El colectivo Nicaragua Nunca Más denunció este sábado una «escalada represiva» contra sacerdotes en Nicaragua, donde en las últimas 48 horas al menos una docena de estos religiosos fueron detenidos arbitrariamente, «algunos de ellos con paradero desconocido y en situación de desaparición forzada».
«Desde diciembre de 2023, cuando fueron detenidos 12 sacerdotes, esta es la mayor arremetida contra la iglesia católica nicaragüense», dijo el colectivo Nicaragua Nunca Más en un comunicado fechado en San José de Costa Rica.
La organización señaló que la nueva arremetida del gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo está focalizada principalmente en la Diócesis de Matagalpa, al norte del país, cuyos encargados, monseñor Ulises Vega y el padre Edgard Sacasa, están entre los capturados.
A ellos se suman el padre Marlon Velásquez, el presbítero Francisco Tercero; los sacerdotes Jairo Pravia, Víctor Godoy, Antonio López y Salvador López; el padre de origen mexicano Raúl Francisco Villegas; el diácono Ervin Aguirre; y los frailes Silvio José Romero y Ramón Morras.
Esta docena de religiosos fueron «todos detenidos entre el 1 y el 2 de agosto de este año» y pertenecen a parroquias de la Diócesis de Matagalpa, de acuerdo con el comunicado del colectivo.
Nicaragua Nunca Más recordó que «desde 2018 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 419 organizaciones de la sociedad civil católicas y protestantes, siendo religiosos, religiosas católicas, trabajadores de organizaciones y medios católicas y feligresía los principales blancos de la violencia estatal».
Estos «abusos y violaciones sistematizadas se han documentado en diferentes informes emitidos por instancias internacionales», dijo el colectivo, que expresó su «preocupación por esta escalada represiva contra la iglesia».
«Exigimos la inmediata liberación de los sacerdotes detenidos, así como de las más de 140 personas presas políticas, entre ellas 25 mujeres. Insistimos a la comunidad internacional en su deber de protección e instamos a su acción frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas de manera sistemática por el régimen Ortega Murillo», añadió el colectivo.
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