Los demócratas del Senado propusieron el 20 de junio una ley que derogaría una ley del siglo XIX que, según ellos, podría utilizarse para restringir el aborto y su forma en píldora.
La ley, conocida como Ley Comstock, prohíbe el envío por correo de diversos artículos, incluidos los destinados a provocar un aborto.
La senadora Catherine Cortez-Masto (D-Nev.), copatrocinadora del proyecto de derogación, dijo que «las mujeres no tenían derecho a votar ni a abrir sus propias cuentas bancarias» cuando se redactó la ley Comstock.
«Si se les da el poder, los republicanos antiabortistas han dejado claro que utilizarán esta ley de 150 años de antigüedad para promulgar una prohibición nacional del aborto sin la aprobación del Congreso o del pueblo estadounidense», dijo en un comunicado de prensa.
Su oficina señaló el Proyecto 2025, una hoja de ruta conservadora organizada por la Fundación Heritage para promover las políticas que el expresidente Donald Trump podría seguir si vuelve a ocupar la Casa Blanca.
El proyecto consiste en una «amplia coalición de organizaciones conservadoras que se han unido para asegurar que una administración exitosa comience en enero de 2025», según el sitio web del grupo.
Parte del Proyecto 2025 cita disposiciones (18 U.S.C. 1461 y 18 U.S.C. 1462) de la Ley Comstock para pedir a la Administración de Alimentos y Medicamentos que «deje de promover o aprobar los abortos por correo en violación de las leyes federales de larga data que prohíben el envío por correo y el transporte interestatal de medicamentos abortivos».
El expresidente Trump, por su parte, ha avanzado en general la idea de que los estados individuales deben tomar decisiones sobre el aborto.
La representante Becca Balint (D-Vt.) y sus colegas también presentaron un proyecto de ley complementario para derogar a Comstock en la Cámara. Es probable que la derogación tenga que subir una cuesta más empinada en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos.
Situación legal de la píldora abortiva
La píldora abortiva ha cobrado cada vez más importancia en el debate sobre el acceso al aborto desde que la Corte Suprema anuló el caso Roe contra Wade en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health. Al hacerlo, permitió a los estados crear un mosaico de acceso en todo el país, lo que dificulta a algunas mujeres llegar a las clínicas para someterse a procedimientos en persona.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) facilitó el acceso a la píldora cuando eliminó el requisito de dispensación en persona. Un grupo de médicos impugnó ante una corte federal la desregulación de la píldora por parte de la FDA, pero finalmente perdió ante la Corte Suprema en junio. Sin embargo, esa decisión no se pronunció sobre el fondo de las decisiones de la FDA, sino que rechazó la impugnación de los médicos porque, según la corte, carecían de legitimación.
Durante la audiencia oral de marzo, el juez de la Corte Suprema Samuel Alito sugirió que Comstock merecía al menos cierta atención por parte de la FDA. «No se trata de una extraña subdivisión de una complicada ley extraña», dijo. El juez Thomas también hizo múltiples preguntas sobre Comstock e indicó a Danco, el fabricante de Mifeprex, que sería «susceptible de un problema de la Ley Comstock».
Le dijo a Jessica Ellsworth, abogada de Danco, que la ley «cubre específicamente medicamentos como el suyo».
La Sra. Ellsworth respondió: «No estamos de acuerdo en que esa sea la interpretación correcta de la ley. … Este estatuto no se ha aplicado durante casi cien años, y yo, yo no creo que este caso presente una oportunidad para que esta corte opine sobre el alcance del estatuto».
Después de Dobbs, el Departamento de Justicia emitió un memorándum en el que afirmaba que Comstock «no prohíbe el envío, ni la entrega o recepción por correo, de mifepristona o misoprostol cuando el remitente carezca de la intención de que el destinatario de los fármacos los utilice de forma ilegal».
Y añadía que «independientemente de dónde se entreguen los fármacos, diversos usos de la mifepristona y el misoprostol tienen importantes fines médicos y son lícitos en virtud de la legislación federal y estatal».
En febrero, un grupo de 145 congresistas presentó un informe amicus argumentando que la FDA infringía la ley Comstock al permitir los abortos químicos por correo. También hacía referencia a una carta del senador James Lankford (R-Okla.) y docenas de otros miembros en la que decían al fiscal general Merrick Garland que el memorándum debía anularse.
«La distribución imprudente de fármacos abortivos por correo u otros medios de transporte a madres embarazadas que no han sido examinadas en persona por un médico no solo es peligrosa e insegura, sino criminal», decía la carta.
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