Un informe de miembros del partido republicano recientemente publicado argumenta cómo las políticas de inmigración del presidente Joe Biden pondrán en peligro a los estadounidenses al reducir la seguridad en la frontera y la aplicación de la ley en el interior, y elevar el riesgo que suponen los extranjeros delincuentes.
El informe (pdf), redactado conjuntamente por el representante Jim Jordan (R-Ohio), miembro de mayor rango del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, y el representante Tom McClintock (R-Calif.), miembro de mayor rango del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, advierte que el gobierno de Biden parece dispuesto a adoptar políticas que «incentivarán la inmigración ilegal y promoverán una avalancha interminable de extranjeros en Estados Unidos».
Una de ellas es la expansión de las políticas de amnistía administrativa, que el expresidente Donald Trump trató de frenar mediante la promulgación de al menos cinco políticas desde principios de 2019 que, según los funcionarios, fueron diseñadas para hacer frente a las solicitudes de asilo que no tienen mérito y para hacer frente a un fuerte aumento de las detenciones en la frontera, que se dispararon a un máximo en 13 años en mayo de 2020. El Protocolo de Protección al Migrante» (MPP, por sus siglas en inglés), apodado el programa «Permanecer en México», fue una de esas políticas de la era Trump bajo la cual los solicitantes de asilo fueron obligados a esperar en México para sus audiencias judiciales en Estados Unidos.
Jordan y McClintock dijeron en el informe que Trump promulgó la política «para enviar el mensaje a los extranjeros de que simplemente porque llegan a Estados Unidos y solicitan asilo, no serán liberados en Estados Unidos mientras esperan sus procedimientos judiciales de inmigración», argumentando que la mayoría de las solicitudes de asilo no tienen mérito y que no es razonable permitir que los solicitantes de asilo residan en Estados Unidos durante los muchos años que algunos casos tardan en recorrer los tribunales.
El gobierno de Biden anunció el viernes planes para que decenas de miles de personas que solicitan asilo y han estado esperando en México bajo el programa MPP puedan ingresar a Estados Unidos mientras sus casos se abren paso en los tribunales de inmigración. La primera oleada de unos 25,000 solicitantes de asilo con casos activos en el programa «Permanecer en México» podrá entrar en Estados Unidos el 19 de febrero, dijeron las autoridades.
«Esta última acción es un paso más en nuestro compromiso de reformar las políticas de inmigración que no se alinean con los valores de nuestra nación», dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado en el que señaló que la medida forma parte de la «estrategia gradual de la Administración Biden para reformar el sistema de inmigración de la nación».
Al mismo tiempo, Seguridad Nacional dijo que el anuncio «no debe interpretarse como una apertura para que la gente emigre irregularmente a Estados Unidos».
Pero Jordan y McClintock advierten en su informe que las personas que están considerando entrar en Estados Unidos de forma ilegal verán las reformas de la política migratoria de Biden como una invitación a hacer precisamente eso.
«La Administración Trump tomó medidas específicas y concretas para poner fin a los factores que incentivan la inmigración ilegal en Estados Unidos y para aplicar una política de inmigración que ponga en primer lugar la seguridad de los estadounidenses», escribieron.
«Si la Administración Biden continúa deshaciendo los éxitos de la política de inmigración del presidente Trump e implementa una agenda de inmigración radical, resultará en menos seguridad en la frontera, en la reducción de la aplicación de la ley en el interior y en un mayor riesgo de criminales y otros extranjeros que quieren hacernos daño», dijeron.
Otra política a la que se oponen los congresistas republicanos es la de detener la construcción del muro fronterizo, que Biden ordenó en su primer día de mandato.
«Su decisión ignora las demandas de los agentes de la Patrulla Fronteriza sobre el terreno y la necesidad del muro fronterizo para mantener bajos los cruces ilegales de la frontera», argumentan en el informe.
Trump también frenó el polémico proceso de «captura y liberación», por el que los extranjeros que llegan ilegalmente a la frontera ya no son liberados al interior de Estados Unidos, sino que son transferidos a la custodia del ICE, un proceso que, según los dos republicanos, «disuade la inmigración ilegal y las solicitudes de asilo fraudulentas». Biden revivió la política de «captura y liberación» en una orden ejecutiva.
La administración Trump también expulsó a un millón de extranjeros deportables de Estados Unidos.
«El presidente Biden instituyó una moratoria de 100 días en las deportaciones, lo que enviará a criminales y extranjeros no investigados a las comunidades estadounidenses», argumentaron los republicanos.
En su informe, Jordan y McClintock concluyen que el cambio de política migratoria de Biden busca «repetir las políticas fallidas de la Administración Obama-Biden y solo hará que los estadounidenses estén menos seguros».
En una reunión virtual del 11 de febrero del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara de Representantes, McClintock dijo que «todos los estadounidenses deben comprender plenamente las implicaciones de estas políticas».
«Si no vamos a hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, nuestras fronteras no significan nada», dijo. «Y si nuestras fronteras no significan nada, ya no somos un país».
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