El Departamento de Justicia anunció que programó otras dos ejecuciones federales de asesinos convictos solo unas semanas después que el departamento llevara a cabo con éxito su primera ejecución tras una interrupción de 17 años.
William Emmett LeCroy y Christopher Andre Vialva están programados para morir por inyección letal en septiembre en la Penitenciaría de EE.UU. en Terre Haute, Indiana, dijo el departamento el viernes.
LeCroy, de 50 años, de Georgia fue condenado por violar y asesinar en 2001 a Joann Lee Tiesler, una enfermera de 30 años. Los fiscales dijeron que LeCroy entró en la casa de Tiesler y la atacó cuando volvió a casa, estrangulándola y violándola. Luego le cortó la garganta y la apuñaló por la espalda cinco veces antes de robar el coche de la enfermera. Fue atrapado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
Un jurado de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, encontró a LeCroy culpable de robo de auto como resultado de muerte en 2004 y recomendó una sentencia de muerte. Su condena y sentencia también fueron confirmadas en la apelación. Su ejecución está prevista para el 22 de septiembre.
Mientras tanto, Vialva, de 40 años, fue condenado por el secuestro y asesinato en 1999 de dos jóvenes ministros, Todd y Stacie Bagley, en Texas. Vialva y sus cómplices son miembros de una pandilla local de Killeen, Texas, que planeaban cometer un robo. Se acercaron a Todd Bagley, que usaba un teléfono público, y le pidieron que los llevara. Durante el viaje, Vialva sacó una pistola, obligó a los Bagley a meterse en el maletero y condujo durante varias horas, deteniéndose en los cajeros automáticos para retirar dinero de la cuenta bancaria de la pareja, lo que no tuvo éxito porque la pareja tenía menos de 100 dólares en depósitos. Los hombres también intentaron empeñar el anillo de bodas de Stacie.
Mientras estaban encerrados en el maletero, la pareja trató de hablar con sus secuestradores sobre su fe y suplicaron por sus vidas. Más tarde ese día, Vialva y varios cómplices condujeron a un lugar aislado en la reserva militar de Fort Hood, Texas, donde procedieron a rociar el coche de Bagley con líquido para encendedores mientras la pareja cantaba y rezaba. Vialva disparó entonces a Todd Bagley en la cabeza, matándolo al instante, y disparó a Stacie Bagley en la cara, dejándola inconsciente. Finalmente murió por inhalación de humo después que los hombres prendieran fuego al coche.
Vialva y uno de sus cómplices fueron juzgados conjuntamente y declarados culpables y sentenciados a muerte por los asesinatos. La ejecución de Vialva está programada para el 24 de septiembre.
El anuncio del Departamento de Justicia tiene lugar después que el gobierno federal llevó a cabo con éxito tres ejecuciones federales en julio, después de luchar contra las impugnaciones legales de última hora. Otras dos personas condenadas a muerte —Lezmond Mitchell y Keith Dwayne Nelson— están programadas para ser ejecutadas en agosto.
La administración Trump fue criticada por programar las ejecuciones durante la pandemia, y los críticos dicen que la programación no tuvo en cuenta la seguridad y la salud de los implicados. Mientras tanto, los grupos en contra de la pena de muerte, religiosos y otros, criticaron la decisión de reanudar la pena de muerte después de la pausa de 17 años por motivos morales y religiosos. La administración ha dicho que la reanudación de la pena de muerte era una forma de hacer justicia a las víctimas y a los familiares.
El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Jeffrey A. Rosen, escribió en un reciente artículo de opinión, publicado en el New York Times, que la decisión como cuestión jurídica es clara, ya que la Constitución de Estados Unidos contempla expresamente los delitos capitales y el Congreso autorizó la pena de muerte para los delitos federales graves. Añadió que el Departamento de Justicia también tiene la obligación de cumplir la ley.
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