Departamento de Justicia de Carolina del Norte no presentará cargos contra Mark Meadows

Por Caden Pearson
31 de diciembre de 2022 11:38 AM Actualizado: 31 de diciembre de 2022 11:38 AM

El Departamento de Justicia de Carolina del Norte anunció el viernes que no hay pruebas suficientes para acusar al exjefe de despacho de la Casa Blanca, Mark Meadows, en relación con un presunto fraude electoral en las elecciones de 2020.

La investigación del Departamento de Justicia (DOJ) del estado fue impulsada por un artículo de New Yorker que alegó que Meadows potencialmente cometió fraude electoral al escribir una dirección de Scaly Mountain, Carolina del Norte, en su formulario de registro como su residencia a partir del 20 de septiembre de 2020, tres semanas antes de finalizar el plazo de inscripción de votantes.

El artículo planteó además preguntas sobre si Meadows, que trabajó en la Casa Blanca durante la administración Trump, y su esposa residían realmente en la residencia o la utilizaban como medio para votar en las elecciones de Carolina del Norte.

En última instancia, la investigación determinó que no había pruebas suficientes para procesar a Meadows y a su esposa, Debra Meadows, por cargos de fraude electoral.

El Departamento de Justicia estatal concluyó que Meadows ejercía funciones públicas en Washington, D.C., por lo que podía acogerse a una excepción de residencia y que su esposa firmó un contrato de arrendamiento de un año de duración para la residencia de Scaly Mountain que les proporcionó su casero.

Además, Debra Meadows estuvo en Scaly Mountain y sus alrededores en octubre de 2020, según los registros de su teléfono móvil.

«Mi oficina ha llegado a la conclusión de que no hay pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad más allá de toda duda razonable contra el señor o la señora Meadows, por lo que mi oficina no procesará este caso», dijo el fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, en una declaración.

«Si sale a la luz más información relevante para las acusaciones de fraude electoral en cualquier investigación o procesamiento posterior por parte de las autoridades de otras jurisdicciones, nos reservamos el derecho de reabrir este asunto», agregó Stein.

Stein señaló que Meadows «hizo numerosas acusaciones infundadas y perjudiciales sobre el fraude electoral tanto antes como después de las elecciones de 2020», pero admitió que «ninguno de los asuntos relacionados con el 6 de enero, sin embargo, son relevantes para las acusaciones específicas de fraude electoral relacionadas con el Sr. y la Sra. Meadows que fueron remitidas a mi oficina para su revisión».

Orden del Gran Jurado

De otra parte, la alta corte de Carolina del Sur ordenó a Meadows el 29 de noviembre que testifique ante un gran jurado de Georgia que investiga una posible conducta indebida relacionada con las elecciones.

El fiscal de distrito del condado de Fulton, el demócrata Fani Willis, presentó un alegato ante una corte de Carolina del Sur alegando que Meadows es un «testigo material» en la investigación sobre sospechas de fraude en las elecciones presidenciales de 2020.

El fiscal Willis argumentó que Meadows debería ser interrogado en la pesquisa, citando su participación en una reunión el 21 de diciembre de 2020 con el expresidente Donald Trump y otras personas para discutir la certificación de los votos del Colegio Electoral de Georgia, así como su visita al día siguiente al Centro Cívico del Condado de Cobb en Marietta, donde se estaban cotejando las firmas de votos en ausencia.

Meadows trató de evitar testificar después de que el gran jurado emitiera las citaciones, alegando que no podía ser obligado a declarar porque el gran jurado especial no estaba llevando a cabo una investigación criminal. También alegó que él está protegido de declarar por el privilegio ejecutivo y que la ley de Carolina del Sur no se aplica a la solicitud de Georgia.

El juez Edward Miller, de la Corte de Circuito de Carolina del Sur, desestimó las alegaciones, dictaminando en octubre que «el testigo es material y necesario para la investigación y que el estado de Georgia se asegura de no causarle dificultades indebidas».

La sentencia de Miller fue confirmada por la Corte Suprema.


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