El dueño de una propiedad en la ciudad de Nueva York solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos, la semana pasada, que anulara el pago de una indemnización de USD 6.75 millones por daños y perjuicios, otorgada a artistas de graffiti, después de que el propietario blanqueara las pinturas de arte callejero en un sitio experimental donde las obras se pintaban rutinariamente allanando el camino para un nuevo arte.
La batalla legal se desarrolla en el campo de la Ley de Derechos de Artistas Visuales de 1990 (VARA), que autoriza a los tribunales a imponer indemnizaciones de hasta USD 150,000 a favor del propietario de una obra de arte visual de «talla reconocida» y en contra del propietario del inmueble donde se encuentra la obra y que decida destruirla. VARA enfrenta estos derechos legales con los derechos del propietario del edificio, así como con la Cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda, que establece en parte, «Ninguna persona… será privada de vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal».
El graffiti, considerado arte, fue pintado con spray en almacenes en ruinas conocidos colectivamente como 5Pointz en Long Island City, Nueva York. 5Pointz también era conocido como «El Instituto de Burnin Superior» y como «Centro de Arte de Aerosol 5Pointz», y se hizo conocido como un lugar de exhibición que atrajo a los aficionados al graffiti.
«Numerosos artistas pintaron las paredes exteriores e interiores de los edificios… y el sitio se convirtió en una atracción turística popular entre los lugareños de la ciudad de Nueva York, que lo denominaron ‘La Meca del Graffiti’», informa The Art Newspaper.
El 20 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el 2do Circuito confirmó la decisión del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York y falló contra los propietarios del sitio.
El caso, conocido como G&M Realty L.P.v.Castillo, fue archivado por el tribunal superior el 24 de julio, mucho después del plazo habitual para presentar una apelación. En respuesta a las «preocupaciones de salud pública relacionadas con COVID-19», el 19 de marzo, el presidente del Tribunal Supremo John Roberts extendió el tiempo para presentar una petición a 150 días a partir de la fecha de la sentencia del tribunal de primera instancia. La respuesta de la otra parte a la petición de revisión del propietario de la propiedad debe presentarse el 24 de agosto.
«Esperamos que el Tribunal acepte revisar [el] caso, que se refiere a cuestiones importantes (e interesantes)», dijo el abogado de la compañía dueña de las instalaciones, Scott E. Gant de Boies Schiller Flexner LLP, a La Gran Época en un comunicado enviado por correo electrónico.
La Gran Época no pudo contactar de inmediato a los artistas de graffiti para registrar sus comentarios.
El caso se remonta a 2013 cuando G&M Realty, una compañía de desarrollo inmobiliario dirigida por Jerry Wolkoff, decidió derribar sus edificios y reemplazarlos por viviendas residenciales de lujo. (Wolkoff murió a los 83 años a principios de este mes). Un grupo de artistas intentó salvar las estructuras mediante acciones legales, pero fracasó.
En noviembre de 2013, los artistas afirmaron que las paredes de 5Pointz habían sido cubiertas con pintura blanca sin previo aviso, por lo que era imposible preservar los graffitis. Indignados, los artistas demandaron, alegando que no se les había dado el aviso legal adecuado.
El juez federal de distrito Frederic Block, quien fue designado por el entonces presidente Bill Clinton, otorgó a los artistas una indemnización por daños de USD 6.75 millones y reprendió a Wolkoff por su supuesta «insolencia» al cubrir el graffiti que nunca tuvo la intención de estar en exhibición permanente.
«Si no fuera por la insolencia de Wolkoff, estos daños no se habrían evaluado», escribió Block, según se informa fanático de los graffitis de 5Pointz, en una decisión de 2018.
«Si no hubiera destruido 5Pointz hasta recibir sus permisos y lo hubiera demolido 10 meses después, la Corte no habría determinado que había actuado deliberadamente».
En su petición a la Corte Suprema, Gant argumenta que VARA se inspiró en leyes extranjeras.
«VARA marcó la primera y única vez que el Congreso otorgó a los artistas «derechos morales», un concepto tomado de las leyes de los países europeos», escribe.
«La disposición de ‘talla reconocida’ se refiere al ‘derecho moral’ de un artista a la ‘integridad’, en términos generales, el derecho a garantizar que el trabajo no se altere sin el consentimiento del artista».
Pero esta disposición «plantea una serie de banderas rojas constitucionales, incluidas preguntas sobre la autoridad del Congreso para promulgarla, y las objeciones de la Primera Enmienda», así como «los requisitos del debido proceso porque el Congreso se olvidó de definir esta nueva frase [«talla reconocida»], que no proporciona a una persona de inteligencia ordinaria un aviso justo de lo que está prohibido».
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