El gobernador de Florida, Ron DeSantis, prometió enviar a los inmigrantes ilegales de su estado a Delaware, que es el estado natal del presidente Joe Biden.
«Lo que estamos haciendo en Florida es decir: ‘No vamos a permitir que la imprudencia de esas políticas afecte nuestro estado'», dijo DeSantis en un evento de firma en Florida el miércoles, refiriéndose a las políticas federales de inmigración. «Si las empresas o los contratistas están arrojando personas que son ilegales en Florida desde el sur de Texas, ya sabes, vamos a ir tras su capacidad de hacer negocios en Florida».
Alegando que los funcionarios federales traen en avión a los inmigrantes ilegales desde la frontera entre Estados Unidos y México a Florida a las «dos de la mañana», DeSantis dijo que Florida tiene ahora «dinero con el que podemos redirigirlos a estados santuarios como Delaware —y vamos a hacer eso— para asegurarnos de que mantenemos a la gente segura aquí».
Biden tiene actualmente una casa en Delaware, y fue senador del estado durante décadas.
DeSantis hizo comentarios similares el año pasado, pero pareció renovar su propuesta después de que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, dijera que enviaría autobuses con extranjeros ilegales a Washington D. C.
«Para ayudar a los funcionarios locales –porque las comunidades están siendo abrumadas por las hordas de inmigrantes ilegales que están siendo dejadas por la Administración Biden– Texas está proporcionando autobuses alquilados para estos inmigrantes ilegales que han sido dejados hacia Washington, D. C.», dijo Abbott en declaraciones públicas el miércoles.
Abbott firmó una orden que autorizaba a la División de Gestión de Emergencias de Texas a dirigir la operación. No está claro cuándo saldrán esos autobuses ni cuántos van a bordo.
Esos comentarios, por su parte, se produjeron después de que el gobierno de Biden anunciara que pondría fin a la orden migratoria del Título 42 que impedía la entrada de un número importante de inmigrantes ilegales a Estados Unidos desde que se implementó a principios de 2020 en el gobierno de Trump. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dijeron la semana pasada que la política relacionada con el COVID-19 expirará el 23 de mayo.
Algunos funcionarios actuales y anteriores de las fuerzas de seguridad federales dijeron que rescindir la política alentará a más personas a intentar ingresar a Estados Unidos desde México en los próximos meses.
«Los estamos enviando a la capital de Estados Unidos, donde la Administración de Biden podrá atender de forma más inmediata las necesidades de las personas a las que están permitiendo cruzar nuestra frontera», dijo también Abbott, lo que suscitó críticas de grupos activistas.
Esta semana, el general Glen Vanherck, jefe del Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD, por sus siglas en inglés), declaró ante la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado que su organismo «proporcionará capacidad adicional en función de la posibilidad de que se produzca una mayor inmigración o de que llegue gente a la frontera suroeste».
El secretario del Pentágono, Lloyd Austin, aprobó el apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa los esfuerzos federales en materia de inmigración, en previsión de un aumento de la «migración irregular a lo largo de la frontera suroeste», dijo también el portavoz del Pentágono, John Kirby, en una declaración a los medios de comunicación.
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