La abogada nicaragüense y defensora de derechos humanos en el exilio, Martha Patricia Molina, denunció la semana pasada que el régimen de Nicaragua liderado por Daniel Ortega congeló el fondo de retiro de los sacerdotes jubilados impidiendo que los clérigos cobren sus pensiones.
Esta medida, según medios locales, podría estar afectando a más de 70 sacerdotes, quienes usan esos recursos para alimentarse o para comprar medicinas.
«Los sacerdotes mayores no están recibiendo sus pensiones del fondo nacional del seguro sacerdotal, producto de años de cotizar, debido al bloqueo de las cuentas bancarias a la Iglesia católica», escribió Molina, el pasado jueves.
La abogada nicaragüense explicó en una entrevista con el medio religioso Vida Nueva Digital, que el Fondo Nacional del Seguro Sacerdotal, no es un seguro de vida, sino que consiste en una aportación de USD 150 al año por parte de cada sacerdote, y la institución religiosa para la que trabaja aporta otros USD 150. De tal manera, por cada sacerdote ingresan al Fondo USD 300 anuales.
La abogada agregó que la colecta del miércoles de ceniza también va destinado al fondo. El dinero sale del fondo “para entregarle una pensión mensual a los mayores de 75 años, equivalente a USD 300, y de USD 150 a los mayores de 65 años”, dijo Molina al medio.
Pese a que medios independientes nicaragüenses estiman que el bloqueo del fondo de retiro para los sacerdotes jubilados podría afectar a más de 70 sacerdotes, el especialista en temas religiosos, Israel González, dijo al medio Despacho 505 que la cifra de sacerdotes afectados podría incluso sobrepasar la centena.
González aclara que esto se debe a que los sacerdotes ancianos únicamente optan por retirarse cuando ya no pueden caminar o se enferman, y agregó que incluso hay sacerdotes de 90 años que siguen en servicio, porque «mientras puedan servir, siguen”, dijo.
Pese a su debilidad, uno de los sacerdotes afectados de 84 años dijo al medio: «Dios siempre provee», y agregó, «Dios tiene misericordia de todos, incluso de quienes obran mal».
La Iglesia católica, que ha sido un símbolo de la resistencia en Nicaragua desde las protestas de 2018, fue objeto de la intensificación de la represión religiosa en 2022. El año pasado, el régimen de Ortega lanzó una campaña represiva a través de la Policía Nacional cerrando las emisoras católicas a nivel nacional, la confiscación de bienes eclesiásticos, y más recientemente, el bloqueo de cuentas bancarias personales de sacerdotes, el arresto a sacerdotes y la expulsión de religiosas extranjeras altruistas.
A fines de mayo, medios nicaragüenses informaron que el régimen de Ortega ordenó congelar las cuentas bancarias de la iglesia católica, aunque sin notificar la medida de manera oficial.
Semanas después, se supo que el régimen había congelado incluso las cuentas personales de sacerdotes de las diócesis de Granada, Jinotega, Estelí y León.
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