucional”, dijo Levey a The Epoch Times.
Los senadores que patrocinan el proyecto de ley muestran una “indiferencia, casi desprecio, por la Constitución” al presentar un proyecto de ley que “saben que es inconstitucional”.
Levey agregó que no se opone a la limitación de mandatos «pero tendría que hacerse de forma no partidista, lo que significa que no podría aplicarse a los jueces en activo, y probablemente no debería aplicarse en el resto del mandato presidencial».
«Si se puede aplicar a los jueces en ejercicio, o se puede aplicar al presidente actual, entonces se pueden ver motivaciones políticas», dijo. Pero si «solo se aplica en el futuro, a partir del próximo mandato presidencial, no estaría en contra».
“No creo que haya ninguna razón por la que los jueces tengan que ser vitalicios», dijo Levey. El «hecho de saber de que tendrían que volver al mundo real probablemente los haría mejores jueces».
La organización sin fines de lucro de Levey se describe a sí misma como “dedicada a restaurar la visión de los Fundadores de un poder judicial federal gobernado por el estado de derecho y anclado en la Constitución”.
El representante Hank Johnson (D-Ga.) presentó un proyecto de ley complementario conocido como HR 8550 la semana pasada en la Cámara de Representantes.
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