Ocho personas han sido detenidas en varias ciudades del sur de Estados Unidos por presuntamente pertenecer a una red de tráfico de personas que ayudaba a inmigrantes a cruzar la frontera en condiciones infrahumanas, metidos en maletas o cajas.
Los detenidos, motivados «por la codicia personal», transportaron a «centenares o incluso miles» de inmigrantes desde México a Estados Unidos en condiciones que «pusieron en riesgo sus vidas», informó el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, Kenneth Polite, en una rueda de prensa.
«Metían a las personas en espacios reducidos peligrosos con ventilación limitada y altas temperaturas, arriesgando su vida y su seguridad por dinero», agregó.
Dos de las detenidas, cuya nacionalidad no fue precisada por las autoridades, son Erminia Serrano Piedra, alias Irma, y Boss Lady, de 31 años, cabecillas de la red.
Junto con otras seis personas, fueron arrestadas en varias ciudades de Texas, Louisiana, Mississippi y Alabama y están acusadas de facilitar el transporte y movimiento ilegal de migrantes dentro de Estados Unidos «en condiciones deplorables con fines de lucro».
En una de las redadas se produjo la liberación de doce inmigrantes que estaban escondidos en una casa, entre ellos dos menores.
Los migrantes presuntamente eran ciudadanos de México, Guatemala y Colombia, cuyas familias presuntamente pagaron a miembros de la organización para que los ayudaran a viajar ilegalmente a Estados Unidos.
Pasaban la frontera en condiciones infrahumanas y después eran resguardados en «casas de escondite» en lugares como Laredo y Austin, Texas.
Los conductores, que cobraban unos 2500 dólares por persona transportada, utilizaron varios métodos para llevarlos, entre ellos esconderlos en maletas o cajas de madera transportadas en camionetas o hacinarlos en la parte trasera de camiones con remolque, o en camiones cisterna.
Las autoridades estadounidenses decomisaron a los detenidos tres propiedades, donde al parecer ocultaban a los migrantes, así como dinero por valor de más de 2.2 millones de dólares.
La operación se realizó como parte de los esfuerzos de la Fuerza de Tareas Conjunta Alpha (JTFA), que fue establecida en junio de 2021 por el fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, para mejorar la aplicación de las leyes contra los grupos de contrabando y trata de personas más prolíficos y peligrosos que operan en México, Guatemala, El Salvador y Honduras.
El grupo de trabajo se centra en interrumpir y desmantelar las redes de contrabando y trata que abusan, explotan o ponen en peligro a los migrantes, y representan amenazas para la seguridad nacional.
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