La organización no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció este sábado una redada de la Policía de Nicaragua contra opositores del régimen de Daniel Ortega, que dejó como resultado al menos a cuatro personas arrestadas.
La redada ocurrió en las ciudades de Jinotepe y San Marcos, del departamento de Carazo, ubicado en el litoral Pacífico, a uno 60 kilómetros al sur de Managua, según la denuncia.
Los opositores arrestados en la ciudad de Jinotepe fueron identificados por los denunciantes como Luis Vindel, Walter Jiménez y Léster Silva, mientras que el capturado en San Marcos se llama Jairo Sequeira, de acuerdo con los nombres aportados por los testigos.
«Un grupo de oficiales de la Policía de Ortega ingresaron con lujo de violencia para detenerlo. Los operadores oficiales del régimen mantienen sitiada» su casa», informó la CPDH, sobre el caso específico de Vindel.
Fotografías de la casa de Vindel, que fueron compartidas por la CPDH, muestran la vivienda del opositor con señas de destrucción parcial.
Los familiares, quienes dijeron haber sido «amenazados de muerte» por la Policía si hacían la denuncia, sostuvieron que uno de los agentes dijo: «venimos a capturar a un terrorista».
La palabra «terrorista» es una de las que utiliza el oficialismo para referirse a los opositores.
En Nicaragua hay una estricta prohibición de muestras de rechazo hacia Ortega y su familia, así como a acciones como alzar la bandera del país, entonar el himno nacional, o los colores azul y blanco del pabellón oficial, a pesar de que la medida contradice la Constitución, según los expertos.
Al menos 65 personas permanecen en prisión por participar en protestas contra Ortega, según la Asociación de Familiares de Presos Políticos.
La CPDH ha advertido que la mayoría de los «presos políticos» son acusados de narcotráfico y otros delitos, para negarles cualquier opción de libertad.
Nicaragua atraviesa una grave crisis sociopolítica desde abril de 2018, cuando inició un levantamiento popular contra Ortega, que fue detenido con ataques armados contra ciudades rebeldes y ejecuciones extrajudiciales a opositores, según organismos humanitarios como la CPDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado a Ortega por la violencia en Nicaragua.
Dichos organismos cuentan 328 víctimas en 21 meses, las organizaciones locales suman hasta 651, mientras que Ortega admite 200 y dice defenderse de un «golpe de Estado fallido».
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