El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pidió un endurecimiento del proceso de litigio del estado para que sea más difícil presentar demandas frívolas y para protegerse contra los «abogados de carteles» sin escrúpulos.
Hablando en Jacksonville el 14 de febrero, DeSantis se unió a los líderes legislativos, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Renner, y la líder de la mayoría del Senado, Kathleen Passidomo, quienes prometieron trabajar para dar forma a la legislación y lograr que se apruebe.
La legislación buscaría poner fin a los «honorarios de abogados de un solo sentido» y «multiplicadores de honorarios», que también fueron objetivos del proyecto de ley de diciembre de la legislatura que reforma el seguro de propiedad, dijo la oficina del gobernador en un comunicado de prensa.
Florida tiene un buen clima de negocios, dijo DeSantis, destacando su baja tasa de desempleo y la importante inmigración de población. Pero una de las razones por las que algunas empresas dudan en mudarse allí, dijo, es la reputación del estado como un «infierno judicial».
Dijo que las empresas son demandadas mucho y el clima judicial las obliga a llegar a un acuerdo cuando han hecho poco o nada mal. Eso, a su vez, aumenta los costos para las empresas que luego deben responder a las demandas, lo que reduce la rentabilidad, su capacidad para invertir o dar aumentos a los empleados, o trasladar los beneficios a los clientes.
Los líderes republicanos echan la culpa directamente a los abogados que abusan del proceso. DeSantis los llamó “abogados de carteles”, aquellos con sus rostros en una valla publicitaria. “No necesariamente se ve eso en muchos otros estados”.
“Diría que alrededor del 90 por ciento de los abogados en este estado realmente hacen un buen trabajo”, dijo Passidomo. “Se preocupan por sus clientes. Representan a todos sus empresarios. A menudo necesitas un abogado que represente tus intereses”.
“El diez por ciento de ellos están ahí fuera con un modelo de negocio… ‘Representamos a las compañías de seguros por honorarios’. No hay nada sobre los clientes allí”.
DeSantis enumeró algunos casos atroces en los que el demandante recibió poco o nada, mientras que el abogado del demandante recibió un gran día de pago.
Citó un ejemplo de un caso en el que el cliente ganó USD 216,67 mientras que el abogado recibió más de USD 100,000 en honorarios. Luego hubo un caso que involucró un error de cálculo de interés de USD 1.48 que generó más de USD 78,000 en honorarios de abogados. En otro, un cliente recibió USD 2,114.55 mientras que el abogado recuperó más de ocho veces esa cantidad. En un caso de seguros, dijo DeSantis, un reclamo de USD 41,000 para el titular de la póliza generó USD 1.2 millones para el abogado.
En el comunicado de la oficina del gobernador, Renner dijo que un informe de la American Tort Reform Foundation muestra que el ambiente de litigio laxo de Florida cada año le cuesta a cada hogar USD 5000 y al estado 173,000 empleos.
DeSantis vinculó los cambios a las reformas de seguros promulgadas en diciembre para evitar que las compañías de seguros abandonen el estado.
“Florida había representado el 8 por ciento de todos los reclamos de seguros de propiedad en Estados Unidos, pero representó casi el 80 por ciento de todos los litigios de seguros de propiedad”, dijo. Las leyes de Florida han facilitado, más que en otros lugares, la obtención de acuerdos extrajudiciales, en los que el demandado no tiene la culpa, pero le resulta más barato llegar a un acuerdo que enfrentarse a un largo proceso judicial.
“Llegar a un acuerdo [será mejor] porque será más barato que contratar abogados para probar tu inocencia”, dijo.
DeSantis dijo que sus nombramientos judiciales para la corte suprema estatal y los tribunales inferiores han ayudado porque el clima de litigio del estado había sido impulsado a su vez por «decisiones judiciales activistas durante varias décadas».
“Así que ese genio está de vuelta en la botella. El activismo de los tribunales y a nivel estatal se ha ido. Pero todavía tenemos muchas demandas”.
DeSantis habló en el concesionario de camiones Kenworth de Jacksonville, frente a relucientes filas de camiones nuevos. Rob Sandlin, director ejecutivo de Patriot Transportation Holding Inc. y Florida Rock & Tank Lines Inc. en Jacksonville, habló sobre cómo el clima de litigio había dificultado encontrar un seguro asequible.
“En muchos casos, las compañías de seguros simplemente han decidido no suscribir seguros en este estado”. En los últimos cinco años, dijo Sandlin, las tarifas de seguros de sus empresas habían aumentado un 73 por ciento mientras que habían reducido su cobertura en un 60 por ciento.
“Y también tenemos que tener un deducible de autoseguro de seis cifras”.
Dijo que la mayoría de las empresas de camiones son pequeñas empresas con 10 o menos empleados y pueden cerrar si el seguro cuesta demasiado. Esto está contribuyendo a la escasez de camioneros, dijo.
Sandlin dijo que había un gran problema: Incluso un caso en el que la compañía tiene poca o ninguna culpa generará un reclamo y forzará un acuerdo con los «abogados carteles». En un caso, uno de sus camiones se había detenido antes de cruzar las vías del tren, como lo exige la ley, y un automovilista lo chocó por detrás. Su empresa tuvo que pagar el 20 por ciento de las facturas médicas, que eran significativas, a pesar de que el conductor no tuvo la culpa.
“Si causamos un accidente y lastimamos a alguien, queremos hacer lo correcto y queremos pagar por esas lesiones”, dijo Sandlin. “No creemos que debamos pagar por lesiones que no causamos”.
Los honorarios de los abogados en Florida están pensados para proteger a los asegurados de las facturas legales si necesitan demandar a una aseguradora, según un artículo sobre las reformas de seguros de diciembre en Floridapolitics.com. Los críticos afirman que los abogados y contratistas se aprovechan de la ley para presentar demandas innecesarias y cobrar honorarios de abogados. Según los críticos, esto ha creado un mercado de seguros inestable, ha elevado las tarifas de los contribuyentes, ha reducido las opciones de cobertura, ha creado insolvencia en las aseguradoras y ha supuesto una carga para Citizens Property Insurance Corporation, la aseguradora estatal de último recurso.
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