El gobernador de Florida, Ron DeSantis, no está obligado a testificar en un próximo juicio, dictaminó un juez estadounidense.
El caso fue presentado en agosto por Andrew Warren, un fiscal de Florida suspendido por DeSantis por decir que no aplicaría algunas leyes. Warren alegó que la suspensión violaba sus derechos de la Primera Enmienda.
La moción de Florida para proteger de testificar en el juicio a DeSantis, un republicano que acaba de ganar un segundo mandato, fue concedida durante una audiencia previa al juicio, celebrada el 23 de noviembre, según una transcripción de la audiencia obtenida por The Epoch Times.
El juez de distrito, Robert Hinkle, nombrado por Clinton, dijo que concedía la moción, pero que consideraría la posibilidad de que el gobernador pueda ser llamado durante el juicio, dependiendo de las pruebas que presente el demandante.
Si decide a favor del demandante, DeSantis todavía podría negarse a testificar, añadió el juez.
«Yo voy a escuchar la evidencia de cerca y analizarla y hacer el mejor y más preciso fallo sobre los hechos que pueda, basado en la evidencia como se presenta», dijo Hinkle.
«Sacaré conclusiones a partir de las evidencias, como siempre hago, como siempre hacen los jurados, como hace cualquier órgano juzgador. No puedo decirles ahora qué conclusiones sacaré. No he escuchado el testimonio. Sería improbable que sacara una conclusión contra el gobernador solo porque decidió no testificar, pero allí hay una diferencia en cuanto a cómo se resolverán los hechos con base a las pruebas que se presentan. Si el gobernador no testifica, entonces el gobernador no testificará. Yo no tendré su testimonio y esa es la decisión que ha tomado el gobernador», indicó el juez.
Ambas partes estuvieron de acuerdo con el fallo.
Un portavoz de DeSantis declinó hacer comentarios.
El fallo anula efectivamente «cualquier citación aún no entregada», escribió Hinkle en una orden previa.
Argumentos contrapuestos
A medida que el caso se encaminaba hacia el juicio, Warren se había reservado la posibilidad de solicitar que DeSantis y el jefe de personal del gobernador declaren. Pero Warren no ha cumplido con la necesidad de probar que el caso es extraordinario y que la información que pide de los funcionarios no está disponible en fuentes alternativas, argumentaron los abogados estatales en una moción para proteger a los funcionarios, emitida del 15 de noviembre.
DeSantis aceptó permitir a Warren interrogar a tres funcionarios descritos como los principales responsables de la elaboración de la suspensión del cargo, sustituyéndose a sí mismo y al jefe de personal con los funcionarios «‘más conocedores’ de la orden de suspensión», dijeron los abogados de Florida.
Esos funcionarios, Ryan Newman, Ray Treadwell y Lawrence Keefe, ya declararon en el caso.
«El Gobernador también ha abordado este caso con notable transparencia, renunciando a sus privilegios ejecutivos y de abogado-cliente, produciendo miles de páginas de documentos que reflejan su proceso de deliberación y respondiendo a múltiples rondas de presentación de pruebas por escrito. Junto con la información que el Sr. Warren ha obtenido a través de nueve declaraciones y múltiples citaciones de terceros, tiene pruebas más que suficientes para discernir los motivos del Gobernador sin llevar a los altos funcionarios del ejecutivo de Florida a la corte. Por si fuera poco, el Sr. Warren no ha agotado todas las vías probatorias —como debe hacer para establecer circunstancias extraordinarias— al negarse a tomar declaración a un representante de la oficina del Gobernador conforme a la Regla 30(b)(6), del que podría haber obtenido declaraciones vinculantes sobre las motivaciones del Gobernador», añaden los abogados.
En respuesta, el equipo de Warren señaló que DeSantis ha hablado en público sobre la suspensión en múltiples ocasiones, incluso durante un debate de gobernadores, y dijo que el gobernador «ha tomado constantemente el crédito por la decisión de suspender al Sr. Warren».
«Pero ahora, sin ningún sentido aparente de la ironía, el demandado ha vuelto a presentar más de 20 páginas de documentos de moción en los que implora a la corte que lo proteja a él y a su asesor de más alto nivel, no solo de tener que hablar bajo juramento sobre un tema sobre el que ha estado encantado de hablar, sino también de las consecuencias legales de su elección de ausentarse de un caso sobre el que tiene un conocimiento único», añadieron los abogados de Warren.
Los abogados pidieron al juez que rechace la moción.
Promesas firmadas por Warren
La suspensión de Warren se debe a las promesas que firmó comprometiéndose a no aplicar las leyes relativas al aborto y la atención a los transexuales.
Warren se unió a otros 89 fiscales en junio, prometiendo «permanecer juntos en nuestra firme creencia de que los fiscales tienen la responsabilidad de abstenerse de utilizar los limitados recursos del sistema jurídico penal para criminalizar las decisiones médicas personales».
La declaración se produjo en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el caso Roe vs. Wade, que antes había limitado la forma en que los estados restringen los abortos.
Los legisladores de Florida aprobaron una ley que prohibe los abortos más allá de las 15 semanas, con algunas excepciones. DeSantis promulgó la ley que entró en vigor en julio, poco después del fallo de la Corte Suprema.
Ningún otro fiscal del estado de Florida firmó el documento.
La ley de Florida dice que los fiscales estatales no pueden ofrecer una «negativa general» a aplicar una ley penal.
Warren también firmó una declaración con otros fiscales en la que se comprometían a «no promover la criminalización de la asistencia sanitaria de afirmación de género o de las personas transgénero». La afirmación del género es un término utilizado para describir las operaciones de cambio de sexo y otros procedimientos destinados a facilitar el cambio de una persona de hombre a mujer o de mujer a hombre.
La declaración conjunta afirma que los proyectos de ley que penalizan estos tratamientos «no promueven la seguridad pública, la confianza de la comunidad ni la responsabilidad fiscal», y sugiere que no se apliquen.
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