El Departamento de Justicia (DOJ) de la administración Biden acusó a más de 3400 personas por delitos federales y ha recuperado más de 1400 millones de dólares en fondos de ayuda por COVID-19 robados durante los últimos tres años, según un informe recientemente publicado.
El informe, publicado el 9 de abril por el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 (CFETF) del Departamento de Justicia, también señaló que el grupo ha presentado más de 400 demandas civiles desde su creación en 2021, lo que ha resultado en sentencias judiciales y acuerdos por más de 100 millones de dólares.
Esa cifra apenas toca la superficie de los 283,000 millones de dólares estimados que los funcionarios creen que los estafadores recaudaron del programa de ayuda pandémica del entonces presidente Donald Trump y del presidente Joe Biden.
Poniendo en alto su progreso en el último informe, el DOJ dijo que el CFETF tuvo éxito en rastrear y recuperar los fondos robados después de establecer un «programa integral» para identificar el fraude, recuperar activos y responsabilizar a los defraudadores.
Ese programa incluyó la creación de cinco “fuerzas de ataque” fiscales contra el fraude en programas contra el COVID-19. Los grupos tienen sus sedes en California, Colorado, Maryland, Nueva Jersey y Florida. Según el Departamento de Justicia, todos recibieron financiación específica para perseguir el fraude pandémico.
También se creó el primer «Grupo de Trabajo Nacional contra el Fraude en el Seguro de Desempleo», que utiliza datos de las agencias estatales de empleo y de la Administración de Pequeñas Empresas para localizar a quienes se aprovecharon de los programas de ayuda pandémica.
Por otra parte, en los últimos tres años, el CFETF ha creado un «Centro de Excelencia de Análisis de Pandemias» que utiliza «sofisticados productos de datos para detectar y disuadir el fraude pandémico en múltiples agencias gubernamentales», según el informe.
El grupo de trabajo enfrenta «numerosos desafíos»
“El grupo de trabajo dinamiza los esfuerzos para investigar y procesar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de esfuerzos de aplicación de la ley anteriores”, según el informe.
Si bien el CFETF ha logrado “progresos significativos” en la identificación, investigación y castigo de los estafadores del programa de ayuda por COVID-19, los funcionarios señalaron que aún queda una cantidad sustancial de trabajo frente a “numerosos desafíos”.
En su informe, el CFETF señaló que algunos objetivos de la investigación quedan por fuera del plazo de prescripción, lo que arroja dudas sobre su capacidad para responsabilizar a los individuos.
Además, la financiación para la lucha contra el fraude en los programas de ayuda por el COVID-19 se agotará el próximo año, y el ajuste de los presupuestos en todo el gobierno federal ha dejado al grupo de trabajo en una situación difícil.
Los demócratas proponen aumentar la financiación
Como resultado, tanto el Departamento de Justicia como la Casa Blanca están instando al Congreso a aprobar una legislación recientemente introducida, conocida como Ley de Recuperación y Prevención del Fraude, que, según dicen, garantizará que el grupo de trabajo pueda continuar.
La medida, presentada por los demócratas del Senado, incluido el presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, Gary Peters (D-Mich.), el presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin (D-Ill.), y el presidente de Finanzas del Senado, Ron Wyden (D-Ore. ), “tomaría medidas enérgicas contra el fraude pandémico sistémico en todos los programas gubernamentales y ayudaría a las víctimas del robo de identidad a recuperarse”, según un comunicado de la Casa Blanca.
El proyecto de ley incluye propuestas como triplicar la financiación a 300 millones de dólares a las fuerzas de ataque de la fiscalía contra el fraude en programas contra el COVID-19 y aumentar el límite de las sanciones en casos de fraude civil de 150,000 a 1 millón de dólares.
La medida también ampliaría el plazo de prescripción del fraude del seguro de desempleo pandémico de cinco años a 10 años y proporcionaría al grupo de trabajo 75 millones de dólares para crear un sistema de verificación de números de Seguro Social destinado a prevenir el robo de identidad, según la Casa Blanca.
«Ha llegado el momento de garantizar que las fuerzas del orden dispongan de lo necesario para terminar el trabajo», declaró la vicefiscal general Lisa Monaco en un comunicado. «Hay que ampliar el plazo de prescripción y asegurar la financiación necesaria y las herramientas de análisis de datos para que nuestros fiscales recuperen cientos de millones de dólares más en ingresos por fraude, lleven ante la justicia a los delincuentes restantes y desarticulen las redes criminales que siguen victimizando a nuestros ciudadanos”.
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