El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el jueves que presentó una demanda contra Texas y su secretario de estado. La impugnación se dirige a ítems de un proyecto de ley de reforma electoral que el gobernador Greg Abbott firmó como ley estatal en septiembre.
La querella (pdf) alega que la medida, también conocida como Proyecto de Ley 1 del Senado de Texas (SB1), viola la Sección 208 de la Ley de Derecho al Voto al «restringir indebidamente» la asistencia en la cabina electoral a los votantes con una discapacidad o que no saben leer o escribir, anunció el DOJ.
En concreto, las personas que asisten a los votantes que necesitan ayuda para rellenar su papeleta deben, según el SB1, prestar un juramento revisado más largo que tiene seis requisitos nuevos o revisados, incluida la eliminación del lenguaje anterior sobre la respuesta a las preguntas de los votantes.
En la demanda, el DOJ alega que, al requerir el juramento revisado, la medida «prohíbe a los asistentes responder a las preguntas de un votante, explicar el proceso de votación, parafrasear un lenguaje complejo y brindar otras formas de asistencia electoral que algunos votantes calificados requieren para emitir un voto informado y voto efectivo».
La querella del DOJ también dice que SB1 viola la Sección 101 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 porque requiere que las boletas y los formularios de solicitud de boletas por correo sean rechazados si hay ciertos errores u omisiones en el papeleo que el DOJ dice que “no son materiales para establecer una elegibilidad para emitir un voto».
Específicamente, SB1 requiere nuevos requisitos de número de identificación tanto para las solicitudes de boleta por correo como para los sobres de portadores de boletas por correo; los votantes deben proporcionar el número de su licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. El DOJ reconoció en la demanda que antes de la SB1, Texas «no requería un número de documento de identificación o un número de seguro social parcial para establecer las calificaciones para votar en una elección o para emitir un voto por correo».
El Departamento de Justicia dice que tales requisitos significan que las boletas tienen una mayor probabilidad de ser rechazadas por error, rechazando así a algunos votantes elegibles.
La demanda solicita al tribunal que le prohíba a Texas hacer cumplir las dos disposiciones.
«Nuestra democracia depende del derecho de los votantes elegibles a emitir su voto y a que se cuente», dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado. “El Departamento de Justicia seguirá utilizando todas las autoridades a su disposición para proteger este pilar fundamental de nuestra sociedad”.
Kristen Clarke, subsecretaria de Justicia de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia dijo que está «comprometida con la protección del derecho fundamental al voto de todos los estadounidenses».
“Las leyes que impiden el acceso de los ciudadanos elegibles a las urnas no tienen cabida en nuestra democracia. Las restricciones de la SB1 de Texas sobre la asistencia a los votantes en las urnas y sobre las cuales los funcionarios electorales pueden aceptar las boletas en ausencia emitidas por los votantes elegibles son ilegales e indefendibles”, dijo Clarke en un comunicado.
Los republicanos controlan tanto las cámaras legislativas en Texas como la gobernación del estado.
En respuesta a la demanda, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, escribió: “Biden hostiga la SB1 de Texas, nuestra ley de integridad electoral promulgada recientemente. Es un proyecto de ley excelente y muy necesario. Garantizar que Texas tenga elecciones seguras, protegidas y transparentes es una de mis principales prioridades. ¡Te veré en la corte, Biden!».
Abbott y otros republicanos de Texas han dicho que la medida de reforma electoral facilita que las personas emitan sus votos al tiempo que fortalecen la integridad electoral.
La medida fue uno de varios proyectos de ley que llevaron a 52 demócratas de la Cámara de Representantes de Texas a huir del estado en julio para negarle a los republicanos el quórum legislativo necesario para llevar a cabo los asuntos del estado. Tres demócratas regresaron a Texas a fines de agosto, lo suficiente para lograr un quórum, poniendo fin a un estancamiento legislativo de 38 días, o más de cinco semanas.
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