El Departamento de Estado publicó este miércoles un informe que acusa a los funcionarios del régimen cubano de cometer la mayoría de los abusos en contra de los derechos humanos. Entre los temas más importantes destaca el abuso de disidente políticos, las condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales así como los arrestos a prisioneros políticos.
Asimismo, el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha utilizado a la Policía Revolucionaria Nacional para “monitorear, infiltrarse y suprimir la actividad política independiente”. El Departamento de Estado señala que las fuerzas de seguridad se han encargado de agredir físicamente a los defensores de derechos humanos y a los disidentes políticos durante su detención y encarcelamiento, dejando sus crímenes en la impunidad.
A pesar de que la constitución cubana establece la libertad de expresión, el Partido Comunista de Cuba ha restringido severamente la libertad de prensa usando leyes de difamación en contra de las personas que critican su liderazgo que conllevan una pena desde 3 meses hasta 15 años de prisión.
El Decreto 349, vigente desde 2018, censura el arte y la cultura independientes y permite que los “inspectores y supervisores” revisen los eventos culturales para cerrar cualquier exhibición que se considere que viola la ley.
Trabajadores de gobierno, profesores universitarios, investigadores y estudiantes han sido obligados a dejar sus cargos por expresar sus ideas u opiniones al no ajustarse “a los objetivos de la sociedad socialista”.
Las restricciones al derecho de la reunión pacífica, la negación de la libertad de asociación y las severas restricciones a la libertad religiosa, son algunas de las limitaciones que sufre el pueblo cubano por el régimen autoritario.
De acuerdo con el informe del Departamento, Cuba se ha encargado de exportar sus mecanismos de represión a países como Venezuela y Nicaragua donde capacitan y apoyan a otras organizaciones en “el uso de tácticas represivas y abusos contra los derechos humanos”. Por ejemplo la participación de funcionarios cubanos en la formación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM), una organización del régimen chavista encargada de reprimir la disidencia y garantizar la lealtad al régimen de Nicolás Maduro.
El secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, quien hizo público este informe, señaló que Estados Unidos seguirá siendo líder en la promoción de los derechos humanos bajo la premisa «de que todos los seres humanos son creados iguales en derechos y en dignidad».
Por su parte Amnistía Internacional acusó al régimen en su informe anual 2019 de seguir “deteniendo arbitrariamente y encarcelando a artistas y periodistas independientes, así como a miembros de la oposición política”.
Lo organización de defensa de derechos humanos dijo que los seis presos de conciencia en cuba representan solo una parte de las personas que se encuentran recluidas por haber expresado pacíficamente sus opiniones y creencias.
AI señaló el caso del periodista Roberto Quiñones quien permanece recluido en una cárcel cubana tras ser acusado por “resistencia y desobediencia” mientras cubría un evento el año pasado. Así como el caso de José Daniel Ferrer, líder del grupo de oposición política Unión Patriótica de Cuba, quien permanece en prisión por una supuesta agresión que él y su organización niegan.
El reporte reitera que Cuba es el único país del continente americano que prohíbe la entrada de la organización y la mayoría de los observadores independientes de derechos humanos.
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