Las personas que protestan frente a residencias privadas en el estado de Florida ahora enfrentarán una multa o una condena en prisión según una ley promulgada el lunes por el gobernador Ron DeSantis.
El gobernador republicano firmó y promulgó el proyecto de ley conocido como HB 1571, poco después de que estallaron las protestas frente a las casas de los jueces de la Corte Suprema a raíz de la filtración de un borrador de un dictamen mayoritario que indicaba que la decisión del caso Roe vs. Wade sería anulada.
“Enviar turbas rebeldes a residencias privadas como hemos visto con los grupos enojados frente a las casas de los jueces de la Corte Suprema, es inapropiado”, dijo DeSantis en una declaración. “Este proyecto de ley brindará protección a quienes viven en comunidades residenciales y me complace promulgarlo en ley”.
Específicamente, el proyecto de ley recién firmado permitirá a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emitir una advertencia a cualquier persona que se encuentre «haciendo manifestaciones o protestando fuera de una vivienda» con «intención específica».
Las personas que no se dispersen de la residencia después de que se haya emitido la advertencia podrán ser arrestadas. El proyecto de ley también hace que las manifestaciones residenciales sean punibles como un delito menor de segundo grado.
Los delitos menores de segundo grado se castigan con hasta 60 días de cárcel y/o seis meses de libertad condicional y una multa de USD 500.
La ley entrará en vigor el 1 de octubre.
La nueva ley de Florida se emitió apenas una semana después de que el Senado aprobara por unanimidad un proyecto de ley conocido como «Ley de paridad policial de la Corte Suprema», que permite a la Corte Suprema brindar protección de seguridad las 24 horas a las familias de los jueces de la Corte Suprema.
Los legisladores votaron a favor de la medida después de que Politico publicara el 2 de mayo un dictamen de 67 páginas de la Corte Suprema, sugiriendo que los jueces anularían la decisión que legalizó el aborto en Estados Unidos.
La filtración provocó un estallido de protestas en todo el país, incluso en las casas del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los jueces Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Amy Coney Barrett.
El senador John Cornyn (R-Texas), uno de los legisladores que presentó el proyecto de ley la semana pasada junto con el senador Chris Coons (D-Del.), dijo la semana pasada que el proyecto de ley era necesario porque tanto los jueces como sus familiares habían experimentado amenazas a su seguridad física luego del dictamen filtrado.
“Las amenazas a la seguridad física de los jueces de la Corte Suprema y sus familias son vergonzosas y no se pueden tolerar los intentos de intimidar e influir en la independencia de nuestro poder judicial”, dijo Cornyn en una declaración. “Me alegra que el Senado aprobara rápidamente esta medida para extender la protección policial de la Corte Suprema a los miembros de la familia y la Cámara debe aceptarla y aprobarla de inmediato”.
La Ley de Paridad de la Policía de la Corte Suprema enmendaría el título 40 del Código de Estados Unidos para otorgar a las autoridades relacionadas con la seguridad de la Corte Suprema “equivalentes a los poderes legislativo y ejecutivo para las familias inmediatas de los nueve jueces y cualquier otro funcionario de la corte” si el alguacil determina que tal protección es necesaria.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo la semana pasada que la administración de Biden “cree firmemente en el derecho constitucional a protestar”, pero pidió a los manifestantes que permanezcan en paz y señaló que tales manifestaciones nunca deberían incluir violencia o amenazas.
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