El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a otro activista provida, en lo que sería el más reciente caso de la administración Biden contra una persona que supuestamente intentó bloquear el acceso a una clínica de aborto.
Herb Geraghty, de Pensilvania, fue acusado de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas (FACE) y de conspirar para privar los derechos civiles, los mismos cargos presentados contra activistas que se reunieron en las clínicas de Washington y Tennessee.
Geraghty fue mencionado en una acusación sustitutiva (pdf) contra el grupo que supuestamente trató de bloquear en octubre de 2020 el acceso a la clínica de aborto Washington Surgi-Center, en Washington.
Geraghty está acusado de comunicarse con Lauren Handy, acusada anteriormente, para planificar el bloqueo de la instalación, según el Departamento de justicia (DOJ). Handy utilizó el dinero de una donación para pagar un Airbnb para ella y Geraghty, dicen los documentos de la acusación.
El grupo entró en la clínica y bloqueó su entrada con sus cuerpos y objetos como cadenas. Jonathan Darnel, otro de los acusados, supuestamente retransmitió en directo la situación y declaró que «Tenemos gente interviniendo físicamente con sus cuerpos para evitar que las mujeres entren en la clínica para asesinar a sus hijos».
A 10 acusados se le imputaron cargos por violar la Ley FACE, que prohíbe obstruir a las personas para que obtengan o proporcionen abortos. También se les acusó de conspiración en materia de derechos civiles, por supuestamente conspirar para restringir los derechos constitucionales de las personas. Cada uno se enfrenta a hasta 11 años de prisión si es condenado.
Geraghty responde
El 17 de octubre, Geraghty respondió a las acusaciones a través de las redes sociales.
Él dijo que las acusaciones contra él y los demás están motivadas por la política.
«Está claro que el gobierno de Biden pretende utilizar al Departamento de Justicia como arma contra los disidentes políticos», dijo Geraghty.
Once personas fueron acusadas en octubre por bloquear el acceso a una clínica en Tennessee en 2021. Algunos de los acusados también dijeron que se sienten injustamente atacados.
Geraghty agradeció a los partidarios, pero pidió a la gente que «nunca pierda de vista el hecho de que no importa lo que el estado me haga a mí o a los otros acusados, nunca se comparará con lo que permiten que los abortistas hagan a los niños».
«Los bebés no nacidos que siguen siendo asesinados cada día en este país, a pesar de la decisión de Dobbs, son las verdaderas víctimas. Estos niños ni siquiera tienen un juicio antes de ser ejecutados. Mientras ustedes rezan y exigen justicia para nosotros, NO dejen de trabajar por la justicia para ellos», añadió el activista provida.
Los partidarios están recaudando fondos para Geraghty en GiveSendGo.
Procesos judiciales poco comunes
La Ley FACE ha estado en los libros desde 1994, pero rara vez se había utilizado para procesar a los activistas provida. El grupo The Progressive Anti-Abortion Uprising, cuyo director de activismo estaba entre los que participaron en la acción en 2020, emitió una declaración después de la detención de Geraghty.
«Sin embargo, solo en el año 2022, bajo el Departamento de Justicia (DOJ) de Biden/Garland, han habido al menos 22 activistas pacíficos provida acusados bajo la ley», dijo el grupo.
El fiscal general, Merrick Garland, se hizo cargo del DOJ tras ser nombrado por el presidente Joe Biden.
El grupo de activistas se encuentra entre los que consideran que los cargos de conspiración de los derechos civiles van en contra de la decisión de la Corte Suprema, ya que al anularse Roe esto significa que el acceso al aborto ya no es un derecho constitucional.
En su reciente decisión en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el caso Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey.
Garland, en declaraciones preparadas en la Casa Blanca en julio, reconoció que la decisión efectivamente «eliminó un (…) derecho constitucional».
Pero dijo que el Departamento de Justicia «continuará aplicando la Ley FACE y protegiendo a los proveedores de atención médica y a las personas que buscan servicios de salud reproductiva en los estados donde esos servicios siguen siendo legales».
«El Grupo de Trabajo sobre Derechos Reproductivos del Departamento de Justicia, dirigido por la fiscal general asociada, Vanita Gupta, está vigilando atentamente las leyes estatales y las acciones de control para garantizar que los estados no infrinjan estas y otras protecciones de los derechos reproductivos», añadió Garland. «Cuando sepamos que los estados están infringiendo las protecciones federales, consideraremos todas las herramientas a nuestra disposición para afirmar esas protecciones».
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