La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentará «en los próximos días» denuncias ante la Justicia ordinaria contra exfuncionarios de la Fiscalía por irregularidades en el proceso de garantía de no extradición del exintegrante de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich.
El informe de los magistrados de esta Justicia especial surgida del acuerdo de paz asegura que «se pudieron haber cometido delitos como obstrucción a la Justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio por las presuntas maniobras dilatorias en la entrega de información, pruebas y evidencias de parte de la Fiscalía a la JEP», informó este sábado esta Jurisdicción en un comunicado.
Santrich, que integró el último mando de las extintas FARC y murió en 2021, fue expulsado de la JEP tras abandonar el proceso y volver a la clandestinidad a las disidencias de la «Segunda Marquetalia», comandadas por también el exlíder de las FARC Iván Márquez.
Además, Santrich tenía una orden de extradición a Estados Unidos por los supuestos delitos de asociación para delinquir agravada y tráfico de estupefacientes, presuntamente cometidos entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir después de la firma del acuerdo de paz, que tuvo lugar en noviembre de 2016.
Por eso, Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando la petición de extradición, pero tras un tira y afloja en la Justicia colombiana, Santrich quedó finalmente libre y el 11 de junio de 2019 asumió un escaño en la Cámara de Representantes para el que fue designado por el partido FARC, ahora llamado Comunes y que surgió de la desmovilización de la antigua guerrilla.
A pesar de ello, el exguerrillero se escabulló semanas después para reaparecer en un video con Márquez anunciando su regreso a la lucha armada al frente de la Segunda Marquetalia, en referencia al caserío donde comenzaron las FARC hace más de medio siglo.
Después de su muerte han salido videos y documentos que apuntan a posibles injerencias extranjeras para supuestamente acusar a Santrich y torpedear el acuerdo de paz.
De hecho, la JEP reconoce en el comunicado que «fue víctima de interferencias, omisiones y actuaciones mal intencionadas, que por lo mismo deberán ser examinadas por las autoridades competentes a las cuales se les entregará la información recaudada».
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