El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el martes que tomó medidas contra empresas de telecomunicaciones que supuestamente facilitaban llamadas pregrabadas fraudulentas, en lo que sería la primera operación de aplicación de la ley de este tipo por parte del departamento.
Los funcionarios del DOJ dijeron en un comunicado de prensa que habían presentado acciones civiles por órdenes de restricción temporal en dos casos separados para bloquear las llamadas salientes de cinco compañías y tres individuos. Los funcionarios acusaron a los demandados de ser responsables de llevar a cabo cientos de millones de llamadas pregrabadas, lo que provocó importantes pérdidas financieras a personas mayores y las víctimas vulnerables en todo el país.
Las empresas de Arizona, objeto de las medidas de aplicación de la ley, son TollFreeDeals.com y SIP Retail, y sus propietarios-operadores son Nicholas Palumbo y Natasha Palumbo. Además, tres empresas con sede en Nueva York, Global Voicecom Inc., Global Telecommunication Services Inc. y KAT Telecom Inc. y su propietario-operador, Jon Kahen.
El departamento pidió una orden para ambos casos el martes por la mañana, y un tribunal federal ya concedió la orden de restricción temporal contra los acusados de Nueva York, dijeron los funcionarios.
«Las llamadas pregrabadas son una molestia para muchos estadounidenses, y las que son fraudulentas y depredadoras son un problema grave, que a menudo causan un daño financiero devastador a los ancianos y miembros vulnerables de nuestra sociedad», declaró el asistente del fiscal general, Jody Hunt, para la División Civil del Departamento de Justicia.
Los funcionarios alegaron que las empresas operaban como «portadoras de puerta de enlace» que servían como punto de entrada para las llamadas iniciadas en el extranjero al sistema de telecomunicaciones de los Estados Unidos usando la voz sobre el protocolo de Internet (VoIP). Numerosas organizaciones delictivas con sede en el extranjero han utilizado presuntamente esos portadores para pasar llamadas fraudulentas de robo, la mayoría de las cuales procedían de la India a víctimas estadounidenses.
Las víctimas recibían llamadas que las amenazaban con diferentes tipos de «medidas gubernamentales catastróficas», como la terminación de las prestaciones de la seguridad social, el arresto por supuesto fraude fiscal, así como la deportación por supuesto incumplimiento de la obligación de rellenar correctamente los formularios de inmigración.
Estas llamadas, dijeron los funcionarios, están diseñadas para asustar a las víctimas para que paguen grandes cantidades de dinero a los estafadores y así evitar supuestas acciones gubernamentales.
Los funcionarios también dicen que las compañías llevaron «números astronómicos» de llamadas en períodos cortos. En un ejemplo, la denuncia contra TollFreeDeals.com acusaba a los demandados de facilitar 720 millones de llamadas durante un período de muestra de 23 días. Más de 425 millones de esas llamadas duraron menos de un segundo, lo que indicaba que eran llamadas pregrabadas.
El departamento dijo que previamente habían advertido a las empresas en numerosas ocasiones que estaban facilitando llamadas pregrabadas fraudulentas, sin embargo, las empresas seguían realizando esas llamadas.
Las compañías Global Voicecom, TollFreeDeals.com y SIP Retail no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
El año pasado, se hicieron 58.5 billones de llamadas pregrabadas, de acuerdo con los datos recogidos por el índice de llamadas pregrabadas de Youmail. El Congreso aprobó una legislación bipartidista, la Ley de Aplicación Penal y Disuasión del Abuso del Teléfono Pallone-Thune, también conocido como la TRACED Act, diseñada para proteger a los consumidores americanos de llamadas intrusivas.
El anuncio del Departamento de Justicia se hizo junto con funcionarios de la Administración de la Seguridad Social, el Servicio Postal de los Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York.
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