La Asociación de Víctimas de Abril (AVA) denunció este martes la desaparición de un reo «político» con síntomas del virus del PCCh (comúnmente conocido como nuevo coronavirus) en Nicaragua, quien fue retirado de su calabozo el pasado sábado, y a quien las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional no presentaron en la audiencia de juicio programada para esta mañana.
Uriel Pérez, considerado como un «preso político» del líder Daniel Ortega, fue visto por última vez el sábado pasado, cuando sufrió un desvanecimiento en la clínica médica de la cárcel «La Modelo», la mayor de Nicaragua, y hasta ahora no se sabe de su paradero, dijo a EFE la dirigente de AVA, Grethel Gómez.
Tras la suspensión de la audiencia contra el Pérez, sus familiares salieron de inmediato a preguntar por el convicto en diferentes hospitales de Managua, ya que la información sobre su paradero les fue negada por las autoridades judiciales y penales.
«No sabemos nada de él, ahorita estamos esperando en un centro de salud a ver si nos dan información, pero no podemos decir nada más», dijo a EFE, vía telefónica uno de los familiares del reo.
Al menos 23 «presos políticos» y una cantidad no determinada de reos comunes tienen síntomas similares a los de COVID-19 en «La Modelo», según denunciaron esta misma mañana un grupo de familiares de opositores detenidos.
En una denuncia atribuida a los reos comunes, estos señalan la muerte de al menos 9 convictos que creen fueron por COVID-19, pero hasta la semana pasada únicamente se había comprobado el deceso de dos, con problemas de salud parecidos a los de la pandemia.
La situación ha causado alarma entre los convictos, según Gómez, porque estos viven en hacinamiento, reciben agua racionada y de mala calidad, tienen condiciones higiénicas insalubres, y el acceso a la salud supuestamente es negado en la mayoría de casos.
Tanto la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han abogado por la situación de los convictos en Nicaragua, sin que hasta ahora sean escuchadas.
Los familiares insisten en que los 93 «presos políticos» que permanecen encerrados no deberían estar en la cárcel, ya que protestar contra Ortega, al que definen como «dictador», no es delito, y que las acusaciones por faltas comunes que les son atribuidos es una estrategia para eliminar a la disidencia.
Hasta ahora el régimen de Nicaragua no ha establecido restricciones para evitar la propagación de la pandemia, y recién admitió que la población tome algunas medidas personales de protección.
El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 contabilizó hasta este lunes al menos 1033 casos de contagio de la enfermedad, 1017 casos más que los reconocidos por las autoridades.
También reporta 188 muertes por neumonía y sospechosas de COVID-19 que han sido verificadas por el Observatorio.
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