La estrella de la televisión peruana Andrés Hurtado, conocido popularmente como ‘Chibolín’, ha sido vinculado en una denuncia periodística con un caso de supuesto tráfico ilegal de oro y este lunes Migraciones alertó sobre su posible salida del país, a la vez que dos ministros han negado tener relación con él.
Hurtado, quien saltó a la fama como cómico y en los últimos años conducía un programa sabatino de ayuda social, fue vinculado por una denuncia periodística del canal Willax de haber intervenido a favor de una empresa familiar para recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.
La fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, fue señalada por el reportaje como la responsable de devolver el cargamento de oro, sin embargo, la representante del Ministerio Público negó los hechos y declaró el domingo que fue ‘emboscada’ por Hurtado.
A raíz de esa denuncia, la Fiscalía de la Nación puso en conocimiento de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público la supuesta falta de Peralta para que actúe de acuerdo a sus atribuciones.
Por su parte, Hurtado anunció el sábado, al final de su programa, que se ausentaría «dos o tres semanas» para resolver sus temas legales, al tiempo que la oficina de Migraciones alertaba a sus puestos de control para impedir la salida del país de la figura televisiva, así como de Peralta y los hermanos de la familia Siucho, dueños del negocio de compra y venta de oro.
En una alerta publicada este lunes, Migraciones informó a sus puestos de control fronterizo que se comunique a las autoridades si se presenta Hurtado en el lugar, bajo su identidad o bajo los seudónimos de ‘Chibolín’, ‘Camiuch’ y ‘Luz Gordita’.
Otro reportaje del canal Willax presentó el domingo el testimonio de un supuesto colaborador de la Fiscalía que denunciaba que Iván Siucho, gerente de la empresa en cuestión, se había reunido con los actuales ministros de Justicia, Eduardo Arana, y de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, para interceder a favor de sus actividades.
Demartini declaró este lunes a la emisora RPP que no mantenía con Hurtado «ningún trato ni vínculo amical ni comercial» y «mucho menos» con Siucho, dado que el supuesto colaborador afirmó que el ministro le había consultado sobre proveedores de alimentos para los programas sociales que maneja su cartera.
El ministro aclaró que no están «pidiendo ir a programas de espectáculos», sino que trabajan «con agencias de Naciones Unidas» para rechazar que haya solicitado alguna ayuda a Hurtado.
Demartini expresó que esos testimonios no son casuales, sino un hecho grave, que busca perjudicarlo, así como «perjudicar al gobierno y al sistema democrático».
A su vez, el ministro de Justicia pidió la destitución de la fiscal coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, Marita Barreto, por presuntamente haber admitido al colaborador que dio esos testimonios y que lo vinculaban con un supuesto trámite de nacionalización para uno de los integrantes de la familia Siucho.
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