El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes que creo un grupo de trabajo para «identificar formas de proteger el acceso» al aborto.
El «Grupo de Trabajo de Derechos Reproductivos» formaliza esfuerzos similares que ya estaban en marcha por el departamento y por un grupo de trabajo previo que participó hasta el 24 de junio cuando la Corte Suprema anuló de los fallos precedentes de Roe vs. Wade de 1973 y Planned Parenthood vs. Casey de 1992.
Roe vs. Wade prohibía a los estados impedir los abortos antes de que el feto se considerara «viable», es decir, alrededor de las 24 semanas de embarazo. Planned Parenthood vs. Casey reafirmó la sentencia de caso Roe y prohibió las leyes que suponen una «carga indebida» para la capacidad de una mujer de obtener un aborto. Las sentencias habían permitido en gran medida los abortos hasta las 24 semanas en todo el país durante unas cinco décadas, anulando las leyes estatales.
El grupo de trabajo «supervisará y evaluará toda la legislación estatal y local y las acciones de aplicación» sobre el aborto y «coordinará las respuestas apropiadas del gobierno federal, incluyendo acciones legales proactivas y defensivas cuando sea apropiado», dijo el Departamento de Justicia a través de un comunicado.
También pretende supervisar cualquier acción que «infrinja las protecciones legales federales relacionadas con la prestación o la búsqueda de atención reproductiva; perjudique la capacidad de las mujeres para buscar atención reproductiva en los estados donde es legal; perjudique la capacidad de las personas para informarse y asesorarse sobre la atención reproductiva que está disponible en otros estados; prohíba la utilización de la Mifepristona basándose en el desacuerdo con el juicio de los expertos de la FDA sobre su seguridad y eficacia; o imponga responsabilidad penal o civil a los empleados federales que prestan servicios de salud reproductiva de una manera autorizada por la ley federal».
La fiscal general adjunta, Vanita Gupta, presidirá el grupo de trabajo. Gupta dijo que la decisión de la Corte Suprema de anular los fallos de los casos Roe y Casey es «un golpe devastador para la libertad reproductiva» en el país.
«El Departamento de Justicia está comprometido a proteger el acceso a los servicios reproductivos», indicó la fiscal general en una declaración.
El departamento también dijo que está trabajando con las partes interesadas externas, incluidos los proveedores y defensores del aborto, así como los fiscales generales de los estados. Además planea centralizar los recursos legales en línea para ayudar a los abogados en su trabajo para proteger el acceso al aborto. Dichos recursos incluyen informes legales del Departamento de Justicia e información sobre la Ley de Libertad de Acceso a las Clínicas.
El grupo de trabajo a su vez trabajará para proporcionar asistencia técnica al Congreso sobre la legislación federal para «codificar los derechos reproductivos y garantizar el acceso a servicios reproductivos integrales», dijo el departamento. Asimismo, anunció que se coordinará para proporcionar asistencia técnica a los estados que pretendan proteger a las personas que buscan un aborto y a los proveedores.
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