La familia Chamorro Barrios denunció este jueves la confiscación de un condominio construido por la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) y sus cuatro hijos en el turístico balneario de San Juan del Sur, en el Pacífico nicaragüense.
El condominio ‘Farallón de Sotavento’ fue expropiado por orden del régimen que lidera Daniel Ortega en Nicaragua, según la denuncia.
«El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la mañana del pasado lunes 29 de enero la confiscación ilegal del condominio de apartamentos Farallón de Sotavento, construido por la familia Chamorro Barrios en San Juan del Sur», indicó la familia en la plataforma Confidencial, que dirige desde Costa Rica el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, uno de los cuatro hijos de la exmandataria.
La Policía, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega y Murillo, llegó al condominio y desalojó al personal de servicio que se encontraba en ese momento, y ocuparon la propiedad de forma permanente, de acuerdo con la denuncia.
«Los policías alegaron de forma verbal que estaban ejecutando órdenes de la Procuraduría General de la República, pero no presentaron ninguna notificación, orden de allanamiento, o documento de confiscación”, afirmó la familia Chamorro Barrios.
Ni el régimen, ni la Procuraduría ni la Policía han ofrecido su versión sobre esa denuncia de expropiación.
Un héroe nacional compró el terreno
El condominio ‘Farallón de Sotavento’, que incluía una casa veraniega familiar, está construido en un terreno que fue adquirido a finales de los años de la década de 1960 por el héroe nacional y periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado el 10 de enero de 1978 por sicarios de la dictadura somocista.
En 2007, la casa familiar se demolió y en ese terreno se construyó por voluntad y herencia de la expresidenta Violeta Barrios, viuda de Chamorro Cardenal, un condominio de cuatro apartamentos, y una segunda casa de servicio.
Los propietarios fundadores de la sociedad Farallón de Sotavento fueron Violeta Barrios de Chamorro y sus hijos Pedro Joaquín, Claudia Lucía, Cristiana y Carlos Fernando, todos Chamorro Barrios, en iguales porcentajes accionarios.
Posteriormente, doña Violeta, de 94 años y quien desde mediados de octubre pasado reside en Costa Rica bajo el cuidado de su familia y bajo atención médica, distribuyó sus acciones entre sus cuatro hijos, de forma proporcional, de acuerdo con la familia.
En 2017, Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Carlos Fernando Chamorro Barrios, ambos despojados de su nacionalidad hace un año y privados de sus bienes en Nicaragua, vendieron su porcentaje de la sociedad a otros dueños y cesaron su participación en la misma.
La confiscación es inconstitucional
La familia Chamorro Barrios recordó que el artículo 44 de la Constitución Política de la República prohíbe de forma taxativa la confiscación de bienes.
«Por lo tanto, este acto y otros que se han ejecutado al amparo de decretos confiscatorios de la dictadura como acciones de persecución y venganza política contra ciudadanos nicaragüenses, que han sido despojados de su nacionalidad, e incluso contra sus familiares, también son ilegales y representan un robo a su patrimonio familiar», subrayó.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua Rafael Solís, desnacionalizado y exiliado en Costa Rica, denunció esta semana que la policía se tomó el hotel «Casa Blanca”, ubicado también en la turística bahía de San Juan del Sur, y cuya propietaria es Rafaela Cerda, su madre.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que el líder Daniel Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como la número dos del régimen, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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