Defensores de derechos humanos presentaron el jueves ante la fiscalía una denuncia penal contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por la muerte de al menos 34 personas durante la ola de protestas que desencadenaron violentos enfrentamientos en el país.
Alvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) presentó la denuncia contra Ortega, su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, la jefa de la Policía Nacional Aminta Granera y contra autoridades policiales de las localidades donde fueron reprimidas las protestas.
La acción presentada por la ANPDH junto a la Comisión Permanente de Derechos Humanos responsabiliza a las autoridades por los muertos, heridos y desaparecidos en las protestas.
Leiva explicó que la acción presentada ante el Ministerio Público insta también a la Asamblea Nacional (congreso) a levantar la inmunidad de Ortega y los otros acusados para que puedan enfrentar la denuncia en los tribunales.
El parlamento nicaragüense está ampliamente dominado por legisladores afines al gobernante Frente Sandinista (izquierda) de Ortega, por lo cual es poco probable que acceda a levantar la inmunidad al presidente y sus allegados.
La represión a las protestas iniciadas la semana pasada, debido a la reforma impuesta sobre la (quebrada) seguridad social del país, despertó fuertes condenas internacionales.
Leiva admitió la posibilidad de que la demanda presentada este jueves no prospere en la justicia de Nicaragua controlada por Ortega, pero dijo que en tal caso la llevaría a foros internacionales.
«En caso de que no proceda, que no se tome ninguna acción en Nicaragua, se está dando camino en los tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU», adelantó el activista.
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