La administración Trump se unió a Arkansas en la presentación de documentos ante la Corte Suprema pidiéndole que restablezca los requisitos de trabajo de Medicaid en el «estado natural» que fueron bloqueados por un tribunal federal de apelaciones.
Medicaid es un programa conjunto federal-estatal que sirve a personas de bajos ingresos de todas las edades y varía de un estado a otro. Está dirigido por los gobiernos estatales y locales dentro de las directrices federales. Cada estado establece sus propias reglas sobre la elegibilidad y los servicios. Aunque por lo general los pacientes no tienen que pagar los gastos médicos cubiertos, a veces se requiere un pequeño copago.
Los requisitos de trabajo de Medicaid han sido una prioridad de la agenda de atención médica de la administración Trump. Bajo el Obamacare, los estados tenían la opción de expandir Medicaid a los adultos de bajos ingresos sin hijos que no calificaban para el programa anteriormente.
La administración Trump dice que los adultos «aptos» deberían tener que trabajar, y que Medicaid debería atender a los niños, mujeres embarazadas, adultos discapacitados y residentes con ingresos muy bajos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) argumentó en una presentación ante el tribunal superior el 14 de julio que el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito del Distrito de Columbia se equivocó en un fallo de febrero al impedir que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE.UU. aprobara los requisitos de trabajo en Arkansas. El nuevo caso se cita como Azar v. Gresham.
El fallo del Tribunal de Circuito de D.C. anuló un proyecto experimental en Arkansas llamado Arkansas Works Medicaid Demonstration Project, que pedía a los beneficiarios que trabajen, vayan a la escuela o sean voluntarios para ser cubiertos por Medicaid.
Según el DOJ, la decisión de la corte de apelaciones que confirmó una decisión de la corte inferior determinó que la aprobación de los requisitos de trabajo por parte del HHS fue «arbitrario y caprichoso», y «refleja una mala interpretación fundamental del texto y el contexto reglamentario».
La corte de apelaciones encontró que las aprobaciones del programa por parte del HHS violaron la ley. Esa corte declaró que «el objetivo principal de Medicaid es proporcionar cobertura de atención médica», y que el HHS no había considerado adecuadamente si los proyectos avanzarían ese objetivo.
La administración Trump dice que los requisitos de trabajo ayudan a un estado a extender sus recursos limitados de Medicaid.
El Procurador General interino de EE.UU. Jeffrey B. Wall, dijo en la petición del gobierno federal que la Ley del Seguro Social «autoriza al Secretario de Salud y Servicios Humanos a aprobar ‘cualquier proyecto experimental, piloto o de demostración’ propuesto por un Estado que, «a juicio del Secretario, es probable que ayude a promover los objetivos’ del programa Medicaid».
«Ejerciendo esa autoridad, el Secretario aprobó proyectos de demostración en Arkansas y New Hampshire diseñados para probar si ciertos requisitos promueven esos objetivos al exigir que ciertos adultos en edad laboral y no discapacitados participen en actividades laborales o de desarrollo de habilidades (como capacitación de habilidades laborales o educación general) como una condición de elegibilidad continua para los beneficios de Medicaid».
El secretario del HHS encontró que los requisitos «pueden ayudar a los beneficiarios a hacer la transición a una cobertura comercial patrocinada por el empleador o subsidiada por el gobierno federal y pueden mejorar la salud del beneficiario, lo que, a su vez, puede ayudar a los Estados a conservar los recursos que pueden redirigirse para proporcionar otra cobertura».
Los críticos atacaron rápidamente a la administración de Trump, acusándola de crueldad en tiempos difíciles.
El columnista del Los Angeles Times, Michael Hiltzik, escribió que la administración «duplicó su intención de imponer requisitos de trabajo a los beneficiarios de Medicaid».
«Esto entra en la categoría de pasar desapercibido en un desastre de dos partes: la propagación de COVID-19 y una tasa de desempleo que está alcanzando niveles en todo el país que no se veían desde la Gran Depresión».
Más de 18,000 personas fueron retiradas de las listas de Medicaid en Arkansas en los cinco meses que el llamado requisito de «workfare» funcionó antes de que el tribunal de apelaciones los suspendiera, informó el periódico The Hill.
La fiscal general de Arkansas, Leslie Rutledge, una republicana, también presentó una petición en nombre de su estado, pidiendo al tribunal superior que revisara la invalidación del Proyecto Arkansas Works Medicaid Demonstration, por parte del tribunal de apelaciones.
«El modelo de Arkansas Works fue diseñado para alentar a los ciudadanos de Arkansas no dependientes a hacer la transición a la fuerza laboral, construyendo una conexión más fuerte y resistente con sus comunidades», dijo Rutledge en un comunicado de prensa.
«Agradezco al fiscal general Bill Barr por escucharnos la semana pasada en Arkansas sobre este tema y ( ..) por pedir a la Corte Suprema que permitiera que nuestro programa piloto continuara como una forma de apoyar a los residentes de Arkansas, permitiendo a los receptores obtener empleo a cambio de beneficios de Medicaid y crear una sensación de logro al mejorar su salud y su independencia financiera».
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