Un partidario del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha recibido poder para cerrar atracciones y emitir multas en Walt Disney World por violar los códigos estatales.
El Distrito de Supervisión Turística de Florida Central nombró a Glen Gilzean, aliado de larga data de DeSantis y líder de organizaciones sin ánimo de lucro, para supervisar la administración del distrito fiscal especial de Reedy Creek, donde se encuentran las propiedades del parque temático de Walt Disney Company, reportó el 10 de mayo el Orlando Sentinel.
Gilzean, expresidente y exdirector ejecutivo de la Liga Urbana de Florida Central, recibirá un salario inicial de 400,000 dólares.
Anteriormente, DeSantis había nombrado a Gilzean presidente de la Comisión de Ética de Florida y del Grupo de Trabajo para la Reapertura de Florida.
En el pasado, Disney se reservaba el derecho de seleccionar a los miembros de la junta de supervisión de la zona para gestionarla según las antiguas normas, hasta que la legislatura de Florida le quitó ese poder mediante un proyecto de ley respaldado por DeSantis.
A diferencia de sus parques rivales Universal Studios y SeaWorld, las exenciones especiales de Disney le permitían evitar pasar sus planes por las comisiones de zonificación estatales y locales, así como por los departamentos de inspección de edificios. Esto le permitió realizar sus operaciones de forma más eficiente, ahorrando tiempo y dinero.
DeSantis nombra a un administrador para supervisar el distrito de parques
El gobernador de Florida y posible candidato republicano a la Casa Blanca tiene ahora la capacidad exclusiva de nombrar a sus propios miembros de la junta y a un administrador de alto nivel para supervisar el distrito fiscal especial de Disney.
Como administrador recién nombrado, Gilzean supervisará el gobierno de Disney, mientras la junta estudia impuestos adicionales, mejoras del transporte público y otros proyectos.
Gilzean también tendrá derecho a imponer multas de 500 dólares y cerrar atracciones por infracciones del código de próxima creación en los parques temáticos de la empresa de ocio en Orlando, incluidos Magic Kingdom y Epcot.
También recibirá un salario inicial de 400,000 dólares por el cargo, 45,000 dólares más que su predecesor, John Classe.
En cambio, los cinco miembros del consejo que DeSantis nombró en marzo seguirán sin cobrar.
Classe, que fue administrador del distrito de Reedy Creek desde 2016 hasta su sustitución, se mantendrá como asesor especial para ayudar en la transición y conservará su sueldo de 355,000 dólares.
También se espera que Gilzean sea el hombre clave del estado en la demanda presentada por Disney contra el nuevo distrito.
La nueva junta también votó unánimemente la adopción de un programa de aplicación de códigos y la contratación de nuevos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que responderán ante Gilzean.
Según se informa, Gilzean también tendrá «poderes bastante asombrosos» para cerrar las atracciones que infrinjan el código no especificado en los parques de Disney World.
Martin Garcia, miembro de la junta directiva, declaró al Orlando Sentinel: «Nuestro nuevo administrador puede estar preparado para ser demandado».
«Y siempre es un reto reclutar a alguien para un trabajo y decir que el primer día, va a haber un servidor de procesos bajando por la acera que probablemente te va a notificar con una demanda federal».
Continúa la batalla entre el Partido Republicano de Florida y Disney por la nueva Junta Directiva
La disputa entre Disney y DeSantis comenzó después de que la compañía de entretenimiento familiar se opusiera públicamente el año pasado a la llamada ley estatal «No digas gay», que impedía a las escuelas enseñar información LGTB a los niños.
La legislación estatal prohibía a las escuelas promover lecciones sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de infancia hasta el tercer grado.
DeSantis y la legislatura en manos republicanas tomaron represalias contra Disney en abril de 2022 despojando a su distrito de parques temáticos de los privilegios especiales que ostentaba desde 1967, lo que desencadenó una batalla legal.
La pérdida de esos privilegios fiscales y regulatorios especiales costaría a Disney miles de millones de dólares.
Para subvertir a DeSantis, Disney llegó discretamente a un acuerdo con la junta del distrito anterior, justo cuando fueron destituidos, que permitiría al parque temático y complejo turístico mantener el control de sus terrenos prácticamente a perpetuidad.
Después de que Disney intentara utilizar un resquicio legal para conservar el poder, el gobernador redobló la apuesta y aprobó medidas en la legislatura que imponían nuevas inspecciones en el sistema de monorraíl y las atracciones del parque.
La junta, respaldada por DeSantis, votó entonces a favor de anular esa medida, lo que dio lugar a la demanda federal de Disney.
Tras descubrir que su nueva junta de supervisión quedaba impotente, DeSantis firmó rápidamente una ley que anulaba el último intento de la empresa de desmantelar su junta, formada por sus propios funcionarios nombrados.
Disney presentó una demanda inicial contra DeSantis y su junta elegida a dedo el 26 de abril, en el tribunal federal de Tallahassee, para restablecer el control sobre su parque temático de Orlando.
La demanda alega que DeSantis y su oficina habían participado en «una campaña selectiva de represalias gubernamentales» contra Disney que fue «orquestada a cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso protegido de Disney».
La nueva junta respondió votando por unanimidad, el 1 de mayo, presentar una contrademanda contra el gigante de los medios de comunicación.
Disney modificó entonces su demanda el 8 de mayo para detener los nuevos intentos del Estado de hacerse con el control del parque temático de 27,000 acres y también las amenazas a su sistema de monorraíl.
Iger denuncia las ambiciones presidenciales de DeSantis
La empresa de entretenimiento también afirmó que DeSantis la señaló con el fin de pulir sus credenciales antes de su presunta carrera por la nominación presidencial republicana de 2024.
«No hay lugar para el desacuerdo sobre lo que ocurrió aquí: Disney expresó su opinión sobre la legislación estatal y luego fue castigada por el Estado por hacerlo», sostuvo Disney en sus documentos judiciales.
La autoridad cuasi gubernamental de la empresa de entretenimiento como mayor empleador de Florida le sigue dando mucho peso en el Estado del Sol.
El CEO de Disney, Bob Iger, llamó a DeSantis por jugar a la política sobre el distrito especial.
«Esto se trata de una cosa y sólo de una cosa: que tomen represalias contra nosotros», dijo Iger en una llamada con inversores, después de que Disney reportara pérdidas de ganancias del segundo trimestre en línea con las estimaciones de Wall Street, el 10 de mayo.
«¿Quiere el Estado que invirtamos más, que empleemos a más gente, que paguemos más impuestos o no?».
Gilzean mostró un tono optimista y colaborador en su primera reunión del consejo el 10 de mayo, afirmando que quiere hacer del distrito «un lugar mucho mejor», reportó el Orlando Sentinel.
Una de sus primeras tareas en su nuevo cargo es la construcción de viviendas asequibles para los trabajadores de Disney.
«Todos queremos que nuestras empresas, grandes y pequeñas, prosperen», declaró Gilzean.
«Pero esto no puede lograrse librando interminables batallas en los tribunales. Sólo puede lograrse colaborando seriamente para hacer de este distrito un modelo de clase mundial de asociación público-privada».
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