Un juez federal vetó el miércoles una ley en Tennessee la cual requería que las mujeres que solicitaran abortos en el estado se sometieran a un período de espera de 48 horas, calificándola de «gratuitamente degradante».
La ley, que entró en vigor en 2015, requería que las mujeres recibieran asesoramiento en persona de los proveedores de abortos y esperaran al menos 2 días antes de abortar.
La legislación dice que el período de espera es «para asegurar que el consentimiento para un aborto sea realmente un consentimiento informado». A su vez indicaba que «no se podrá realizar o inducir un aborto a una mujer embarazada a menos que primero haya sido informada verbalmente y en persona por el médico que va a realizar el aborto, o por el médico que la remitió, de los siguientes hechos y haya firmado un formulario de consentimiento reconociendo que fue informada».
La ley fue impugnada por varias organizaciones, entre ellas el Center for Reproductive Rights and the Planned Parenthood Federation of America o PPFA (Centro de Derechos Reproductivos y la Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos).
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Bernard Friedman, escribió en su decisión que la ley «impone numerosas cargas que, en conjunto, ponen en riesgo la salud y el bienestar físico y psicológico de las mujeres».
«Las cargas afectan especialmente a las mujeres de bajos ingresos, que constituyen la gran mayoría de las que buscan un aborto».
«La sugerencia de los demandados de que las mujeres son demasiado emotivas y que se les debe exigir que se calmen o se tranquilicen antes de someterse a un procedimiento médico que han decidido que quieren tener y que tienen derecho constitucional a tener, es muy insultante y paternalista y más aún si se tiene en cuenta que esos períodos de espera no se aplican a los hombres», continuó Friedman.
«Es evidente que este período de espera supone una carga excesiva para el derecho de las mujeres al aborto y es una afrenta a su ‘dignidad y autonomía’, ‘personalidad’ y ‘destino’, y a la ‘concepción de (…) [su] lugar en la sociedad'».
Samantha Fisher, portavoz del fiscal general de Tennessee, dijo que la oficina estaba decepcionada por el fallo.
«Estamos decepcionados con el fallo que llega un año después del juicio y 5 años después de que la ley fuera aprobada por nuestros representantes electos», dijo Fisher en una declaración a los medios de comunicación el miércoles. «Estamos evaluando los próximos pasos, incluyendo la apelación de la orden».
Brian Harris, presidente de Tennessee Right to Life, dijo que la decisión del juez es una «bofetada a las mujeres de Tennessee que son vulnerables al aborto» y «una afrenta a los votantes de Tennessee que aprobaron una enmienda constitucional en 2014 en la que permitir un corto período de espera era un factor clave».
«Nuestra organización sigue comprometida a ver un estatuto similar redactado y aplicado durante la próxima sesión legislativa», dijo en una declaración.
«Esta ley sobre el período de espera fue redactada en consulta con eruditos legales de renombre nacional con el fin de reflejar leyes similares en todo el país», dijo Will Brewer, consejero legal y enlace legislativo de Tennessee Right to Life, en una declaración. «No tenemos ninguna duda de que el Sexto Circuito revocará rápidamente el fallo del juez Friedman».
El grupo provida señaló que durante las audiencias de la corte en 2019, la Dra. Priscilla Coleman, profesora de desarrollo humano y estudios familiares de la Universidad Estatal Bowling Green, testificó que entre el 25 y el 40 por ciento de las mujeres que buscan un aborto llegan a la institución sin decidirse. Coleman dijo que su investigación encontró que la información y el tiempo benefician a las mujeres.
Según el Guttmacher Institute, aproximadamente la mitad de los estados de EE.UU. exigen que las mujeres que buscan un aborto se sometan a un período de espera antes de proceder.
El Centro de Derechos Reproductivos dijo el miércoles que también está desafiando leyes similares en Arizona, Florida, Louisiana, Mississippi y Oklahoma.
Con información de Mimi Nguyen Ly y Reuters
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