El abogado y político venezolano Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente interino Juan Guaidó, cumplió 500 días en prisión sometido a «tratos crueles y degradantes» y bajo un arresto «arbitrario», denunciaron este domingo los detractores del Gobierno.
«Marrero está aislado y sometido a tratos crueles y degradantes», denunció en Twitter la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de notable mayoría opositora, además de alertar acerca de que se encuentra preso en el centro de detenciones El Helicoide, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), «de manera ilegal, con su salud cada vez más afectada».
Militante del partido Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López y en el que ha hecho casi toda su carrera política Guaidó, Marrero fue arrestado el 21 de marzo de 2019 por el Sebin durante un registro a su vivienda y está acusado por el Gobierno de Nicolás Maduro de liderar una célula terrorista que planeaba realizar ataques selectivos para crear «caos».
En este sentido, la AN destacó que, desde la detención del político, «se ha registrado una larga lista de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos» que comenzaron el mismo día de su arresto, cuando «funcionarios de Maduro irrumpieron en su casa y destrozaron todo lo que encontraron a su paso».
Además, recordaron que la jueza del caso fue destituida, «lo que causó la suspensión de las audiencias de manera indefinida» y ha puesto al jefe de despacho de Guaidó en un «limbo jurídico».
El Parlamento también recordó que se cumplen cuatro meses de la detención de Demóstenes Quijada, asesor de Guaidó, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), cuyos funcionarios «entraron a su casa durante un ilegal allanamiento, en la supuesta búsqueda de alguien con COVID-19».
«El caso de Demóstenes Quijada está repleto de ilegalidades y violaciones al debido proceso. La orden de allanamiento fue emitida luego de que fue realizado y su defensa legal no ha podido acceder a su expediente», afirmaron.
Finalmente, aseveraron que «se encuentra secuestrado en la DGCIM» y «desde hace cuatro meses nadie ha podido verlo ni asegurarse de su estado y si es sometido a tratos crueles e inhumanos».
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