El senador y exjuez brasileño Sergio Moro, quien en su etapa como magistrado encarceló al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, denunció que existe un «espíritu de persecución» contra aquellos que combatieron la corrupción en el país.
«Podemos ver claramente que hoy hay un poco de espíritu de persecución contra las personas que actuaron en la Operación Lava Jato, tal vez debido al Gobierno de Lula», afirmó Moro en una entrevista al diario Folha de São Paulo divulgada este domingo.
Como magistrado, Sergio Moro lideró los procesos en primera instancia del escándalo de corrupción destapado en la petrolera estatal Petrobras por la Operación Lava Jato, que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos, entre ellos a Lula.
Las condenas a Lula por corrupción fueron después anuladas por la Corte Suprema por un error de competencias judiciales y, posteriormente, todas las investigaciones en su contra acabaron archivadas en instancias inferiores.
El alto tribunal también declaró que Moro actuó de forma «parcial» en una de las causas contra Lula, que regresó al poder el 1 de enero de 2023.
El senador aún hoy es investigado por el Consejo Nacional de Justicia y será juzgado en el Supremo por una presunta calumnia contra uno de los once jueces de la máxima corte brasileña.
Recientemente, fue absuelto por la Justicia Electoral en otro proceso por abuso de poder económico en las elecciones legislativas de 2022, lo que hizo peligrar su escaño en la Cámara Alta.
Moro sostiene que han intentado anular su mandato «como represalia por el combate a la corrupción» que impulsó desde los juzgados.
«Nunca vi hasta ahora ninguna acusación contra mí que tenga un mínimo de consistencia», aseveró.
Moro, que dejó los juzgados para ser ministro de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), insistió en que contra todos los condenados de la Lava Jato «había prueba robustas» y subrayó que no se considera «enemigo personal» de Lula.
Asimismo, calificó de «mala» la gestión del jefe de Estado, al que le criticó no tener un proyecto de seguridad pública y estar «desmantelando la prevención del combate a la corrupción».
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