Los representantes demócratas de la Cámara presentaron una enmienda constitucional para anular la decisión de la Corte Suprema, que causó controversia en 2010, en el caso Citizens United vs. FEC.
La Corte dictaminó con 5-4 votos que la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda prohíbe al gobierno restringir los gastos independientes de las empresas para las campañas políticas y anuló una decisión anterior que prohibía a las empresas hacer «comunicaciones electorales.»
El representante Adam Schiff (D-Calif) dijo a través de un comunicado de prensa que él y sus colegas demócratas introdujeron la «Enmienda Democracia Para Todos» para «anular los precedentes legales que han permitido que el gasto de campaña sin restricciones y el dinero oscuro corrompan la democracia estadounidense». El legislador ha presentado la enmienda constitucional cada año desde 2013, según el comunicado.
«El flujo de dinero empresarial y oscuro sin restricciones en nuestras elecciones ha erosionado peligrosamente la fe del pueblo estadounidense en nuestra democracia y en la capacidad de nuestro gobierno para cumplir con ellos y sus familias», dijo Schiff en el comunicado de prensa. «Citizens United fue uno de los más atroces facilitadores del dinero de intereses especiales, pero apenas el último de una larga serie de casos tras la sentencia de la Corte Suprema, que abrió las compuertas. Para controlar el dinero negro, debemos enmendar nuestra Constitución».
Schiff dijo que la enmienda cerraría los «subterfugios legales» que, según él, permiten a «megadonantes ricos, corporaciones y grupos de intereses especiales» explotar el sistema político.
Citizens United vs. la Comisión Federal Electoral
Schiff dijo que la medida llega antes del 13º aniversario de la decisión, el 21 de enero, que según Associated Press se sentenció con una «Corte Suprema de EE. UU. amargamente dividida».
La sentencia «aumentó enormemente el poder de las grandes empresas y los sindicatos para influir en las decisiones del gobierno al darles libertad para gastar sus millones directamente para influir en las elecciones a la presidencia y al Congreso», informó la agencia AP.
La Ley Federal de Campañas Electorales prohibía a las empresas y sindicatos utilizar fondos generales para realizar comunicaciones electorales o discursos que abogaran expresamente por un candidato en unas elecciones federales, incluidas las emisiones de comunicaciones por cable o satélite que se distribuyan públicamente en los 30 días anteriores a unas elecciones primarias o en los 60 días anteriores a unas elecciones generales, según la FEC.
En enero de 2008, Citizens United, una organización sin ánimo de lucro, estrenó una película sobre la entonces senadora Hillary Clinton, antes de las elecciones primarias del Partido Demócrata de 2008.
El grupo quería pagar a las compañías de cable para que la película estuviera disponible gratuitamente a través de los servicios de vídeo, en los pedidos. la organización planeaba ponerla a disposición en los 30 días de las primarias, pero temía que quedara cubierta por la prohibición de la Ley, que según la FEC, podría haberles sometido a sanciones civiles y penales.
El grupo solicitó medidas declaratorias y cautelares contra la FEC, alegando que la Ley era inconstitucional. La Corte de Distrito denegó la medida cautelar y accedió a la petición de la Comisión de que se dictara una sentencia sumaria.
La Corte Suprema se declaró competente y consideró que estaba «obligada a examinar la validez visible» de la prohibición de la Ley en relación con la libertad de expresión.
La Corte sostuvo que la Ley era una prohibición de expresión y que «la expresión política debe prevalecer contra las leyes que la supriman, ya sea por diseño o por inadvertencia».
Asimismo, sostuvo que los requisitos de exención de responsabilidad y divulgación son «constitucionales en su aplicación tanto a la emisión de la película como a los anuncios que la promocionan, ya que los anuncios se consideran comunicaciones electorales».
Apoyo demócrata adicional
Schiff propuso la enmienda junto con los congresistas Dean Phillips ( D-Minn.), Pramila Jayapal (D-Wash.), y Jim McGovern (D-Mass.).
La enmienda también «abordaría los defectos fundamentales subyacentes en el razonamiento de la Corte en ese caso y en toda una línea de casos que se remontan a la decisión Buckley vs. Valeo de 1976, que impidió una regulación significativa de los gastos de campaña por parte de las empresas y los grupos de intereses especiales», se informa en el comunicado de prensa.
«Trece años después de que la Corte Suprema dictara la decisión, Citizens United, todavía estamos sintiendo sus efectos desastrosos, y estos están empeorando», dijo Tiffany Muller, presidenta de End Citizens United/Let America Vote Action Fund. «Cada año, vemos más y más dinero corporativo oscuro vertiéndose en nuestras elecciones, dejando que los multimillonarios y el mundo empresarial estadounidense compren influencia y poder en Washington».
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