La organización Acción Ciudadana denunciará ante la Fiscalía de El Salvador el uso ilegal de datos personales mediante una billetera digital del Gobierno, que otorga un bono en Bitcoin equivalente a 30 dólares para impulsar su uso.
Así lo informó este lunes a Efe el director de la organización, Eduardo Escobar, quien denunció recientemente en sus redes sociales que su información fue ingresada en la aplicación Chivo Wallet sin su consentimiento.
«Al constatar que se han usado sin autorización los datos personales, procedemos a interponer la denuncia a efectos de que quede constancia de las deficiencias que se están produciendo a partir de esta aplicación y el uso indebido de datos personales de mucha ciudadanía que ha denunciado el hecho», indicó Escobar.
Agregó que buscarán que «se investigue y se detenga este tipo de uso no autorizado, porque puede generar serios problemas para los derechos de las personas que están siendo suplantadas», dado que «se pueden usar también para actos ilícitos».
Escobar criticó «la irresponsabilidad del Gobierno de lanzar una aplicación que no reúne los requerimientos mínimos de seguridad para evitar suplantación».
«La aplicación del Gobierno no da las garantías de seguridad», subrayó.
Por su parte, la organización Cristosal lanzó un formulario en sus redes sociales para recabar las denuncias de suplantación de identidad en la referida aplicación.
También empresarios, periodistas y activistas de derechos humanos han señalado en las redes que sus datos fueron utilizados sin su autorización.
El medio local El Diario de Hoy afirmó el domingo en una publicación que recibió 200 denuncias en sus plataformas digitales, a las que se sumaron 74 recabadas por Cristosal y 56 de una activista de derechos humanos.
La Asociación Tracoda, que se dedica a impulsar la transparencia en El Salvador, señaló el jueves que «ha recibido múltiples quejas de usuarios que aseguran que han sido víctimas de suplantación de identidad».
De acuerdo con una publicación de El Faro, la billetera Chivo pertenece a una empresa privada creada hace 22 años por la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que cambió su nombre a Chivo S.A. de C.V. el 24 de agosto pasado y que tuvo una inversión inicial de 60 millones de dólares.
La Asamblea Legislativa le dio al Gobierno más de 200 millones para la adopción del Bitcoin, de los que se desconoce a detalle su uso.
De estos fondos se destinaron 150 millones de dólares a un fideicomiso -fondo- para que lo administrara el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal).
Recientemente, la Unidad de Acceso a la Información Pública de este banco declaró que no posee un expediente que aclare su relación con la empresa Chivo.
El 7 de septiembre pasado, el país centroamericano se convirtió en el primero del mundo en darle curso legal al más popular de los criptoactivos.
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