Los promotores de una marcha opositora en Nicaragua, el comentarista político Jaime Arellano y el empresario José Dolores Blandino, denunciaron este sábado que la Policía Nacional les prohibió salir de sus casas.
Arellano dijo a periodistas que su vivienda amaneció rodeada de policías y que colocaron conos en las afueras de su garaje para impedir que saliera en su vehículo.
Aseguró que cuando increpó a los oficiales por esas medidas, uno de ellos le habría dicho: «Don Jaime, no puede salir, así que, por favor, vuelva a su casa».
Según Arellano, la orden de no dejarlo salir de su casa es una instrucción recibida por los oficiales de parte de sus superiores, aunque sin orden de detención.
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En tanto, Blandino denunció que su casa amaneció asediada por policías y en un tuit publicó: «Casa por cárcel. No soy delincuente, mi única arma en el Rosario», acompañada de fotografías en la que se observan oficiales en las afueras de su vivienda.
La hija del empresario Blandino es la modelo Xiomara Blandino, novia de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del líder Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo.
Otro que denunció asedio policial fue el periodista nicaragüense Emiliano Chamorro, del portal digital Portavoz Ciudadano.
Tanto Arellano como Blandino convocaron a una marcha para el próximo martes para exigir la liberación de al menos 61 opositores detenidos por protestar contra el régimen de Ortega, en el marco de la crisis que vive el país desde hace 22 meses.
Esa marcha está prevista salir a las 13.00 hora local (19.00 GMT) del martes de las afueras de un hotel de Managua, hasta la sede de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Marchas opositoras están prohibidas
La Policía Nacional mantiene prohibida las manifestaciones callejeras a la oposición desde septiembre de 2018, con el argumento de evitar disturbios.
Los sectores de la oposición han reconocido que retornar a las calles a ejercer presión contra el régimen no será fácil y han dicho que asumirán los riesgos y las consecuencias.
Diversos sectores contabilizan aún 61 opositores detenidos, que los califican como «presos políticos».
Sectores de la oposición y familiares de los manifestantes detenidos por protestar contra el régimen han acusado a la Policía Nacional y a la Fiscalía de inventar delitos contra los opositores, «sembrado drogas y armas», para presentar los casos como delitos comunes y evitar que sean llamados «presos políticos».
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el régimen reconoce 200.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ente tutelado por la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el régimen de Ortega, a quien atribuye incluso crímenes «de lesa humanidad» en medio de la crisis.
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