Denunciantes han alegado que el FBI llevó a cabo docenas de investigaciones sobre los padres estadounidenses que expresaron su oposición a los mandatos relacionados con el COVID-19 en las escuelas, y los etiquetó con una «etiqueta de amenaza», según afirmaron los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en una carta el miércoles.
Los representantes Jim Jordan (R-Ohio) y Mike Johnson (R-La.) escribieron en una carta al Departamento de Justicia (pdf) que los «valientes denunciantes» del FBI les habían informado de que la agencia supuestamente había creado una etiqueta de amenaza interna llamada «EDUOFFICIALS» en octubre de 2021 para rastrear las presuntas amenazas contra los consejos escolares, siguiendo una directiva del 4 de octubre del fiscal general Merrick Garland.
Esa directiva se produjo en respuesta a una solicitud de la Asociación Nacional de Consejos Escolares en la que se pedía que el gobierno federal utilizara las herramientas de lucha contra el terrorismo, incluida la Ley Patriota, para investigar a los padres en las reuniones de los consejos escolares, escribieron los representantes.
Dichas investigaciones presuntamente involucraban a padres que estaban «molestos por los mandatos de las mascarilla y a funcionarios electos del estado que expresaron públicamente su oposición a los mandatos de las vacunas», dijeron los legisladores.
«En un testimonio jurado ante este Comité, usted negó que el Departamento de Justicia o sus componentes estuvieran utilizando los estatutos y recursos de la lucha contra el terrorismo para atacar a los padres en las reuniones de los consejos escolares», escribieron los legisladores. «Ahora tenemos pruebas que [son] contrarias a su testimonio».
«Hemos sabido por valientes denunciantes que el FBI ha abierto investigaciones con la etiqueta de amenaza EDUOFFICIALS en casi todas las regiones del país y relacionadas con todo tipo de entornos educativos. La información que hemos recibido muestra cómo, como resultado directo de su directiva, las fuerzas de seguridad federales están utilizando recursos antiterroristas para investigar actividades protegidas por la Primera Enmienda».
Citando un comunicado de prensa que acompaña a la directiva de octubre para evaluar tales «amenazas», Jordan y Johnson dijeron que «destacó el Centro de Operaciones de Amenazas Nacionales del FBI [NTOC] para servir como una línea de soplones para las pistas sobre los padres en las reuniones del consejo escolar».
Los congresistas citaron múltiples ejemplos de incidentes en los que alguien denunció a un padre, incluido un caso en el que una oficina de campo del FBI entrevistó a una madre por presuntamente haber dicho a un consejo escolar local «vamos a por ustedes».
Esa denuncia, que llegó al FBI a través del NTOC, alegaba que la madre era una amenaza porque pertenecía a un «grupo de madres de derecha» conocido como «Moms for Liberty» y porque «es propietaria de un arma», dijeron.
Según su página web, Moms for Liberty es una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los padres en todos los niveles del gobierno.
Al ser entrevistada por el agente del FBI, la madre presuntamente dijo que estaba molesta con los mandatos de la junta escolar sobre las mascarillas y que «su declaración era una advertencia de que su organización trataría de reemplazar la junta escolar con nuevos miembros a través del proceso electoral».
Otro ejemplo de este tipo de investigación citado por los legisladores se refería a un padre que se oponía a las mascarillas.
Una vez más, la denuncia llegó a través del NTOC y alegó que el padre «encaja en el perfil de un insurrecto» porque «despotrica contra el gobierno», «cree en todas las teorías de la conspiración» y «tiene muchas armas y amenaza con usarlas», dijeron. El denunciante admitió más tarde que no tenían información específica de ningún delito o amenaza.
En otro caso, un funcionario del Partido Demócrata presuntamente denunció a funcionarios electos republicanos en un estado no identificado por afirmar que «incitaban a la violencia» porque expresaban públicamente su descontento con los mandatos de vacunación de los distritos escolares.
El FBI determinó posteriormente que ninguno de los casos constituía una amenaza y que no implicaban estatutos penales federales.
Sin embargo, Jordan y Johnson dijeron que los agentes del FBI habían «ejercido su limitado tiempo y recursos en la investigación de estas denuncias» y que ese tiempo y recursos de las fuerzas policiales podrían haberse desviado a otro lugar en «amenazas reales y apremiantes».
«Esta información de los denunciantes es sorprendente», escribieron los congresistas. «Usted ha sometido a estos padres y madres a la apertura de una investigación del FBI sobre ellos, a la creación de un expediente del FBI que incluye sus opiniones políticas y a la aplicación de una ‘etiqueta de amenaza’ a sus nombres como resultado directo del ejercicio de su derecho constitucional fundamental a hablar y defender a sus hijos».
Los congresistas señalaron que «los padres tienen un derecho indiscutible a dirigir la crianza y la educación de sus hijos, lo que incluye expresar su firme oposición a los planes de estudio controvertidos en las escuelas locales», y dijeron que la información de los denunciantes plantea «serias preocupaciones» de que el memorando de Garland del 4 de octubre «enfriará la actividad protegida por la Primera Enmienda, ya que los padres temerán, con razón, que su apasionada defensa de sus hijos podría dar lugar a una visita de la policía federal».
Los abogados han ordenado al fiscal general que presente inmediatamente todos los documentos y materiales identificados en su carta y que tome «medidas razonables» para preservar todos los «registros que respondan» al asunto.
Garland dijo anteriormente, durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en octubre de 2021, que las amenazas reales y concretas de violencia contra los funcionarios escolares «no están protegidas por la Primera Enmienda«, y que los funcionarios «no están investigando las protestas pacíficas o la participación de los padres en las reuniones del consejo escolar».
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina del fiscal general Merrick Garland para pedirle comentarios.
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