En las protestas sociales contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno colombiano han desaparecido al menos 89 personas, según las denuncias que ha recibido la Defensoría del Pueblo, que dijo este martes que hasta ahora solo dos de ellas han sido encontradas.
Las manifestaciones comenzaron el pasado miércoles y han dejado al menos 19 muertos y unos 800 heridos, por lo que Colombia está en la mira de organizaciones internacionales por la recurrente violación de derechos humanos y los abusos de la fuerza pública.
«La Defensoría del Pueblo registró unas quejas correspondientes a las presuntas desapariciones durante la protesta social convocada el 28 de abril y dio traslado de dicha información a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas», informó la entidad.
Igualmente, compartió el listado completo de las 87 personas que según las denuncias siguen desaparecidas.
Al menos 35 de ellas desaparecieron en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, epicentro de las protestas, y la vecina Palmira, región del suroeste donde también se han registrado la mayor cantidad de muertos durante las protestas.
También hay desaparecidos en Bogotá, Barranquilla y Medellín, y en el departamento del Quindío, situado en la zona cafetera del centro del país.
Las manifestaciones continuarán mañana, según la convocatoria del Comité Nacional del Paro, que anunció que pese a que el presidente Iván Duque anunció que el proyecto fiscal sería retirado «la gente, en las calles, está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria».
Ministerio de defensa no informa sobre muertos
Aunque la Defensoría del Pueblo confirmó la muerte de 19 personas durante las manifestaciones -18 civiles y un policía-, el Ministerio de Defensa ha eludido informar sobre los fallecimientos relacionados con las protestas.
El ministro Diego Molano se ha limitado a informar en ruedas de prensa sobre los capturados, daños a bienes públicos y privados, y ataques a la fuerza pública, mientras responsabiliza a grupos armados ilegales de instigar las movilizaciones, pero sin mencionar las pérdidas de vidas humanas.
Molano afirmó hoy que «se han registrado ataques a miembros de la fuerza pública, estaciones de policía, vehículos, bloqueos y otros hechos violentos que afectan a municipios del país».
Agregó que la fuerza pública «ha sido atacada con un registro de 579 policías lesionados, 464 uniformados tienen contusiones, 93 han sido heridos con arma cortopunzante, tres con arma de fuego y 15 por artefactos explosivos o acción incendiaria, de ellos 25 continúan hospitalizados».
Sin embargo, en el país hay un reclamo generalizado hacia el ministro por las graves denuncias que recaen sobre agentes de la Policía a los que se les ha visto incluso disparar a quemarropa contra manifestantes.
La Policía es objeto de serias acusaciones que incluyen ataques sexuales, violencia física y detenciones arbitrarias, y además ha sido señalada por la muerte de muchos manifestantes, en su mayoría gente joven.
La Campaña Defender la Libertad es Asunto de Todas, que reúne a varias organizaciones defensoras de derechos humanos, denunció hoy que 305 personas han resultado heridas «por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios)».
«Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante estas actuaciones arbitrarias y desproporcionadas que van en contra de los protocolos, normas y estándares internacionales sobre el accionar de la fuerza pública ante los escenarios de protesta social», afirmó el colectivo.
UE condena la violencia contra manifestantes
La Unión Europea (UE) condenó este martes la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas contra los manifestantes y pidió que se lleve ante la justicia a los responsables de la represión.
«La UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos», dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano.
Stano pidió poner fin a la escalada de la violencia y expresó la «confianza» de la UE en las instituciones colombianas para «investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos».
Las manifestaciones comenzaron en noviembre de 2019 en protesta por la reforma fiscal anunciada por el presidente Iván Duque y resurgieron la semana pasada, tras un año de pandemia que ha empobrecido a miles de familias colombianas.
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