El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley (pdf) este viernes que otorga a una nueva junta nombrada por el estado el poder de anular un acuerdo que Walt Disney Co. firmó para mantener el control de los proyectos de desarrollo dentro del distrito fiscal especial donde se encuentra Walt Disney World.
El proyecto de ley, SB 1604 (pdf), permite a la Junta del Distrito Central de Supervisión del Turismo anular acuerdos firmados hasta tres meses antes de la creación de la junta.
«No se equivoquen, la razón por la que la legislatura tuvo que actuar no fue por nada que nosotros hiciéramos», dijo DeSantis en una rueda de prensa el viernes. «Nació básicamente de la arrogancia de Disney de que podrían subcontratar fuera las leyes debidamente promulgadas del estado de Florida. Eso está mal».
El proyecto de ley dice que «un distrito especial independiente no podrá cumplir los términos de cualquier acuerdo en materia de desarrollo, o cualquier otro acuerdo para el que el acuerdo en materia de desarrollo sirva en su totalidad o en parte como consideración, que se ejecute dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de entrada en vigor de la ley que modifica la forma de seleccionar a los miembros del órgano de gobierno del distrito especial independiente desde una elección a un nombramiento o de un nombramiento a una elección».
Esta medida es la última de una aparente enemistad entre el gobernador republicano y Disney. Esto se desencadenó el año pasado cuando Disney se opuso públicamente a la Ley de Derechos de los Padres en la Educación de Florida (HB 1557), que DeSantis promulgó como ley en marzo de 2022. El proyecto de ley prohíbe la educación sexual en las escuelas públicas desde el jardín de infancia hasta el tercer grado. Ha sido inexactamente apodado por los opositores como el proyecto de ley «Don’t Say Gay».
Estatuto especial
En represalia, DeSantis se movilizó quitando a Disney el estatus especial del que había disfrutado desde 1967 debido a una decisión legislativa.
El estatus especial del Distrito de Mejora de Reedy Creek, situado en los condados de Osceola y Orange, otorgó a Disney una autonomía operativa casi total sobre 25,000 hectáreas que rodean el complejo Walt Disney World, inaugurado en 1971.
En particular, este otorgó a Disney poderes de autogobierno distintos de los concedidos a cualquier otra empresa del estado. Entre ellas se incluye la facultad de crear y aplicar sus propios códigos de construcción y leyes de zonificación, así como recaudar impuestos y gestionar sus propios servicios públicos. La junta del Distrito de
Esto incluye el poder de crear y hacer cumplir sus propios códigos de construcción y leyes de zonificación, así como recaudar impuestos y gestionar sus propios servicios públicos. La junta del Distrito de Mejora de Reedy Creek, controlada y elegida a dedo por Disney, administraba las carreteras, los servicios públicos y otros servicios esenciales del distrito especial.
La legislatura de Florida aprobó en diciembre de 2022 un proyecto de ley que crea el nuevo Distrito de Supervisión Turística de Florida Central, que sustituye al Distrito de Mejora de Reedy Creek. La nueva junta tendría cinco miembros nombrados por el gobernador. DeSantis promulgó el proyecto de ley el 27 de febrero de 2023.
Sin embargo, menos de tres semanas antes de la firma del proyecto de ley, la exjunta transfirió la mayor parte de su poder a la propia Disney. El acuerdo de última hora da, en parte, a Disney el control durante 30 años de todos los derechos de desarrollo.
Disney dijo a The Epoch Times en un correo electrónico a finales de marzo que el acuerdo era legal y apropiado y se llevó a cabo en cumplimiento de las leyes estatales relativas a los registros públicos abiertos y reuniones públicas. Pero los abogados de la nueva junta han dicho que el nuevo acuerdo era ilegal.
El 26 de abril, el Distrito de Supervisión Turística de Florida Central dijo que los planes de Disney para la posible ampliación de Disney World no cumplen la ley estatal y declaró nulo el acuerdo.
Esto llevó a Disney a presentar una demanda ante la corte federal el mismo día, acusando a DeSantis de participar ilegalmente en «una campaña selectiva de represalias gubernamentales» como «castigo» por el ejercicio de Disney de sus derechos de libertad de expresión.
La junta del Distrito de Supervisión del Turismo de Florida Central respondió con su propia demanda en una corte estatal, diciendo que buscaba anular «acuerdos de trastienda» favorables a Disney.
Disney no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la última medida de DeSantis.
Con la contribución de Dan M. Berger yTom Ozimek e información de Reuters.
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