La negativa del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer (D-N.Y.), a permitir que los senadores escuchen el caso de impeachment contra el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, alentará a otros designados presidenciales a negarse a hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso, según el representante Mark Green (R-Tenn.).
«Nosotros escribimos la ley, ellos la ejecutan», dijo Green, quien, como presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, dirigió el proceso de impeachment de Mayorkas.
Se refería a la autoridad que la Constitución otorga al Congreso para redactar las leyes y al poder ejecutivo para hacerlas cumplir.
«Ahora hemos permitido que un funcionario del poder ejecutivo, un secretario del gabinete presidencial, no solo no cumpla la ley, sino que la viole, y no le hemos hecho nada más que impugnarlo. Es el único secretario del gabinete que ha sido sometido a juicio político en toda la historia del país», afirmó Green.
«El no haberle destituido por ello es un incentivo para que la gente haga lo que quiera. Acabamos de reforzar aún más la ‘realeza’ del poder ejecutivo», continuó Green, sugiriendo que los presidentes y las personas nombradas por ellos que no hacen cumplir la ley como exige la Constitución son análogos a la monarquía, que son una ley en sí mismos.
El republicano de Tennessee intervino en una mesa redonda en el Capitolio organizada por el Centro de Estudios sobre Inmigración (CIS). La Cámara de Representantes tarto el asunto de la destitución de Mayorkas el 13 de febrero por dos artículos o cargos.
El Artículo I acusa al Sr. Mayorkas de una «negativa deliberada y sistemática a cumplir con la ley». Afirma que «en gran parte debido a su conducta ilegal, millones de extranjeros han entrado ilegalmente en Estados Unidos cada año y muchos de ellos permanecen ilegalmente en Estados Unidos».
«Su negativa a obedecer la ley no solo es una ofensa contra la separación de poderes en la Constitución de Estados Unidos, sino que también amenaza nuestra seguridad nacional y ha tenido un impacto nefasto en las comunidades de todo el país».
El artículo II acusa al Sr. Mayorkas de quebrantar la confianza pública por haber «hecho declaraciones falsas a sabiendas, y obstruido a sabiendas la supervisión legal del Departamento de Seguridad Nacional, principalmente para ofuscar los resultados de su negativa deliberada y sistemática a cumplir la ley».
Los dos artículos fueron entregados por los gestores de la destitución de la Cámara al Senado el 16 de abril y desestimados al día siguiente con los votos de los partidos.
El panelista George Fishman, un miembro legal senior del CIS que tomó una licencia de la organización sin fines de lucro para servir como asesor especial del Sr. Green en el juicio político, señaló que en el caso de la Corte Suprema de EE.UU. vs. Texas de 2023, el juez Brett Kavanaugh preguntó a la Procuradora General de EE.UU. Elizabeth Prelogar sobre el tema.
Desincentivo para aprobar leyes
«El juez Kavanaugh preguntó a la procuradora general: ‘Bueno, ¿qué pasa si la administración decide que no vamos a hacer cumplir las leyes ambientales, que no vamos a hacer cumplir las leyes laborales, y qué pasa con eso?». La procuradora General dijo: «Sí, eso es coherente con su precedente, no hay nada que se pueda hacer al respecto, esa es la decisión del presidente de los Estados Unidos», dijo Fishman.
El tercer miembro del panel, Paul Taylor, exabogado en jefe del Subcomité sobre la Constitución del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que el hecho de que el Senado no haya convocado el impeachment y no haya escuchado las pruebas contra Mayorkas, como lo exige la Constitución, también desalienta a futuros Congresos a aprobar nuevas leyes.
«El problema es el siguiente: el hecho de que el Senado no haya destituido a Mayorkas no solo ha supuesto un incentivo para que el poder ejecutivo abuse de su poder en el futuro, sino también un desincentivo para que el Congreso apruebe leyes», afirmó Taylor.
El desincentivo sería especialmente grave en el caso de leyes que tuvieran que negociarse cuidadosamente mediante delicados compromisos.
Si los miembros del Congreso saben que los funcionarios del poder ejecutivo no aplicarán esas leyes tal como están redactadas, será mucho menos probable que se esfuercen por alcanzar los compromisos necesarios, explicó Tayler.
«Esto va a tener un enorme efecto dominó en cuanto a la reticencia de los miembros de este espacio a apoyar la legislación sabiendo que el poder ejecutivo podría ignorar impunemente cualquier disposición de la misma», dijo Tayler.
Un portavoz de Schumer no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
Un portavoz de la Sra. Prelogar no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times.
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